Además, negó la apelación solicitada por la Fundación contra el Terrorismo que pidió que volvieran a prisión preventiva.
También anuló fallo que había otorgado ampliación de plazo al Ministerio Público (MP) para la investigación y ahora solo tendrán un mes.
El 7 de marzo 2022, Leily Santizo, exmandataria de la desaparecida Cicig, y Siomara Sosa, exfiscal de la Feci, fueron ligadas a proceso penal a petición del MP por el delito de colusión.
Ambas abogadas fueron parte de procesos de alto impacto que tienen tras las rejas a políticos, empresarios y narcotraficantes que fueron detenidos durante operativos coordinados por dichas instituciones, que marcaron un hito en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
Las dos fueron ligadas a proceso en el Juzgado Tercero y fueron beneficiadas con arresto domiciliario y se les impuso pagar una caución económica de Q10 mil.
El 19 de mayo recién pasado, el Juzgado Tercero Pluripersonal Penal levantó la reserva del caso, lo cual impedía conocer los detalles de la investigación.
Ambas son señaladas por el MP por supuestas ilegalidades en procedimientos como trabajadoras de la Feci y Cicig.
También en marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostró preocupación por los casos que, según su percepción, son parte de un plan de persecución judicial en contra de jueces y fiscales que lucharon contra la corrupción y la impunidad en Guatemala.
