El escenario es complejo para un hombre de 54 años, al que llamaremos Mario, quien ha esperado durante 14 años y siete meses que un familiar se haga cargo de él. El 12 de febrero del 2008 un juez resolvió declararlo inimputable del delito de homicidio, al considerar que no está en capacidad mental que le permita comprender la naturaleza de los hechos ilícitos atribuidos, lo cual le impide enfrentar todas las fases del proceso penal.
Durante 175 meses han estado a cargo de su carpeta judicial ocho defensores públicos, se le han practicado seis estudios sociales y diversos análisis psiquiátricos, a fin de lograr la autorización para que un familiar se haga cargo. El 22 de octubre tendrá lugar la audiencia en la cual se autorice que su medio hermana se haga responsable de su cuidado y así pueda salir del centro de salud mental.
Mario es originario de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, a donde regresaría si se logra ejecutar el fallo judicial, Sus familiares expusieron que el regresar a la vida de campo le permitirá tener más tranquilidad y ellos son los únicos que están dispuestos a abrirle las puertas de su hogar.
Édgar Meléndez, director en funciones de la División Técnica del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP), explicó que en casos como el de Mario es complicado encontrar algún familiar que se haga cargo por la incapacidad mental y los cuidados que esto representa.
Meléndez expuso que en “algunas ocasiones se logra que un familiar se haga cargo, pero a último momento dicen que no, porque tienen miedo de que puedan recaer en los hechos que cometieron”. El problema es que no existe una institución estatal que asuma dicha responsabilidad en estos casos.
El IDPP tiene a su cargo 83 casos de internos que enfrentan proceso penal; de estos, 59 se encuentran en fase de ejecución, 14 en juicio y seis pendientes de que se les declare la inimputabilidad. También hay tres requerimientos de ingreso reciente y una en impugnación, a la espera de que el fallo judicial quede firme.
“El reto para nosotros, como institución, es buscar un recurso idóneo y lograr que salga” del Hospital Federico Mora, debido a que la salud mental de los internos, con el paso del tiempo, se va deteriorando, puntualizó Meléndez.
PDH supervisa
La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) lleva a cabo inspecciones en dicho nosocomio para verificar las condiciones en que se encuentran los internos que enfrentan un proceso penal y están a la espera de que se ejecute su declaratoria de inimputabilidad.
De acuerdo con las estadísticas del Sistema Penitenciario (SP), hasta el 19 de septiembre había 62 internos en el Hospital de Salud Mental, quienes se encuentran en un pabellón a su cargo. Allí están algunos recluidos por orden judicial, indicó Gerardo Villamar, defensor de las personas privadas de libertad de la PDH.
Asimismo, dio a conocer que cuatro guardias del SP están a cargo de la seguridad de los 62 internos con algún tipo de discapacidad mental y que en dicho recinto reciben atención médica, alimentación y los cuidados de higiene adecuados.
Qué dice la ley
El Código Penal establece en su artículo 67, sobre la enfermedad mental del detenido: “Si el delincuente enfermare mentalmente después de pronunciada sentencia, se suspenderá su ejecución, en cuanto a la pena personal. Al recobrar el penado su salud mental, cumplirá su pena”.
Por lo anterior, cualquier proceso penal se archiva y se cierra a favor del imputado, porque no está en sus capacidades para comprender cualquier tipo de acusación.
En el último párrafo del referido apartado, regula que “en igual forma se procederá cuando la enfermedad mental sobreviniere hallándose el penado cumpliendo condena”, lo que da paso a la suspensión de la pena impuesta.
Sin políticas y atención
La salud mental es un tema “complicado y necesario de trabajar, pero desde las políticas públicas del sistema de seguridad, estas no existen para las cárceles y es una cuestión repetitiva que viene desde hace muchos años” dijo Marco Antonio Garavito, psicólogo social de la Liga Guatemalteca de Higiene Mental.
Subrayó que la orden judicial es para casos patológicos comprobados, por lo que “hay privados de libertad que un juez ha determinado trasladarlos por su condición mental” y advirtió que “no hay una política penitenciaria basada en derechos humanos, además deben existir programas ocupacionales en salud mental para los privados de libertad” tomando en cuenta que hay diversos aspectos que afectan a reclusos.
Garavito trabajó durante cinco años un programa de ayuda y acompañamiento psicológico para los privados de libertad y compartió dos líneas importantes en las que se deben enfocar algunas políticas, una de ellas es para quienes ya cumplieron una condena “tienen mucho miedo de salir, primero por la estigmatización de la sociedad, no va a conseguir trabajo, sin familiares porque cuando las condenas son extensas la familia los abandona”.
También existe otro grupo de privados de libertad que tiene una idea de que va a salir de prisión “pero cuando son condenados, el bajón emocional y la depresión que enfrentan es terrible” y considera que la salud mental “es un componente fundamental en la vida del ser humano, incluyendo a los que están presos y al personal del Sistema Penitenciario” dijo Garavito.
