El exministro de Cultura y Deportes tiene arraigo, que le prohíbe salir del país, tendrá arresto domiciliario y la prohibición de comunicarse con otros integrantes de la supuesta estructura del caso Cooptación del Estado de Guatemala que investigó el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
El juez Gálvez evitó alguna fianza o protección policial y solo pidió informar a la judicatura acerca de sus tratamientos médicos.
Desde 2017
Batzín fue capturado el 11 de agosto de 2017 en un sector de Chimaltenango. Fue procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo.
El MP señala a Batzín de haber recibido Q25 mil por cada contrato otorgado por servicios de vigilancia y resguardo de los parques. En total y durante su gestión, el exministro habría recibido Q575 mil.
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La empresa de seguridad beneficiada fue el Grupo Escorpión, cuyo representante legal era Miguel Ángel Martínez Solís, subjefe de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia (SAAS), y ahora colaborador de la Fiscalía, quien tiene libertad condicional por quebrantos de salud.
Batzín benefició con 23 contratos por servicios de seguridad de los cuales recibió beneficios económicos.
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