De acuerdo con la resolución de los magistrados, luego de analizar las apelaciones de 16 de los 18 condenados en primera instancia, se confirma la sentencia de López Bonilla y de Byron Estuardo Regalado España, propietario de la entidad Comercializadora y Distribuidora Tamasulapa. El fallo absuelve a cinco de los sentenciados y reduce la pena de otros nueve.
Las penas quedan así:
- Óscar Lisandro Martínez Contreras queda con una pena de 11 años y ocho meses, por fraude y cohecho pasivo, y absuelto por asociación ilícita. En la sentencia anterior había acumulado una pena de 23 años y seis meses, por los tres delitos.
- Carlos Arnulfo Rodríguez Pérez, de una pena de 17 años y seis meses, por fraude y asociación ilícita queda con una de ocho años y nueve meses, por fraude, y absuelto por los otros dos hechos ilícitos.
- Byron Abelino Ambrocio Borrayo quedó absuelto de todos los cargos. Antes tenía una pena total de 17 años y seis meses de cárcel por asociación ilícita y fraude.
- Francisco Manuel Baldizón Barquín queda con una pena reducida de 23 años y seis meses a una de 14 años y ocho meses, por fraude y cohecho pasivo, luego de que quedó absuelto de asociación ilícita.
- Olga Beatriz González Fuentes tiene una pena de 14 años y nueve meses y se le absolvió de asociación ilícita. Antes tenía una pena total de 23 años y seis meses.
- Mauricio López Bonilla, sentencia confirmada de 13 años y nueve meses por fraude y peculado por uso.
- Rony Monterroso Herrera fue absuelto de todo cargo, antes tenía seis años de cárcel por asociación ilícita.
- Nery García Galiano queda absuelto de todo cargo, la pena anterior era de un año y medio de cárcel por encubrimiento propio.
- Byron Estuardo Regalado España se quedó con la misma pena de un año y medio de cárcel por encubrimiento propio.
- Zoyla Marina España Alvarado obtuvo una reducción de la pena y se queda con seis años de cárcel, por fraude, y absuelta por fraude.
- María Carmen Chet Patzán queda absuelta de todo cargo, antes tenía seis años de cárcel por asociación ilícita.
- Sandra Isabel Monterroso Herrera obtuvo una reducción de pena de 23 años y medio de cárcel a 11 años y ocho meses, al quedar absuelta de asociación ilícita.
- Sonia Elizabeth Prado Sierra queda con una pena de 14 años y nueve meses y absuelta de asociación ilícita, antes tenía una sanción de 23 años y seis meses de cárcel.
- José Augusto Alonzo Cantoral obtuvo una reducción de pena de 17 años y medio de cárcel a ocho años y nueve meses, por fraude.
- Ricardo Enrique Flores Nájera queda con una pena de seis años de cárcel, por cohecho pasivo, y absuelto de asociación ilícita y fraude, lo que le redujo la pena total que era de 23 años y seis meses de prisión.
- Oscar Haroldo García Quemé queda absuelto de todo cargo, antes tenía una condena de 17 años y medio de cárcel por asociación ilícita y fraude.
No apelaron la sentencia de primer grado Josué Ladislao Estrada Zamora, condenado a seis años de prisión por fraude, y Sergio Estuardo Solórzado Guevara, con un año y medio de cárcel por encubrimiento propio.
El caso
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público (MP) y la inhabilitada Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) una estructura que operó a lo interno de la Policía Nacional Civil habría desviado unos Q44.5 millones, en la supuesta adquisición de bienes y servicios, sobre todo en autopatrullas y la contratación de obras para subestaciones policiales.
Las pesquisas determinaron que los involucrados evitaron publicar los concursos de licitación para la compra de bienes y prestación de servicios, entre 2012 y 2015, y los ex funcionarios realizaron compras directas con empresas que fueron utilizadas para sustraer los fondos. Además se emitían facturas que no sobrepasaran los Q90 mil.
Uno de los ejemplos del fraude fue el pago de Q60 mil, el 29 de julio de 2014, por la reparación de la autopatrulla matrícula P088DRB, que fue reportada por la Dirección de Material Móvil de la PNC.
Primera condena
El 20 de septiembre del 2018, López Bonilla fue condenado a ocho años y seis meses de cárcel por fraude, en el caso denominado Blindados.
La Fiscalía contra la Corrupción sostuvo en ese entonces que el ministro del Interior del extinto Partido Patriota cometió un acto ilegal al aprobar por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de contratación, ofertas y los cinco contratos administrativos de arrendamiento de los vehículos blindados para el uso de funcionarios.
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