“Gracias a las acertadas que se han tomado desde el gobierno, las garantías para la seguridad ciudadana son cada vez mayores”, afirmó el presidente Alejandro Giammattei en su programa denominado En consulta con el Dr. Giammattei.
Pero las estadísticas oficiales contradicen esta afirmación. El 2022 cerró con una tasa aproximada de 17 homicidios por cien mil habitantes, que supera a la del 2021, cuando fue de 16.5, y a la del 2020, cuando se reportaron 15.1 por cien mil habitantes, de acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional Civil (PNC) recopiladas por Diálogos, una organización que monitorea la violencia homicida.
Durante la primera década del siglo, Guatemala había reportado aumentos consecutivos de violencia hasta alcanzar su pico más alto en 2009, con 46 homicidios por cada cien mil habitantes. Sin embargo, a partir de 2010 hasta el 2020 las muertes violentas habían descendido consecutivamente.
“Es el segundo año consecutivo en el que cual aumenta tanto la cantidad absoluta de violencia homicida, tanto números brutos, como también en la tasa por cada 100 mil habitantes. Esto no ocurría desde 2009, que fue el año más violento. En el indicador de corto plazo ya se predecía que este año iba a ser más violento que el anterior. Eso es preocupante”, dijo Carlos Mendoza, consultor de Diálogos.
Ahora, la situación de nuevo vuelve a agravarse y se debe a la falta de estrategias adecuadas de seguridad ciudadana, advierten especialistas en el tema.
Falta de políticas adecuadas
“Hay una ausencia de políticas de prevención y no se desarrolla son planes de desarme. Hay que entender que la violencia homicida está vinculada a armas de fuego. Casi el 70 por ciento de los homicidios son con armas de fuego. No hay políticas de prevención ni control de armas”, advierte Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG).
Otro factor que alienta el incremento de la violencia es la impunidad, advierte Asturias. “Cuando producto de la violencia no hay consecuencias por parte del Estado y no hay un trabajo adecuado entre el Ministerio Público (MP) y la PNC para esclarecer los diferentes homicidios, se genera una espiral de la violencia”, comenta.
En esto coincide Mendoza, quien afirma que “el actual aumento de impunidad, percibida y real, está generando más violencia. En parte porque la gente ya no confía en el sistema de justicia, que incluye a la PNC, MP y Organismo Judicial, y decide hacer justicia “por mano propia”. Este es el resultado del deterioro institucional de los últimos seis años”.
Por último, Asturias advierte una falta de especialización en las autoridades a cargo del Ministerio de Gobernación, ya que a menudo son militares en situación de retiro.
“Ahora tenemos a cargo del Ministerio de Gobernación a oficiales del Ejército en situación de retiro. No hay experiencia en el Ejército para hacerse cargo de seguridad ciudadana. El Ejecito está preparado para la defensa del territorio, no para la seguridad ciudadana”, comentó Asturias.
Otros delitos
Durante 2022, hasta octubre, el Ministerio Público reportó 12 mil 544 extorsiones, de acuerdo con cifras de Diálogos. La tasa fue de 83.6 extorsiones por cada cien mil habitantes, lo que representa un cambio de 2.5 por ciento comparado con el 2021, según cifras recopiladas por Diálogos.
No obstante, según la Encuesta Nacional de Percepción de Seguridad Pública y Victimización de 2018, solamente el 35% de las víctimas de extorsión denunció el delito ante alguna autoridad competente. Eso quiere decir que la cifra oculta podría llegar al 65%, prácticamente dos veces la cantidad denunciada.
Hay varias hipótesis que explican el aumento de denuncias de extorsión en los últimos 20 años. Estas van desde las políticas de mano dura de los últimos gobiernos, en las cuales se encarceló a miembros de pandillas y ello provocó que algunos de sus integrantes coincidieran en las cárceles. También las condiciones de hacinamiento han incentivado a privados de libertad que no necesariamente son pandilleros se involucren en la extorsión, explica Diálogos.
Por su parte, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) menciona en un boletín estadístico que el índice de delitos contra la propiedad disminuyó 5.4 por ciento en noviembre con respecto a octubre y esto significa que “en conjunto, hubo una reducción en las tasas de los delitos que componen este subíndice” principalmente por la reducción de la tasa de robos de furgones con mercadería.
Sin embargo, que disminuyan las denuncias no precisamente es algo alentador, consideran diversos especialistas, ya que esto se puede deber a una falta de confianza en la población para denunciar y ello alienta a las personas a resolver conflictos por sus propios medios, a menudo con uso de violencia.
Para esta nota se intentó obtener una postura del portavoz del Ministerio de Gobernación, Jorge Aguilar, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta al respecto.
