El recurso, de acuerdo con datos del documento, fue presentado ante la CC por los abogados José Enrique Urrutia, auxiliado por las abogadas Soazig Amanda Santizo y Sara Jeannette Santizo Calderón.
Los abogados plantean que, mediante un acuerdo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), fue creada la Feci en febrero del 2012. Sin embargo, explican que se entendía que una vez finalizara el plazo de la Cicig “consecuentemente también debía disolverse o dejarse sin efecto el funcionamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad”.
Argumentan que, tras la no renovación del mandato de la Cicig, la Fiscalía General del MP le dio continuidad a la Feci en agosto de 2019, lo cual, a su criterio, es contradictorio e ilógico al ya no existir Comisión Internacional y la creación de la Fiscalía contra la Impunidad “es ilegal”.
En la acción también explican que los objetivos y términos para los que fue creada la Feci (investigar “cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad” e impunidad) son ilegales por “ser conceptos creados por un fiscal General”, que no tiene la facultada para hacerlo.
Así, el grupo de abogados pide la suspensión de la normativa que creó la Feci bajo el concepto de Inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general total; además, se solicita que se ordene a la Fiscalía General que la Feci deje de funcionar de inmediato y que los casos y archivos llevados por esta pasen a otras dependencias.
De acuerdo con un medio local, citando a Comunicación Social de la CC, la acción fue presentada el 3 de junio último y fue admitida para su trámite.
Segunda acción
Esta es la segunda acción de inconstitucionalidad contra la Feci.
El abogado Otto Gómez informó el viernes 28 de mayo en su cuenta de Twitter que presentó ante la Corte de Constitucionalidad la primera acción al considerar que esa fiscalía “ha actuado de forma ilegal en todos los procesos” y violenta el propio convenio bilateral suscrito en el 2008 entre Carlos Castresana, en ese entonces jefe de la Cicig y Juan Luis Florido, fiscal General de la República.
El 2 de junio, la CC informó que dio trámite a la acción.
