En los últimos cinco meses, en todo el país, suman dos mil 61 víctimas. De manera coincidente, en Guatemala, Jutiapa y Escuintla, los tres departamentos donde hay más armas registradas, es donde también se reportan más homicidios por arma de fuego, según registros de licencias de la Digecam e informes de homicidios del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).
Entre esos tres departamentos se registran mil 179 homicidios con armas de fuego, de enero a mayo, lo que representa el 57.2 por ciento del país.
Además, los tres suman el 29.83 por ciento de la tenencia de armas —137 mil 187— y el 40.19 por ciento de las licencia de portación —184 mil 830—.
Modo de operar
Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), explicó que actualmente muchos de los criminales han optado por solicitar licencia para portar y tener armas.
“En la cadena de delitos, si los agarran, logran quitarse el de portación ilegal de arma de fuego”, dijo.
La analista cita como ejemplo el robo de un vehículo en el que la PNC capturó a los supuestos delincuentes que intentaron llevarse el automóvil y, aunque no los hallaron en flagrancia, sí les encontraron armas, pero los sospechosos tenían licencia para portarlas y tenerlas.
Según Escobar, en otras ocasiones los hubieran podido llevar ante un juzgado por portación ilegal, mientras los vinculaban al robo del vehículo, pero eso no fue posible en esa ocasión.
Sin embargo, muchos de los hechos violentos se cometen con armas que no han sido legalizadas, según Juan Pablo Ríos, asesor del ministerio de Gobernación.
El asesor en seguridad indicó que hay lugares donde el arma es parte de la personalidad de quien la porta y, aunque tiene años de llevarla consigo, nunca la ha disparado.
“No necesariamente desarmando a los tenedores y portadores de armas van a bajar los homicidios; porque la causalidad no es tan clara entre que se porta arma y que se use para matar, puede ser que la use o no”, expresó Ríos.
Los registros del Sistema Integrado de Identificación Balística, del Inacif, han determinado, por la huella que queda en cada casquillo y ojiva luego de ser disparado, que mil 133 armas fueron usadas, cada una, para cometer entre dos a 38 crímenes.
Sin embargo, de esa cantidad solo han sido incautadas 390 y el resto continúa en manos de personas de quienes no se tiene ningún registro.
De acuerdo con el monitoreo del Inacif, por medio de su laboratorio de balística, el 70 por ciento de los crímenes en el país se ejecutan con armas de calibre 9 milímetros y la pistola es la más utilizada en esos actos.
En el 7 por ciento de muertes se ha usado pistola 0.40, y en el 23 por ciento restante, otro tipo de artefactos.
Dominan las ilegales
Análisis del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible han calculado que posiblemente en el país circulan entre 800 mil y 900 mil armas en forma ilegal, ya que dos terceras partes de las armas decomisadas por la PNC no están registradas. Sin embargo, no se cuenta con datos fidedignos al respecto.
En ese sentido, Ríos explica que hay tres tipos de armas ilegales: la primera es cuando roban un arma a su propietario y la utiliza quien no la registró; la segunda es cuando alteran el aparato, cambiándole, por ejemplo, el cañón u otra parte.
La tercera —las que más abundan en el mercado negro— es la que ingresa en el país por una frontera, sin que haya declaración de aduana, o simplemente cuando una persona se agencia de un arma y la vende a un interesado sin documentación de respaldo.
Sanción dura
Mauricio López Bonilla, ministro de Gobernación, insistió en la necesidad de reformar el Código Penal para que el delito de portación ilegal de armas sea sancionado con cárcel.
Bonilla justifica que aunque la Ley de Armas y Municiones establece de 10 a 15 años de prisión por tenencia ilegal, y de tres a cinco por portación ilegal, estas penas no son impuestas, y cuando una persona es detenida, le dan fianza en lugar de prisión preventiva.
El 2 de mayo último fue publicado en el Diario de Centro América el acuerdo gubernativo 204-2013, que da vida a la Comisión Nacional de Prevención y Violencia Armada y Desarme, que debe presentar un proyecto de desarme y otro de destrucción de armas como prueba anticipada.
