La cifra podría incrementarse, pues no incluye el total de plazas irregulares; pero tampoco las más de 50 plazas fantasma que también fueron aprobadas por Crespo y Rabbé. Tampoco se suman los beneficios que establece el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, como bono de antigüedad, bono vacacional, canasta navideña, convivio y aporte deportivo.
Datos del MP establecen que durante esas dos administraciones se les dio el visto bueno a 235 plazas que no cumplían con los perfiles profesionales. Al revisar los puestos que se les otorgaron a los diputados y exdiputados que formaron parte de la junta directiva se encontró que solo en 190 plazas el Congreso erogó en un año esos Q25.6 millones, sin contar con otros beneficios.
Como presidente, Crespo se autorizó 25 plazas, entre ellas cuatro asistentes que devengaban un salario de Q15 mil. Sus profesiones incluían maestra de educación preprimaria, bachilleres o secretarias bilingües. El resto fueron para otros cargos administrativos en la entidad legislativa.
No iban a trabajar
Solo en las plazas que se autorizó Crespo el Congreso gastó Q375 mil mensuales, lo que representó en un año Q4.5 millones.
A Rabbé le atribuyen 13 plazas, lo que representó mensualmente Q106 mil; es decir, Q1.2 millones al año. Además, se le atribuye un contrato para Mario Franco Franco, a quien trasladó a un mes de aprobado el contrato a la Unidad de Inventarios, devengando el mismo sueldo de Q20 mil.
“Declaraciones del personal confirmaron que Franco Franco nunca se presentó a trabajar a esa unidad”, indica el informe del órgano investigador.
Además, se le atribuye el contrato como técnico operativo de Marco Antonio Lorenzana en el 2013 y el 2014.
Las plazas aprobadas para el diputado Julio César Villatoro representaron para el Congreso Q1.4 millones anuales —Q122 mil 500 mensuales—. “Se le autorizaron 11 contratos: nueve asistente con salarios de hasta Q 15 mil y dos técnicos operativos de hasta Q 5 mil”, se indica.
A Selvin García, quien era tercer vicepresidente de la junta directiva del Congreso, se le benefició con 23 plazas, lo que corresponde anualmente a Q2 millones.
Las plazas autorizadas para los diputados y miembros de la junta directiva Édgar Cristiani y Manuel Chutá suman anualmente Q6.5 millones. Los contratos fueron para ujieres, secretarias, asistentes y técnicos operativos, entre otros. Mientras para Carlos Herrera y Carlos López fue de Q3.6 millones anuales. El resto se distribuye en los diputados Alfredo Rabbé y Julio López.
Otro de los que se benefició con plazas fue el exdirector del Congreso Luis Mijangos. Según el documento, se le aprobó la plaza de Sandra Elizabeth Castellanos, por Q20 mil, y la otra para Mónica Guzmán Castellanos, por la misma cantidad.
Saqueo gigantesco
Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Pro Justicia, mencionó que hay cosas que aún se desconocen, así que las cifras pueden subir exponencialmente conforme avancen las investigaciones.
“La tarea del MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es determinar los montos de la sustracción de dinero para ver hasta dónde llegó el saqueo y luego aplicar la extinción de dominio a los involucrados”, detalló.
Refirió que es importante recuperar el dinero que se perdió con las plazas fantasma. “Estamos hablando de un saqueo gigantesco, monstruoso. Si buscamos en legislaturas anteriores, las cantidades van a subir”, expuso.
Ibarra afirmó que muchos asesores de los partidos políticos cobraban en el Congreso. “Ojalá se pudiera tener un proceso de colaboración de los trabajadores que fueron extorsionados por los diputados. Ellos tenían necesidad y se prestaron al juego, pero eso no les resta responsabilidad”, añadió.
Ángel Ramírez, director de Congreso Transparente, dijo que las plazas irregulares han existido desde hace muchos años, pero que ello no constituye una justificación para tales contrataciones.
“El manejo de los recursos ha sido arbitrario. La responsabilidad es de la junta directiva y del director general. Ellos son los principales responsables y deben dar explicaciones”, expresó.
Agregó que las plazas se convirtieron en un botín político. “El año pasado, la junta directiva fue haciendo más contrataciones. Ese manejo político arbitrario se fue haciendo cada vez más profundo”, enfatizó.
Extranjero
Mientras los antejuicios están siendo promovidos por el MP y la Cicig, el diputado de la UNE Julio César López Villatoro —hermano de Roberto López Villatoro, conocido como el Rey del Tenis— se encuentra de viaje en Seúl, Corea, junto con Carlos López, contra quien también se solicitó antejuicio..
Según datos del Congreso, son cinco congresistas los invitados, y cada uno recibió US$3 mil 450 —unos Q26 mil 910— en viáticos para ese viaje.
Por los contratos irregulares y fantasma, Thelma Aldana, fiscal general, solicitó el último jueves el retiro de la inmunidad a siete diputados y cuatro capturas. En el caso de los antejuicios es para que se les pueda despojar de fuero e investigar las irregularidades. Los delitos que se les señala a los diputados y exdiputados son peculado por sustracción y nombramientos ilegales.
Aldana informó que Rabbé y Crespo, durante su gestión como presidentes del Legislativo, se aprovecharon de sus cargos para autorizar plazas a integrantes de la directiva. “Logramos detectar dos modalidades de contratación de manera irregular: la primera, nombramientos irregulares, y la segunda tiene relación con plazas fantasma”, explicó.
Iván Velásquez, jefe de la Cicig, detalló que en los primeros días de enero del 2015 Crespo aún autorizó el nombramiento de 87 personas bajo el renglón 022 para la directiva.
“Más de 25 de estas plazas eran de un salario igual o por encima de los Q15 mil. Los nombramientos de las personas en el Organismo Legislativo, que no asistían a sus labores, se autorizaron por Crespo a solicitud de otros diputados”, aseguró.
A Luis Rabbé le atribuyen 148 contrataciones o nombramientos irregulares. “Los sueldos de las contrataciones fueron de Q4 mil y hasta de Q20 mil”, indicó el MP.
Agregó el órgano investigador que las personas no cumplían con los perfiles de los puestos y que algunas no llegaban a trabajar, pues tenían cargos en otras entidades.
