Prensa Libre identificó al menos 16 factores, en cuatro áreas, que provocan que la frase “administrar pronta y cumplida justicia”, contenida en el artículo 207 constitucional, quede como una aspiración.
Un buen ejemplo lo constituye el caso IGSS-Pisa, por fraude en la adquisición de servicio de diálisis, en el cual la recusación ha sido el tema principal. El juicio debía haber empezado el 3 de mayo del 2016 en el Tribunal Octavo de Sentencia, pero 800 días después, es decir, ayer, se logró en el Tribunal Undécimo llegar a las conclusiones y el Ministerio Público (MP) pidió entre cinco y 28 años de prisión para los 21 acusados en el caso.
Acciones y recursos
Factores externos de los auxiliares de la administración de justicia y del Organismo Judicial son los que prevalecen en la mora judicial.
El primero se refiere a las acciones que usan los sindicados o la defensa para atrasar los procesos. Acá se incluyen las recusaciones a los jueces de Primera Instancia o jueces que integran tribunales de Sentencia, y la renuncia o separación del abogado defensor, lo que conlleva tiempo para conocer el proceso.
Incluso, los sindicados no asisten a las audiencias por reportarse enfermos.
Aunque las acciones presentadas por la defensa o los sindicados son legales, suele ocurrir que se utilice esa excusa para retrasar los procesos.
Los sindicados en otros casos judiciales como La Línea, Cooptación del Estado, Manipulación de Justicia, Negociantes de la Salud y Agua Mágica han intentado, al igual que en IGSS-Pisa, por medio de la recusación separar al juez del proceso.
Al momento de plantear la recusación, independientemente de que se acepte o rechace, la acción debe ser elevada a una sala de Apelaciones para que defina el futuro del juez, lo cual implica tiempo.
Por ejemplo, el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti han recusado al juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, para que ya no continúe el proceso en su contra, acciones que han sido rechazadas y las salas de Apelaciones han respaldado el actuar del juzgador.
En el caso Agua Mágica, Baldetti se negó a asistir a la segunda audiencia del juicio bajo el argumento de problemas de salud.
A pesar de eso, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (Inacif) dijo que su condición no ameritaba permanecer en un hospital, y se vio obligada a acudir al juzgado; no obstante ello implicó tiempo perdido.
Otro caso se dio durante la audiencia de ofrecimiento de pruebas en La Línea, cuando su abogado defensor renunció, por lo que ahora la representa una profesional de la Defensa Pública Penal. No se descarta que para frenar el proceso Baldetti nombre un abogado de su confianza.
Otro caso con similares síntomas, literalmente, es el de Negociantes de la Salud. En este, Gustavo Alejos es quien más ha pedido permiso para ir a chequeo médico a los centros asistenciales. Ese proceso lo llevaba el Juzgado Sexto, pero por una recusación fue trasladado al Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal. Alejos solicitó varias veces arresto domiciliario, el cual obtuvo por un amparo.
incumplimientos
Sobre las entidades auxiliares en la administración de justicia, los reclamos se dan por la falta de traslado de reos por parte del Sistema Penitenciario, entrega tarde de informes médicos a los jueces por parte del Inacif, e incluso la sustitución de fiscales por parte del MP en casos de alto impacto.
El vocero el Sistema Penitenciario, Rudy Esquivel, informó que son siete las veces que no han trasladado a reos a Torre de Tribunales, y que no han sido por mala fe, sino por motivos de seguridad.
“Se han enviado informes al Organismo Judicial, para excusarnos. Son excusas de fuerza mayor y en ningún momento se ha buscado generar daños colaterales a los sindicados”, refirió Esquivel.
Algunos jueces, sin especificar fechas, se han quejado por la entrega tarde de informes del Inacif. Eso ha causado que no se efectúen audiencias.
“El primer problema de la justicia penal es que está sobrecargada. La capacidad instalada es reducida”. Juan Rodolfo Pérez Trabanino, abogado.
El director del Inacif, Fanuel García, manifestó que hasta el 30 de junio se han realizado más de 44 mil 301 peritajes clínicos, solicitados por los órganos jurisdiccionales, lo que equivale a 246 peritajes diarios.
“Por lo general, se evalúa a la persona, y entre hoy y mañana se emite el dictamen, para entregarlo inmediatamente. No hay atraso significativo en el proceso. Muy esporádicamente, sí tenemos algunos casos delicados como el de Otto Pérez Molina, por su historial clínico de miles de hojas”, refirió García.
Un ejemplo fue la etapa de ofrecimiento de prueba en el caso La Línea. El juez Gálvez apercibió a la fiscal general, María Consuelo Porras, para que sea solo un fiscal quien lleve el proceso, pues a veces algunos no van bien preparados. El MP presentó una acción para revertir eso.
Situaciones en el OJ
Otro factor se refiere a la administración de justicia, en el que se incluye que los jueces programan a una hora la audiencia y empieza hora y media después.
En el Tribunal Undécimo de Sentencia, que lleva el juicio IGSS-Pisa-Chiquimula, las audiencias empiezan a las 10.30 y finalizan a las 13.30 horas, con períodos de receso para que los sujetos procesales puedan ir al baño.
También se dan errores en resoluciones, que han sido enmendados en otras audiencias y que luego son atacados por la defensa.
La jueza Silvia de León, quien era titular del Juzgado Sexto, en una resolución se le olvidó incluir a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Contraloría General de Cuentas y Procuraduría General de la Nación como querellantes. Lo enmendó con otra resolución, pero la defensa de los sindicados en el proceso Negociantes de la Salud la impugnó, por lo que al final el proceso penal se trasladó al Juzgado Séptimo.
La Sala Tercera de Apelaciones ha emitido varios fallos que han beneficiado a los sindicados en varios procesos, acciones que han sido impugnadas por el MP y que luego de un tiempo la Corte de Constitucionalidad le da la razón al MP.
A veces el atraso es por la falta de salas para audiencias grandes, fallas en el audio de dichas salas o problemas con internet han provocado que también las audiencias por videoconferencia se suspendan.
Abuso de recursos
Para el analista en seguridad y justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Lizandro Acuña, la principal herramienta que se ha utilizado para dilatar los procesos penales es el amparo, debido a que no hay etapa procesal que no sea susceptible de amparo y ello a veces afecta a otros sindicados que no lo han pedido.
“Se está utilizando la recusación donde sin argumentos sustentables quieren separar al juez, señalan que hay enemistad, que emitió opinión y la reprogramación; aunado a la mora judicial hace que estas audiencias se aplacen. Otra estrategia que utilizan los sindicados en declararse enfermo, en lo que el juzgador emite la orden para que el Inacif lo evalué, logra la suspensión del proceso”, dijo Acuña.
El analista manifestó que en el país hay un sistema de justicia lento y que se le atribuye a la mora judicial, por lo que hay varias iniciativas de ley, como la aceptación de cargos, más allá de ser de fondo, hay otros intereses por los cuales la persona quiere pasar más tiempo en prisión preventiva.
“En Guatemala hay cárceles VIP, donde los controles son débiles y donde los presos tienen otros tratos y que de alguna manera eso lo hace tener otro tipo de comodidades”, dijo el experto.
El abogado penalista Juan Rodolfo Pérez Trabanino señaló que el gran problema en la administración de justicia es su dilación. El proceso civil tarda siete años, una reclamación laboral cinco años, que el proceso penal dure de 3 a 4 años es lo mejor que puede tener el país.
El experto considera que ya es necesario oralizar los procesos no penales en el sistema civil y laboral, y mencionó que la Corte Suprema de Justicia tiene dos proyectos al respecto.
Además, dijo que hay una mala gestión en tribunales. “Está mal diseñado. Los tiempos para impartir justicia son imposibles de cumplir”, refirió.
