Cinco meses después de lanzada la estrategia, la cartera del Interior analiza el pago de 11 recompensas, lo cual equivale a un desembolso de Q550 mil. Hasta ahora no han hecho efectivo el pago de ninguna.
Además, las fuerzas de seguridad han capturado al 21% de las personas con órdenes de aprehensión vigente por asesinato, violación sexual y deserción, secuestro, robo agravado, tráfico de drogas, homicidio y violencia contra la mujer, entre otros delitos.
Pablo Castillo, portavoz de la institución, explicó que el proceso se ha demorado porque deben confirmar que la persona que brindó información y denunció no tenga ningún familiar que trabaje en el sistema judicial y de seguridad. Agrega que realizan estas verificaciones para “evitar que haya tenido acceso a información privilegiada”.
“Por eso cada institución ajena al Mingob se toma su tiempo para verificar –la información— a lo interno”, justificó.
Castillo reitera que la revisión está a cargo del comité técnico, el cual está formado y presidido por el viceministro de Seguridad —Carlos Enrique Franco Urzúa—, el director de Inteligencia Civil, el subdirector de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil y asesores jurídicos.
Lineamientos
El acuerdo ministerial 538-2015 acuerda las disposiciones administrativas y los procedimientos para entregar recompensas a quienes brinden información para detener o recapturar a personas con orden de detención vigente.
En la norma se señala que el comité debe estar integrado por el viceministro de Seguridad, el director de la PNC, el director de Inteligencia Civil y el subdirector de Investigación Criminal para establecer y analizar los casos donde se debe pagar recompensa, recomendar el monto y su forma de distribución cuando sea más de un informante.
También considera que cuando existan casos no previstos serán resueltos por el ministro de Gobernación, quien emitirá la resolución administrativa correspondiente.
Francisco Rivas, exjefe de la cartera del Interior, opina que al inicio le pareció un buen ejercicio para coordinar acciones y ejecutar capturas contra personas peligrosas del país; sin embargo, su optimismo se fue alejando cuando vio que existe falta de transparencia, exceso de burocracia en el diligenciamiento del expediente por parte del ministro.
“Me parece una falta de respeto y traición a la confianza de la población, porque confiaron en ellos aportándoles información clave para lograr la captura de los criminales más peligrosos del país”, resaltó.
En el listado de los detenidos resaltan personas que se han entregado a las autoridades y luego los consigna, como en el caso de Érick Ardany Pivaral Hernández, de 35 años, señalado de conspiración para el comercio tráfico, almacenamiento y asociación ilícitos.
El reporte policial destaca que fue detenido en el kilómetro 37 ruta al Pacífico en jurisdicción de Palín, Escuintla, luego que se entregó a las autoridades.
También resalta la captura de Valdor Ernesto Alfaro Triguero quien se identificó con nombres diferentes ante las autoridades.
Fue capturado en la colonia Santa Fe, zona 13, señalado de abusar sexualmente de una niña de 9 años en agosto del 2019 en la colonia San Julián, zona 6 de Chinautla.
Rivas advierte de que, si el Gobierno no cumple con el pago de las recompensas a tiempo, le envía un mensaje negativo a las personas que han brindado información para capturar a prófugos.
“Es un mensaje desalentador al apoyo que la ciudadanía le pueda brindar a las fuerzas de seguridad, destruye la relación de confianza que pueda existir y motiva a no apoyar a la justicia”, afirmó.
Aplicada en otros países
Lizandro Acuña, investigador y analista en temas de seguridad y justicia, expresó que el rubro destinado para el pago de las recompensas debe llevar un proceso de transparencia, porque son casos que se cubren con fondos públicos.
El analista agregó que el Estado debe verificar que los datos relevantes brindados por los informantes, porque no puede pagar recompensas a personas que pertenecen al crimen organizado y que hayan dado información para delatar a sus adversarios o enemigos.
“Ese dinero no puede ser canalizado para las mismas estructuras criminales, sino para personas que tengan información que coadyuven a la captura de los buscados, pero que no tengan ninguna vinculación. Es una motivación social, que se hace en otros países, en donde se hace una selección de acuerdo al grado de peligrosidad social”, manifestó.
Sin embargo, señaló que la lista de los cien más buscados ha sido criticada por la población, debido a que no incluye a personas señaladas de corrupción.
Añadió que en países como Estados Unidos también generan listas para buscar a personas señaladas por corrupción, defraudación fiscal o terrorismo, porque atenta contra la población civil.
