La prisión preventiva se define de manera general como una medida cautelar que un sistema judicial aplica a una persona, lo que afecta de manera directa su derecho a la libertad en el lapso durante el cual se desarrolle su proceso penal. No obstante, esta medida también tiene efectos y, en ocasiones, son mayores en los aspectos económico, psicológico, lazos familiares y relaciones sociales, entre otros.
Los más afectados son los niños, adolescentes y jóvenes que tienen a uno de sus padres, y en otros casos a ambos, privados de libertad. Los hijos legalmente dependientes deben asimilar y digerir una realidad lejos de sus progenitores y se ven obligados a hacer de las cárceles su centro de vida.
El daño se da porque en Guatemala “estamos acostumbrados a etiquetar a las personas” y solo el hecho de decirle a alguien que irá a prisión “daña a la persona y a la familia”, comparte Otto Paz Kroell, exrelator de la Oficina de Prevención Contra la Tortura.
A pesar de la facultad que tiene el juez de dictar alguna medida sustitutiva, la persona es enviada a prisión y eso ocasiona un “daño moral”, explicó Nancy Paiz, fiscal de sección adjunta de la Fiscalía de Ejecución del Ministerio Público.
El círculo más cercano
De acuerdo con Alejandro Chang, subdirector general del Sistema Penitenciario, un prisionero representa “de cuatro a cinco personas afuera”: esposa, hijos y, en algunos casos, padres de familia, que lo van a visitar y que “están haciendo cola desde las cinco de la mañana; niños que no van al colegio porque es día de visita; mujeres que tienen que pedir permiso en el trabajo, si es que les dan”. La privación de libertad no solo le afecta al sujeto, sino a su entorno inmediato, reconoce Chang.
Hace 14 meses, la población en general vivió toques de queda y otras medidas que decretó el Gobierno para evitar la propagación del covid-19. Algunas personas se desesperaron porque no podían salir los fines de semana, lo que se tomó para comparar un encierro “con todas las comodidades en nuestras casas. Ahora, ¿qué pasa con la persona que es privada de su libertad en un lugar con hacinamiento, insalubridad?”, independientemente de los hechos de que se le acusan?, cuestionó Édgar Meléndez, subdirector de la División de Coordinaciones técnico-profesionales del Instituto de la Defensa Pública Penal.
Meléndez dijo que el efecto alcanza en lo profesional, personal y familiar, “porque viene a cambiar realmente su mundo”. También recordó que algunos implicados en accidentes de tránsito son privados de su libertad hasta cinco meses, y “con dos o tres días que alguien pase privado de su libertad ha cambiado en todos los aspectos de su vida”.
De acuerdo con los registros estadísticos de la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), hasta el 30 de mayo de 2022 había 24 mil 730 privados de libertad. Nueve de cada 10 son hombres.
Los invisibles
Una de las instituciones que trabajan con niños y adolescentes con referentes de familiares privados de libertad y mujeres que se encuentran en prisión es el Colectivo Artesana, el cual ha logrado identificar a unos 60 mil niños, niñas y adolescentes hijos de reclusos que “viven en el mundo exterior, que no se ven y que son invisibles”, señaló Andrea Barrios, directora de dicha organización.
Derivado del número considerable de menores de edad y familias afectadas por tener referentes de familiares privados de libertad, Artesana impulsa un programa de atención para los 70 niños que cohabitan con su madre en los centros carcelarios, pero, “principalmente, enfocado a los hijos de los privados de libertad que están afuera”.
El Colectivo identificó que había un prejuicio al considerar que los hijos de los hombres estarían bien porque estaban con la madre, pero fue en 2016 que entrevistaron a 11 mil 400 hombres encarcelados y se evidenció que los menores están “en igualdad de condiciones o peores” que los hijos de las mujeres, debido a que en muchos casos tienen a ambos padres privados de libertad.
Otro de los fenómenos que preocupan es que los hombres “tienen muchos hijos estando privados de libertad, y con diferentes parejas”, explicó Barrios, y agregó que han entrevistado a varones que al momento de su detención tenían tres hijos, y ocho años después tienen 10 y con distintas parejas.
A lo anterior se suma que se rompe el vínculo entre los hijos y el padre, que se justifica por peleas con la madre. “Nacen niños que no tienen ninguna relación”, por eso es difícil tener un número exacto de menores en esta condición, señala Barrios.
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El centro de vida
Uno de los fenómenos que el Colectivo Artesana ha identificado es que la mayoría de familias de quienes se encuentran en prisión viven en áreas cercanas a los reclusorios. Se mudan a vivir en condiciones inadecuadas porque “la vida gira en torno a la cárcel”. Incluso, muchas mujeres entran a trabajar con sus parejas a la cárcel.
El Colectivo hace visitas constantes a las cárceles y ha identificado que en la mayoría de estas funcionan asentamientos habitacionales improvisados en los que habitan los familiares más cercanos de los reclusos, con el fin de mantener ese vínculo.
Barrios afirma que la prisión en “el mundo exterior es un estigma social” que impacta en unas 26 mil familias, aproximadamente, cifra que cambia de manera constante porque a diario hay más personas detenidas por diferentes delitos o faltas.
El lema de esta organización es “la no trascendencia de la pena”; es decir que los familiares más cercanos no deben ser juzgados por delitos o faltas que cometieron quienes están en prisión; sin embargo, la realidad es otra.
En la Política de Prevención del Delito hay una línea que Artesana logró insertar, y es que “los hijos de las personas privadas de libertad y con discapacidad deben tener derecho y acceso a todos los programas sociales que impulsa el Gobierno”, y esto debe hacerse valer, comentó la directora del Colectivo, Andrea Barrios.
