Este proceso de elección de magistrados para salas de Apelaciones es relevante debido a que los próximos magistrados tendrán que resolver los recursos de casos importante de corrupción y financiamiento electoral ilícito que investigaron el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), en los que están implicados importante exfuncionarios, políticos y empresarios.
“Las próximas salas conocerán los recursos de casos relevantes como La Línea, Construcción y Corrupción, Cooptación del Estado, Agua Mágica, financiamiento electoral ilícito de la UNE, entre otros. Además, conocerán casos importantes de derechos humanos y justicia transicional, y las solicitudes de antejuicio contra diputados y otros funcionarios públicos”, expone el informe.
El coordinador de Impunity Watch, José González, añadió que la elección también es delicada debido a que hay varios diputados del Congreso que tienen solicitudes de antejuicio por corrupción, financiamiento electoral ilícito y otros delitos graves por lo que tienen claro conflicto de interés para elegir a las cortes que conocerán sus casos.
“Se maneja un número de 40 diputados con procesos que deben ser conocidos por las salas, los diputados que tengan un conflicto de interés no deberían de elegir magistrados y esto sucedería también con los que tienen familiares y hermanos en el Congreso, por lo que deberían de excusarse”, dijo González.
Retrasos para resolver
El Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial (Cidej) solo reporta las resoluciones definitivas emitidas en procesos de amparo y de apelación, por lo que es posible determinar la efectividad de las Salas Penales para resolver ese tipo de acciones.
Impunity Watch comparó la cantidad de amparos y apelaciones recibidas con el número de resoluciones que emitió cada sala y determinó el promedio en esas acciones.
El informe detalla que las salas evaluadas -19 de 45-, en promedio, tienen una efectividad del 23 por ciento en la resolución de apelaciones -genéricas y especiales-.
González manifestó que la publicación y registro de sus actividades han sido deficientes, por lo que hay un gran retraso en la administración de justicia.
“Una apelación especial se está tardando 267 días, en promedio, para tramitarse, mientras que el plazo legal es de 44 días calendario; en el caso de los amparos se habla de 162 días para su tramitación cuando su plazo legal es de 22 días. Esto excede entre seis o siete veces el plazo legal para resolver, no existe la realización de audiencias de debate de la apelación especial”, dijo el experto.
Postuladoras agotadas
El proceso de la selección de magistrados de cortes de Apelaciones se encuentra agotado, según la organización. González señaló que la duración del cargo de magistrado de cinco años es muy breve, lo que pone en riesgo a los magistrados de adoptar una actitud que sea complaciente por el poder que los va a nombrar, esto hace necesario analizar la opción de que en lugar de ser sometidos al proceso de postulación se haga uno de oposición.
“No deberían de estar sujetos a este tipo de procesos, son jueces técnicos y están sujetos a las mismas prerrogativas de los jueces de instancia, y lo ideal sería implementar una carrera judicial y meritocracia”, dijo el experto.
González añadió: “El modelo de comisiones de postulación no es aplicable, la contra propuesta es que estos magistrados sean electos al igual que los jueces de primera instancia a través de un concurso de oposición y del centro de estudios judiciales e ingresar al sistema de ascensos y promociones que tiene la carrera judicial”.
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