Ese hacinamiento origina una de las primeras actividades ilegales, ya que las cárceles se han convertido en ciudades donde es posible encontrar desde dormitorios individuales hasta comedores y panaderías; algunos bajo forma de rehabilitación.
Para Hernán Santos, exdirector de la Escuela de Estudios Penitenciarios, ni siquiera aquellos negocios que podrían ser legales producen beneficios para la DGSP, pese a que se les provee infraestructura, energía eléctrica y agua, pues el dinero es del reo.
Esas actividades, que son las menos, en nada contribuyen a la rehabilitación de los reclusos ni a generar ingresos para el Estado.
Para nadie es un secreto que los mayores ingresos, tanto para los reos como para guardias y autoridades del Sistema Penitenciario (SP), provienen de las actividades ilícitas, que están en poder de poderosas mafias que controlan desde la limpieza o el derecho a una cama hasta las visitas conyugales.
Solo en los perímetros de la mayoría de cárceles del país se pueden contabilizar unas 11 fechorías en las que incurren los reos y que mueven una economía que pasa de varios millones de quetzales, aunque nadie se atreve a establecer un monto. Sin contar las extorsiones, que se han convertido en uno de los más prósperos negocios de grandes estructuras criminales que operan tras las barras.
Regularidad
Una solución a esa problemática, dice Santos, es mejorar la infraestructura y regular el funcionamiento de los negocios.
“El objetivo es quitar el control a los privados de libertad; puede ser por medio de un acuerdo gubernativo o reforma a la Ley del Sistema Penitenciario”, opina Santos, y agrega que se deberían establecer las cantidades de dinero que puedan tener los reos, y que se prohíba administrar un comercio propio, pues esta debe ser tarea del Departamento Laboral del SP. Esto aplicaría solo para los negocios que operan con normalidad y cuyos ingresos las autoridades podrían controlar, y plantear una distribución equitativa para el entorno del recluso y de los penales.
Uno de los secretos mejor guardados es el de los millonarios ingresos que se mueven en el sistema carcelario.
Amparados
Aunque el artículo 19 de la Constitución establece que la función principal de Presidios es la rehabilitación del reo, el exdirector de esa institución Anthony Pivaral reconoce que la existencia de comercios regulares es apenas un peldaño en ese objetivo.
Según Pivaral, los negocios son verificados y regulados por la Subdirección de Rehabilitación Social.
“Cada encargado tiene que dar dictamen para que se autorice la instalación de un negocio. Adentro es una sociedad de consumo, porque en cada lugar hay hasta dos mil personas”, afirma el exdirector.
La Ley del Sistema Penitenciario también se refiere a que los reos no pueden tener artículos de lujo ni ostentosos, y entre los protocolos de seguridad se establece que por cada 30 presos puede haber una televisión; sin embargo, durante las requisas se han encontrado con frecuencia electrodomésticos, máquinas para hacer ejercicios y sistemas de aire acondicionado. Esto solo se explica con el pago de sobornos.
Pivaral reconoce cobros de los reos en situaciones como la visita conyugal y la talacha. Respecto de la primera, recuerda la cárcel Pavoncito, en Fraijanes. En esta, los días de visita algunos reos sacan colchonetas a los pasillos, colocan divisiones y cobran por el uso de estos espacios.
En cuanto a la talacha, la califica como “el mal más endémico en el Sistema Penitenciario”.
Enfrentamientos
Eddy Morales ha dirigido el SP en dos ocasiones y admite que los negocios han existido siempre. Aclara que en su administración estos se estandarizaron y se establecieron límites para cumplir las normas.
Con su experiencia, Morales cree que un director no debe permitir que se hagan pactos, negociaciones o acuerdos. Opina que ahora se perdió el control de las prisiones, lo que califica de retroceso. “Dije en 2012 que iban a un caos y es lo que hay en este momento. Falta empoderamiento de los guardias. Ahora ellos le temen al reo”, critica.
Para Morales, en algunos centros carcelarios son los reos los que tienen el control, como en Puerto Barrios, la granja Canadá, Cantel, Fraijanes 1 y 2 y Pavón. “Ciertas estructuras tienen el control, no evolucionaron ni avanzaron”, asevera.
Pidió diagnóstico
Rudy Esquivel, vocero de Presidios, afirma que el nuevo director, Luis de León Zea, ordenó un diagnóstico general de todos los programas y gestiones que ha desarrollado la DGSP. A un mes de haber asumido, el proceso está en ejecución y con él se busca determinar aspectos como los comercios en las prisiones, sobornos que puedan existir y abusos denunciados por internos.
