Roxana Baldetti: De la gloria en la política a su hundimiento en la cárcel

Roxana Baldetti fue una funcionaria polémica, por la forma de expresarse y su modo de actuar. Estuvo involucrada en la política desde inicios de este siglo y tuvo un ascenso apresurado. No obstante, su poder fue efímero y se esfumó por señalamientos de corrupción, los cuales la mantienen en prisión.
 
La ex vicepresidenta fue una de las fundadoras del Partido Patriota, una agrupación que formalmente surgió a partir de 2002 y rápidamente empezó a ocupar cuotas de poder en el Estado. Un año después de su aparición, la organización política ganó sus primeros escaños en el Congreso de la República y uno de ellos se le asignó a Baldetti.
 
Fue allí donde arrancó su trayectoria política, una que le permitió ser parte de la Junta Directiva del Congreso y jefa del bloque de la extinta agrupación naranja. Su período en el Legislativo terminó en 2011, cuando renunció a su cargo para postularse para conformar el binomio presidencial del Partido Patriota.

Fue el inicio del fin de su carrera. Si bien logró ser electa vicepresidenta, no consiguió completar el período para el que fue designada, luego de que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) la acusaran de cometer múltiples delitos.

Estas dependencias, desde 2014, identificaron una red de contrabando en la que estaban involucrados importadores y tramitadores aduaneros, quienes realizaban operaciones ilegales para evadir el pago de impuestos. La estructura proporcionaba, según las pesquisas, un número telefónico denominado “la línea”.

En ese engranaje estaban involucrados funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y agentes externos a esta estructura, cuyos nexos llegaban a las altas esferas de la política nacional y en donde uno de los involucrados era Juan Carlos Monzón, el secretario privado de Baldetti.

La Línea

La existencia de la red de defraudación aduanera fue revelada el 16 de abril de 2015. Ese día fueron detenidas 19 personas, entre ellos Omar Franco y Carlos Muñoz, extitulares de la SAT. Se les aprehendió por señalamientos de pertenecer a una estructura que defraudaba al fisco en las aduanas y que percibía, por esa actividad, Q2.5 millones semanalmente.
 
Para hacerlo, el importador solo pagaba el 70% del total de los impuestos que debía cancelarle al erario. De esa cantidad, el 40% quedaba en las arcas del Estado y el 30% restante era un soborno para los miembros del grupo criminal. La presentación de la pesquisa generó polémica, por la implicación de Monzón.

Sin embargo, la audiencia de primera declaración de los 19 detenidos provocó mayor revuelo, porque en la diligencia se mencionó que en el grupo delictivo también participaban personajes a los que se les atribuía apelativos como “el número uno”, “el presidente”, “el mero mero”, “la r”, “la señora”, “la señorona” o “la dos”.

Todo apuntaba al binomio presidencial. En menos de 10 días de expuesta la pesquisa, comenzaron las manifestaciones multitudinarias exigiendo la renuncia de Otto Pérez Molina y de Baldetti. El gobierno se derrumbaba y la presión de la ciudadanía, de los empresarios y la comunidad internacional hizo que la entonces vicepresidenta renunciara.

Era el 8 de mayo y Pérez Molina anunció la dimisión. Él aseguró que la decisión de la exdiputada fue “personal, meditada, difícil y valiente”. Tres meses después fue detenida por ser parte de “La Línea”. Fue la primera vicepresidenta del país y la primera en ocupar ese cargo en ser condenada por actos de corrupción.

Agua Mágica

Mientras Baldetti estaba en prisión en el centro de detención Santa Teresa de la zona 18 capitalina, se le notificó el 23 de febrero de 2016 que estaba vinculada a otra investigación, en la que era la lideresa de una organización criminal que estafó al Estado por Q22.83 millones con el pretexto de sanear el lago de Amatitlán.
 
Este negocio se hizo con la empresa israelí M Tarcic Engineering LTDA y uno de los operadores de la transacción, según la FECI y la CICIG, fue el hermano de la ex vicepresidenta: Mario Alejandro Baldetti Elías, quien no tenía un cargo público, pero que controlaba la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán.

Dicha dependencia compró el “líquido especial fabricado en Israel” que la exfuncionaria dijo que serviría para limpiar ese cuerpo de agua, una fórmula que tenía agua con sal, agua oxigenada, extractos de pino, ajo, algas marinas y etanol. Eso no logró descontaminarlo y la promesa de la exdiputada de comer mojarras del lago tampoco se cumplió.
 
Al contrario, la FECI y la CICIG identificaron una serie de irregularidades en la adquisición. Por ejemplo, el producto no tenía registro sanitario, no había un estudio de impacto ambiental del mismo ni documentación científica que respaldara su aplicación. Todo ello provocó que Baldetti fuera condenada.

Cooptación del Estado

La Línea fue la investigación que dio pie a este nuevo caso, presentado el 2 de junio de 2016. Se convirtió en el expediente más grande presentado por la CICIG y la FECI. Para entonces, el gobierno del Partido Patriota había acabado y sus principales líderes acumulaban múltiples señalamientos de corrupción.

En esta ocasión, la ex vicepresidenta fue acusada de ser parte de una extensa red que, desde 2008, se dedicó a captar fondos de forma irregular para financiar la campaña electoral de la agrupación naranja y después sirvió para cobrar comisiones ilícitas por la asignación de contratos, obras y servicios.

Las autoridades indicaron que esa maquinaria, en la que se involucraron varias empresas y contratistas, le permitió a Baldetti llegar al poder y obtener beneficios económicos de todo tipo. Incluso, la investigación detalló que solo por el cobro de coimas por el trámite de contratos nuevos o en curso, la estructura pudo haber percibido Q500 millones.

Esta pesquisa, debido a la dimensión de los hechos, se dividió en otras dos fases. La primera fue la de la Terminal de Contenedores Quetzal, en la que se detalló que inversionistas españoles, supuestamente con sobornos, consiguieron una porción del Puerto Quetzal. La segunda fue La Coperacha, que sostenía que diversos funcionarios agasajaron al binomio presidencial con costosos regalos comprados con dinero ilícito.

La segunda fue La Coperacha, que sostenía que diversos funcionarios agasajaron al binomio presidencial con costosos regalos comprados con dinero ilícito. Tales etapas se unieron en un solo expediente: el caso Cooptación del Estado, en el que aún está por decidirse si la excongresista debe enfrentar juicio.

RIC: Una caja de pagos

Baldetti cumplía casi tres años en la cárcel cuando se le involucró en un nuevo caso de corrupción, esta vez por la creación de una serie de plazas fantasma en el Registro de Información Catastral (RIC), una pequeña institución que, presuntamente, sirvió para pagar favores políticos.
 
Este caso fue develado el 15 de mayo de 2018. Este fue el último expediente por el que Baldetti fue puesta a disposición de la justicia y nuevamente fue desarrollado por la FECI y la CICIG, la cual ya tenía fricciones con el gobierno de Jimmy Morales y se acercaba al final de su mandato.

La carpeta judicial expuso que en la citada institución fueron contratadas una lista de personas por instrucción directa de la ex vicepresidenta y de su secretario privado, Juan Carlos Monzón. Para ello, necesitaron a un grupo de funcionarios que pudieran ejecutar tales acciones a lo interno de la dependencia estatal.
 
La investigación refirió que las plazas se ocuparon bajo tres modalidades: el contratado se quedaba con un porcentaje del sueldo y el resto se le entregaba a quien los refirió; el contratado se queda con el salario sin trabajar; y el contratado realiza actividades para la persona que los refirió, mientras el Registro paga su salario.

Narcotráfico

Luego de que finalicen los largos procesos penales que Baldetti está enfrentando en el país, tendrá que ser trasladada hacia Estados Unidos y afrontar a la justicia de ese país, que la señala de asociación delictuosa y conspiración para el traslado de cocaína hacia la nación norteamericana.

La acusación sostiene que la ex vicepresidenta habría recibido dinero de Los Zetas, cuantiosos obsequios de ese cartel de narcotráfico y seguridad de este grupo criminal durante la campaña electoral de 2011. A cambio, la exfuncionaria se comprometió a darle libertad a los traficantes de droga para transportar sustancias ilícitas por cualquier vía en Guatemala.

Baldetti aceptó ser enviada a EE. UU., aunque negó los cargos de los que se le acusa. Es más, dijo que la extradición era una “venganza” por las “cosas buenas” que hizo estando en la política. No obstante, mientras resuelve sus asuntos legales en el país, la Corte del Distrito de Columbia espera pacientemente su arribo.

Hubo “vicios”

El abogado César Calderón, quien ha asistido a Baldetti en la presentación de apelaciones especiales en los casos La Línea y Agua Mágica, expresó que hubo vicios “terribles” en las sentencias impuestas en contra de la exfuncionaria.
 
“Hubo dictámenes que se calificaron a la inversa de lo que decían. Por ejemplo, estos decían ‘blanco’, pero lo valoraron ‘negro’, cuando la literalidad del informe exponía otra cosa”, manifestó el profesional.
 
El defensor no brindó muchos detalles sobre los errores presuntamente cometidos en el veredicto, pero aseguró que debido a estos hay motivos para anular las condenas. Incluso, aseguró que Baldetti no tuvo ninguna participación en el caso Agua Mágica.

Bienes extinguidos

Conforme fueron avanzando sus procesos penales, la ex vicepresidenta fue perdiendo diversos bienes que obtuvo de forma ilícita. Por ejemplo, tres fincas ubicadas en Santa Catarina Pinula pasaron al poder del Estado. Estas propiedades estaban valuadas en más de Q15 millones.
 
La exdiputada perdió otra finca que está en ese mismo municipio, cuyo valor ascendió a Q18 millones. En esta localidad, la ex vicepresidenta ostentaba una mansión de Q19.15 millones en la colonia Los Eucaliptos, la cual es ahora propiedad del Estado, al igual que su lujosa vivienda de Q12.42 millones que está en La Cañada, zona 14 capitalina.
 
Baldetti también fue despojada de una casa en la colonia Lomas de Pamplona de la zona 13 de la ciudad y una bodega en esa misma área. Asimismo, un apartamento, tres parqueos, una bodega y una acción del edificio Casa Margarita, que está en la zona 10 de la capital. El valor estimado de estos bienes es de Q10 millones.
 
El desfile de propiedades que se le extinguieron lo completaron una mansión en Roatán, Honduras, por el que ella había pagado un adelanto de US$229 mil; además de once inmuebles valuados en US$895 mil, que consisten en oficinas, un apartamento, parqueos y bodegas, mismos que se ubican en las zonas 10 y 15 de la capital.