Justicia
Sala de Mayor Riesgo rectifica sentencia de exministro de Comunicaciones José Luis Benito
Una sala de apelaciones rectifica la sentencia contra José Luis Benito por el caso de los Q122 millones hallados en maletas en Antigua Guatemala.
José Luis Benito también es señalado en un caso de corrupción durante la construcción del Libramiento de Chimaltenango, una obra de más de Q500 millones y que ha registrado inconsistencia desde su inauguración. (Foto Prensa Libre: Esbin García)
La Sala Primera de Mayor Riesgo acoge actividad procesal defectuosa presentada por la defensa del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, en contra de la sentencia que se dictó por esta sala el 11 de abril del 2024, informaron este martes 23 de abril fuentes judiciales.
La resolución de la Sala modifica la sentencia contra Benito a 6 años de prisión con 50 por ciento de rebaja de la pena por haberse acogido al beneficio de aceptación de cargos, quedando en tres años con abono a la pena por la prisión ya padecida y conmutables por el resto de la temporalidad.
La Sala también acogió el recurso de Apelación Parcial planteado por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Publicó (MP) y modifica el delito de “Conspiración para el Lavado de dinero y otros activos” a “Lavado de Dinero y otros Activos”.
Además, la Sala indicó que se establecieron dentro de las constancias procesales analizadas que existe coparticipación delictiva por parte de José Ernesto Batres González en los Q122 millones que fueron incautados.
Además, refiere que la residencia donde fue localizado el dinero pertenece a Batres González, por lo que ordena al MP que inicie las acciones legales para su enjuiciamiento, certificándosele lo conducente.
El pasado 16 de abril se informó que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones aumentó la pena contra Benito por el caso de los Q122 millones.
En principio, el Juzgado de Mayor Riesgo D dictó sentencia de seis años contra Benito por el delito de conspiración para cometer el delito de lavado de dinero u otros activos, pero como el exfuncionario se apegó al procedimiento de aceptación de cargos, la pena se le redujo a dos años, por lo que el Ministerio Público (MP) apeló el fallo.
De acuerdo con la Fiscalía, al acogerse al procedimiento de aceptación de cargos, el órgano jurisdiccional redujo la pena a 2 años de prisión conmutables y le impuso multa de Q1 millón 600 mil; además, detalla que, a solicitud de la Procuraduría General de la Nación (PGN) se le ordenó el pago de reparación digna consistente Q220 mil.
Además, la Sala indicó que se establecieron dentro de las constancias procesales analizadas que no existe contrato de arrendamiento de la casa y existe coparticipación delictiva por parte de José Ernesto Batres González en el dinero que fuera incautado e indica que la relacionada residencia pertenece a dicha persona. Ordena al Ministerio Público que inicie las acciones legales de rigor para su enjuiciamiento certificándosele lo conducente.
¿Qué pasó con el dinero?
Luego del allanamiento practicado en Antigua Guatemala que dejó la localización de Q122 millones el dinero enfrentó un proceso de extinción de dominio, que terminó dejando la millonaria suma a la administración pública.
Ante el juzgado especializado no se presentó ninguna persona o entidad a reclamar el dinero, por lo que fue entregado al Estado y finalmente fueron repartidos Q121.6 millones entre distintas instituciones, según datos de la Secretaria Nacional de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).
Organismo Judicial: Q30,407,577.03
Ministerio Público: Q32,434,748.84
Ministerio de Gobernación: Q30,002,142.57
Ministerio de la Defensa: Q8,108,687.21
Procuraduría General de la Nación: Q 2,432,606.16
Senabed: Q18,244,546.22
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