Guatemala

Ríos Montt de nuevo a un paso de ingresar al Federico Mora

La Sala de Femicidios que el fin de semana evitó el traslado de Efraín Ríos Montt al Hospital Nacional Federico Mora, declaró finalmente sin lugar la acción y de nuevo vuelve a estar vigente la orden de traslado.

Efraín Ríos Montt enfrenta un nuevo juicio por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Efraín Ríos Montt enfrenta un nuevo juicio por los delitos de genocidio y deberes contra la humanidad. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

El Ministerio Público confirmó que recibió la noticicación de rechazo a la exhibición personal, enviada por la Sala de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de  Femicidio,  que el sábado otorgó el amparo y evitó el traslado de Ríos Montt al Federico Mora.

El recurso había sido presentado por el abogado del general retirado y acusado de delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, Jaime Hernández, que en su momento argumentó que se atentaba contra la vida del paciente.

El amparo provisional evitó que se cumpliera la orden del Tribunal B de Mayor Riesgo, que había envíado a Ríos Montt al Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora por 10 días, para ser sometido a exámenes y confirmar sí en realidad padece demencia senil, como asegura la defensa y certificó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Hasta ayer, el Ministerio Público negaba haber recibido alguna notificación sobre el amparo a favor del ex militar, por lo que presentó un memorial ante la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Delitos de Femicidio.

Para la fiscalía, el no haber envíado la Sala de Femicidio la notificación podría ser motivo de delito por retardo de justicia.

Al rechazar la exhibición personal a favor de Ríos Montt, deja de nuevo libre el camino para que se cumpla con lo ordenado por el Tribunal y el ex militar pueda ser trasladado al Hospital Nacional Federico Mora.

Magistrado que benefició a Ríos Montt, ligado al FRG

La sala, integrada por  Noé Ventura Loyo, Dina Josefina Ochoa Escribá y Henry Alejandro Elías Wilson,  salvó al militar de pasar diez días  en un módulo para atención de pacientes en crisis, equipado con 16 camas, pero que fue  acondicionado para recibir solo a  Ríos Montt.

Hernández calificó la resolución del Tribunal B como “arbitraria, inaceptable, inaudita, ilegal y abusiva”, y agregó: “La Sala de la Corte de Apelaciones está protegiendo la vida del general  Ríos Montt”.

Viejo conocido

La Ley de Amparo  contempla en el artículo 84 que la exhibición personal puede iniciarse ante cualquier tribunal.
Pero en la sala de apelaciones que benefició  a Ríos Montt había un viejo conocido. Según excongresistas, en 2009  Ventura Loyo fue electo magistrado,  con el apoyo en el Congreso del   extinto Frente Republicano Guatemalteco (FRG), partido fundado por Ríos Montt.

El 3 de abril del 2013, el abogado Moisés Galindo, que defendió a Ríos Montt en el primer juicio por genocidio, presentó una queja contra la jueza Yassmin Barrios, presidenta del Tribunal A de Mayor Riesgo, ante el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados.

De este proceso se derivaron  sanciones que la jueza apeló, incluso, ante la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales. El caso llegó a la  Sala de Apelaciones de Femicidio —integrada por Ventura Loyo—,  que declaró sin lugar las acciones  presentadas por Barrios.

Prensa Libre intentó comunicarse con Ventura Loyo a los teléfonos que aparecen en su currículum,  pero no respondió.

El abogado del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos, Héctor Reyes, dijo que la decisión de la sala “confirma el retardo malicioso que tiene la defensa para evitar que el juicio avance y que el caso quede en la impunidad”.

ESCRITO POR:

Alex Fernando Rojas

Periodista de Prensa Libre especializado en política y periodismo de investigación con experiencia de 15 años como reportero y editor en medios escritos, radiales y digitales. Reconocido con el Premio Nacional de Periodismo en Guatemala, en 2014 y becario del programa de periodismo judicial Cosecha Roja de Argentina y del programa de autorregulación ITP, en Suecia.