Según se informó este 12 de julio, a exmandataria hizo la petición a la jueza Eva Recinos, quien lleva el expediente y tentativamente fijó la audiencia para conocer la petición para el próximo 18 de julio de 2023.
La vicemandataria fue condenada a 15 años y seis meses de prisión en octubre de 2018, cuando el Tribunal de Mayor Riesgo C la halló culpable de fraude en el proyecto de saneamiento del Lago de Amatitlán.
Además, en 2022 fue condenada junto al expresidente Otto Pérez Molina a 16 años de prisión en el caso La Línea y se le impuso una multa de Q8 millones 709 mil.
Caso Cooptación del Estado
El 16 de abril de 2015, se presentó el caso de corrupción denominado La Línea, que según la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público, era una estructura de corrupción que había tomado el control de aduanas del país para generar beneficios económicos ilegales que era dirigida por el entonces presidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.
“Al hacer un ordenamiento minucioso de la documentación incautada físicamente, así como en dispositivos electrónicos, se encontró un inmenso esquema financiero, aparentemente inconexo, que incluía nombres, empresas, cheques, bienes, movimientos financieros etc., el cual reportaba operaciones incluso desde el año 2008, 4 años antes que el Partido Patriota asumiera el poder”, se lee en el comunicado de la Cicig el 2 de junio de 2016.
Según la información de la Cicig, los nombres de personas y empresas que aparecieron en la investigación de La Línea, TCQ y Lago de Amatitlán y que tenían bastante información de la participación de estos en otras investigaciones en curso.
Las investigaciones revelaron, según la Cigig, “un complejo esquema que detallaba toda una maquinaria de lavado de activos meticulosamente diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota del año 2011, que lleva a la Presidencia de la República a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti Elías”.
Esta estructura habría sido fundada en 2007, luego que el Partido Patriota perdió las elecciones, y siguió funcionando durante el Gobierno de Pérez Molina y Baldetti.
“Esto llevó a la conclusión que no se trataba de un Gobierno cuyos miembros cometían actos aislados de corrupción, sino una estructura criminal mafiosa que había cooptado el poder por la vía de las urnas en Guatemala y cuyos principales dirigentes eran Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti”, se lee en la información en el sitio de la Cicig.
“Así, varias instituciones claves del Estado fueron cooptadas por la red mafiosa que utilizó un esquema financiero -con apariencia de legalidad en muchos casos pero cuyo fin principal era el enriquecimiento ilícito de los miembros de la estructura, sin importar siquiera la precariedad financiera de las instituciones. Esta estructura mafiosa utilizó los canales electorales que ofrece la democracia en Guatemala para hacerse con el poder a través de un partido político denominado Partido Patriota”, dice el comunicado de la Cicig en ese entonces.
