“El Reino Unido expresa su preocupación por las acciones del 10 de febrero de la Fiscalía General de Guatemala vinculadas a la detención de exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig)”, detalla la publicación.
“Esto, junto con la destitución de la inmunidad de jueces que procesaron casos de corrupción, socava aún más el estado de derecho en Guatemala”, añaden.
La publicación se refiere a la captura que coordinó la Fiscalía Especial contra la Impunidad el 10 de febrero contra Leily Santizo, quien formó parte de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, señalada de obstaculización de la justicia.
El caso por el que Santizo es sindicada se encuentra bajo reserva, aunque fuentes señalan que se tratarían de señalamientos por los procedimientos efectuados en el caso Odebrecht.
Entre algunos de los procesos que tuvo a su cargo destacan el caso Génesis, sobre la apropiación de tierras por parte de la familia Mendoza Mata; Manipulación de Justicia, contra Érick Melgar Padilla, y Fénix, de un desfalco millonario en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social.
También fue aprehendida Eva Sosa, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, cuando se presentó a un tribunal donde había citada para aclarar su situación legal.
El Ministerio Público indicó que Sosa es investigada por el caso Cooptación y Corrupción Judicial, el cual se encuentra bajo reserva.
Otra de las acciones del Ministerio Público que han sido señaladas por instituciones internacionales y sociedad civil es el retiro de inmunidad del juez de Mayor Riesgo D Pablo Xitumul, quien ha llevado procesos contra la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el exjefe de Estado Efraín Ríos Montt.
“El Reino Unido insta a las autoridades a garantizar la seguridad de los detenidos y salvaguardar su derecho al debido proceso. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con socios internacionales para monitorear la situación y seguiremos pidiendo al Gobierno de Guatemala que apoye el estado de derecho y la independencia judicial”, pidió Reino Unido en la comunicación.
Añadió que “el Reino Unido considera que un poder judicial fuerte e independiente es esencial para que Guatemala disfrute de los beneficios de una democracia saludable, que fomente la prosperidad, proteja los derechos humanos y garantice el debido proceso para todos sus ciudadanos”.
Fiscal general emite mensaje
La fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras Argueta, emitió un mensaje a la nación este miércoles, en el que detalló la razón por la que se ha buscado la persecución penal contra investigadores y jueces.
Indicó que, en el caso del juez Xitumul, se le señala de haber obstaculizado una acción de la Policía Nacional Civil y que se trata de un asunto personal, no por su situación como juzgador.
En el Caso Cooptación Judicial, aseguró que las aprehensiones se basaron en indicios que el juez analizó y que no se trata de criminalización ni venganza. “Es cumplimiento de la ley”, resaltó.
Respecto a las aprehensiones de personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad efectuadas este miércoles, Porras indicó que las cuatro personas son señaladas de haber participado en acciones “ilegales y arbitrarias” contra un sindicado en el caso Comisiones Paralelas 2020.
“Es falso que haya persecución. Es un argumento para garantizarse impunidad, acuerpado por grupos con fines políticos e ideológicos. La persecución penal se dará de forma imparcial y sin ningún tipo de sesgo”, afirmó la fiscal Porras en el mensaje publicado en redes sociales.
EE. UU. se pronuncia
Además, Ned Price, portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., publicó en su cuenta de Twitter que al Gobierno de EE. UU. le causa preocupación las acciones encaminadas por parte del MP en contra de jueces y fiscales independientes.
“Estados Unidos está profundamente preocupado por el maltrato inaceptable y el abuso persistente del Ministerio Público de Guatemala contra los fiscales independientes actuales y anteriores”, señaló Price.
Price añadió que “bajo el liderazgo de la procuradora (fiscal) general Consuelo Porras, el Ministerio Público utilizó registros y arrestos basados en acusaciones selladas y filtró información de casos selectivamente con la aparente intención de identificar y castigar a los guatemaltecos que luchan contra la impunidad y promueven la transparencia y la rendición de cuentas.
Además, refirió que “respetar los derechos constitucionales de los ciudadanos guatemaltecos es esencial para proteger el estado de derecho para todos”.
