El abogado de Impunity Watch opina que la Ley de aceptación de cargos no es un mecanismo necesariamente dañino para el sistema, pero se tiene que resguardar bien la aplicación y en qué tipo de delitos se va a aplicar para evitar que se vuelva una figura de impunidad.
Hay que recordar que uno de los principales problemas de Guatemala es la perversión de instituciones, las cuales pueden ser buenas y razonables dentro de los sistemas judiciales democráticos, pero cuando estas se mal utilizan, porque no respetan los estándares internacionales o no toman en cuenta el impacto que van a tener se pueden convertir en herramientas de impunidad.
González afirma que si esta reforma se pone en práctica tal como fue aprobada en el Congreso de la República, sin mayores restricciones, lo que corresponderá será interponer acciones inconstitucionales para determinar si están acordes con la Constitución y los estándares internacionales.
Otros analistas expertos en el Sector Justicia aseguran que los que están acusados de grandes casos de corrupción como Otto Pérez y Roxana Baldetti, entre otros, no saldrán beneficiados con estas reformas, pero a cambio esperarán la renovación de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones para “comprar jueces” y beneficiarse.
Así también considera que pronto podrían interponerse alguna acción de inconstitucionalidad porque los legisladores pueden decir a los jueces qué hacer de manera genérica, pero no decirle cuestiones específicas, porque se pone en riesgo la independencia judicial.
Puede ayudar
El abogado constituyente Aquiles Faillace, dice que “es una ley aprobada con muy mala intención, pero, sin embargo, es una buena ley”, porque hay situaciones en la vida que las persona pueden enfrentar en el futuro, por ejemplo, un proceso judicial por un accidente de tránsito o una defensa personal contra un asaltante, entre otros, y eso podría ayudar a cualquiera.
Faillace señala que la reforma contiene una inconstitucionalidad en el artículo 10, donde dice que la imputación tendrá el mismo valor que la acusación, lo cual no puede ser, porque el “MP puede decir ‘yo lo acuso de 400 delitos’ y la persona no tiene por qué aceptar nada, hasta que el juez califique los delitos”.
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