La CSJ rechazó un antejuicio contra la fiscal general Consuelo Porras, pero a su vez ordena investigar al matutino elPeriódico por publicar el testimonio de un colaborador eficaz que dio lugar a que la organización Acción Ciudadana promoviera una denuncia en contra de la jefa del Ministerio Público.
Las magistradas Silvia Verónica García y María Eugenia Morales, fueron las únicas que razonaron su voto y, aunque se manifestaron de acuerdo con rechazar el antejuicio contra Porras, no estuvieron de acuerdo con que se iniciara una investigación en contra el medio de comunicación.
La togada dijo que era contradictorio que los magistrados descalificaran la declaración testimonial al momento de rechazar el antejuicio, pero al mismo tiempo la utilizaran para ordenar una investigación contra el matutino.
Además, recordó que el artículo 35 de la Constitución dice que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”.
Esta resolución se podría entender como una amenaza directa a la libertad de expresión y se constituye en un mal precedente, a juicio de expertos juristas que advierten que con este fallo se podría violar el derecho a libertad de expresión, una garantía constitucional.
Amenaza de censura
El abogado constitucionalista Gabriel Orellana considera que la CSJ con su resolución amenazó a todos los medios de comunicación en Guatemala, al emitir un fallo que cabe en lo inconstitucional.
Orellana señala que se violenta la libertad que estipula el artículo 35 de la Constitución, y aunque la resolución actualmente sólo afecta a un medio de comunicación, sería un precedente “nefasto” para la libertad de prensa en Guatemala.
“Prácticamente la decisión de la CSJ pretende que cada medio de comunicación, cualquiera que sea, se transforme en un censor aliado del gobierno de turno, porque obliga a tamizar la información que reciben, ya no sólo en función de una posible línea editorial, también en el tema del proceder de esa información, es algo muy peligroso”, dijo Orellana.
El abogado Mario Fuentes Destarac, también experto en temas constitucionales, opinó que el fallo no tiene sustento legal y, por lo tanto, la libertad de prensa en Guatemala no tendría por qué resultar afectada.
El experto recordó que en el país existe un entramado legal lo suficientemente robusto que protege a cualquier medio de comunicación para reservar sus fuentes de información.
“No se puede vulnerar esta modalidad de la expresión de ideas mandando a tratar de averiguar más sobre esa publicación. Ya está publicada por el medio de comunicación, y simple y sencillamente eso se deberá tener en cuenta para los fines de investigación, pero más de ahí no es procedente desde ningún punto de vista”, señaló.
Al respecto, la Cámara Guatemalteca de Periodismo, a través de un comunicado, rechazó la resolución de la CSJ y demandó al MP a impugnar el fallo a través de una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad.
La Cámara, recuerda que la libertad de expresión está garantizada en la Constitución, pero, además, hay pactos internacionales y convenios que también protegen el ejercicio periodístico, por lo cual la resolución de la CSJ está en contra de este marco jurídico.
Presentarán amparo
El interponente de la denuncia contra la fiscal general, Manfredo Marroquín, de la organización Acción Ciudadana, dijo que presentarán un amparo en la Corte de Constitucionalidad para revertir el fallo de la CSJ, y también presentarán una denuncia en la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
“Buscaremos instancias internacionales para dar a conocer cómo la justicia es usada como herramienta de persecución política contra la sociedad civil y medios de comunicación”, dijo Marroquín.
Nota del Editor. El 8 de octubre de 2021 se hizo una adhesión al texto, incluyendo el voto razonado de la magistrada María Eugenia Morales.
