El 14 de febrero, otros soldados patrullaban Laguna del Tigre, San Andrés, cuando les dispararon desde una pista clandestina. Hubo un capturado. Siete días después, otra turba impidió el paso de una patrulla militar hacia una pista de aterrizaje en Rosa de Jamaica, Sayaxché, donde había aterrizado una avioneta con droga.
El 17 de marzo, en Las Cruces, Petén, la erradicación de 32 mil matas de marihuana acabó en balacera. Varios testigos relataron que no se opusieron a la erradicación, pero pidieron a los soldados que el Gobierno les ayudara para sortear las dificultades económicas a raíz de la pandemia del covid-19 y los efectos de las tormentas Eta e Iota. Dijeron que los soldados no los escucharon y abrieron fuego, matando a un adolescente y a su padre.
El Ejército dijo, en cambio, que la comunidad increpó a los soldados por haber destruido las plantaciones, su única fuente de ingresos —una libra de marihuana cuesta unos Q300—. Después, una turba los rodeó, los apedreó y les disparó. Los soldados se defendieron, y se marcharon. Aseguran que nadie los alertó de las muertes. Un año antes, las autoridades ubicaron en Las Cruces dos aeronaves y efectuaron dos decomisos, de 980 y 700 kilos de cocaína, respectivamente.
El 21 de marzo, una patrulla militar salía en varios vehículos de El Delegado, San Luis, después de haber destruido una pista clandestina de aterrizaje, cuando recibió una lluvia de piedras, que rompieron vidrios, abollaron carrocerías e hirieron a dos soldados. Era el quinto ataque en Petén contra autoridades que destruían plantaciones de droga o pistas clandestinas, según el Ministerio de la Defensa (Mindef).
Desde el 2019, cuando aumentaron los aterrizajes de aeronaves con droga en el país, las autoridades han registrado 51 aterrizajes en Petén y 19 en Retalhuleu, donde pobladores locales también han bloqueado el paso de las autoridades.
Otros departamentos con incidencia son Quiché, Alta Verapaz e Izabal. En todos, la proximidad con México o el acceso a transporte pluvial o marítimo atrae a los traficantes. Hay otros factores: “lo complejo del terreno y la cercanía con clanes del narcotráfico”, dice David Martínez-Amador, académico especializado en el estudio del crimen organizado.
Solo en Petén, las autoridades incautaron 9.9 toneladas de las 13.6 confiscadas el año pasado en todo el país. Equivalía a haber introducido un kilo por hora al departamento. ¿Por qué los narcotraficantes siguieron aterrizando allí cuando perdían tanta cocaína? “Porque allí tienen la garantía de mantener la cadena logística de transporte, lograron desarrollar un cinturón de seguridad con las comunidades aledañas y hay una garantía de costo-beneficio”, dice Francisco Jiménez Irungaray, exministro de Gobernación (2008-2009).
El exministro dijo que en el 2010, en la Franja Transversal del Norte (FTN), algunas comunidades recibían un estipendio mensual a cambio de favores, como recolectar evidencias después de aterrizajes o accidentes y, en las noches, colocar un sendero de lámparas para iluminar la pista de aterrizaje. Estaba implícito que debían emplearse como escudo humano, de ser necesario.
Dependencia económica
Esas comunidades tienen dos opciones: cooperar y obtener un ingreso, o negarse y morir, según un estudio del 2020 sobre crimen organizado en áreas protegidas que financió Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (Fads).
Son comunidades pobres, donde el narcotráfico genera dependencia económica. “Los miembros de las comunidades no perciben que delinquen al bloquear el paso de las autoridades, sino que están logrando un sustento que el Estado no les ayuda a obtener”, explica Jiménez.
El narcotráfico crea estructuras en esas comunidades para poder moverse, según Évelyn Espinoza, socióloga especializada en Criminología. “Tener un lugar donde aterrizar también implica tener un lugar dónde embodegar”, afirma Espinoza. “Eso involucra a las comunidades. El dinero que pagan, que puede ser un mes de salario por dos horas de trabajo, les garantiza apoyo”, añade.
El dinero no se bancariza, según la socióloga, y rastrearlo es difícil en zonas más empobrecidas como efecto de la pandemia. Los índices de pobreza en Petén y en Retalhuleu, por ejemplo, variaron poco en los últimos dos años. El Índice de Pobreza Multidimensional de Guatemala 2018 ubicó a Petén en 81% y al suroccidente en 66%. Para finales del 2020, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) situaba la pobreza en Petén entre 60% y 80%, y en Retalhuleu, entre 40% y 60%. El impacto es elusivo.
Jiménez explica que facilitar el ocultamiento de la evidencia en las comunidades también oculta el impacto. Uno de los pocos efectos visibles es la conducta de las comunidades.
El fenómeno no es distinto a la oposición en San Marcos a la erradicación de amapola —producida para compradores mexicanos—, entre el 2017 y el 2018, o al bloqueo del acceso a La Reforma, Zacapa, en el 2009, cuando las autoridades pretendían capturar —por narcotráfico— a varios miembros de la familia Lorenzana Cordón, que empleaba a unos dos mil residentes del departamento en sus empresas.
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Costo-beneficio
La frecuencia de los vuelos hacia Petén y Retalhuleu no cambió entre el 2019 y el 2020, pese al cambio de gobierno. De hecho, el año pasado, la cantidad de cocaína traficada hacia México y Estados Unidos vía Guatemala fue mucho mayor que la incautada en suelo guatemalteco.
EE. UU. afirma que el 90% de la cocaína, que incauta en su territorio, pasó por Guatemala. Gerson Alegría, encargado de la Fiscalía contra la Narcoactividad, dice que es un dato factible. Eso significa que, en el 2020, mientras las autoridades guatemaltecas incautaron 13.6 toneladas de cocaína, se les pasaron de largo 62.7 toneladas —según datos oficiales de EE. UU.—. ¿Cómo y dónde? Se desconoce. Parte de la respuesta está en los 27 aterrizajes de 39 en que las autoridades no lograron incautar la droga.
“La cadena de distribución ha evolucionado de tal forma que no la vemos”, dice Jiménez.
Hasta el 18 de abril del 2021, después de seis aterrizajes en Petén —dos en un mismo día—, solo hubo una incautación. En cuatro meses, Guatemala ha decomisado 746 kilos de cocaína —77% transportado por mar—, pero entre enero y marzo a EE. UU. llegaron 18.8 toneladas que también pasaron por el país —el 90% de lo incautado en suelo estadounidense—. No hay datos de cómo pasó por suelo guatemalteco. Los cinco aterrizajes en los que no hubo decomisos este año son solo parte de las posibilidades.
Pero el paso libre de la cocaína no es espontáneo. Jiménez concluye que “es inevitable pensar en la participación de las autoridades”. Martínez-Amador agrega que, “en Guatemala, hay una clarísima colusión de estructuras institucionales con el crimen organizado”.
El exministro reveló que, antes de que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) saliera del país en el 2019, identificó a 60 alcaldías vinculadas con el narcotráfico. Desde entonces, las autoridades detectaron dos en San Marcos —Tecún Umán y Ocós—, y una en Escuintla —La Gomera—, Chiquimula —Ipala— y Jutiapa —Moyuta—. En el 2017, una fuente del Ministerio Público (MP) dijo que el narcotráfico y el narcomenudeo también tenían contactos en varias comisarías y subestaciones de la Policía Nacional Civil (PNC).
Un reporte de marzo del 2021, de la Estrategia para el Control Antinarcótico Internacional de EE. UU., señala que, “en Guatemala, la corrupción amenaza a las entidades públicas y privadas, y las hace susceptibles a la influencia de los narcotraficantes”.
Vigilancia escasa
El imán para el narcotráfico en Petén y Retalhuleu son las áreas protegidas. Diez rutas del narcotráfico atraviesan áreas protegidas, según el estudio de Fads, que cita datos policiales, del Mindef y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap). Cinco rutas atraviesan Petén, las Verapaces, San Marcos, Escuintla y Retalhuleu, y las 10 atraviesan Izabal. En estos sectores, la criminalidad organizada se sostiene a base de corrupción, impunidad y violencia.
En las zonas remotas donde aterrizan, los narcotraficantes monopolizan el uso de la violencia, y la tasa de homicidios suele ser baja. Hay excepciones: en Petén la tasa bajó a 23 en 2020; Retalhuleu mantuvo la tasa de 14, e Izabal tiene la mayor tasa departamental con 44. Quiché y Alta Verapaz tienen tasas de 1.6 y 3.9. Quizá por ello la frecuencia de los aterrizajes prevalece en Petén y Retalhuleu, pero cesó en Izabal. Según Jiménez, “la violencia [perjudica] el clima de negocios del narcotráfico”.
En Petén, casi la mitad de los aterrizajes ocurrieron en el Parque Nacional Laguna del Tigre y el Parque Nacional Sierra del Lacandón. En Retalhuleu, de 19 aterrizajes desde 2019, seis ocurrieron en el Sitio Ramsar Manchón Guamuchal: un área protegida de bosque y manglares en la costa oeste del departamento, que se extiende a San Marcos. Estos últimos ocurrieron en la aldea El Chico, municipio de Champerico, donde en abril 2020, residentes de la comunidad impidieron temporalmente el ingreso de las autoridades.
El estudio de Fads revela que los síntomas de la presencia del narcotráfico en las áreas protegidas incluyen la usurpación de tierras —85% del crimen organizado—, para ejercer control territorial y social —coacción violenta—, pobreza, incendios forestales —el 57%, intencionales—, depredación de recursos naturales, pistas de aterrizaje clandestinas, la introducción de ganadería ilegal e ingobernabilidad.
En enero del 2019, por ejemplo, un grupo de pobladores destruyó por completo el Centro de Operaciones Interinstitucionales “El Tigrillo”, en La Libertad, Petén, en el Parque Nacional Sierra del Lacandón, donde funcionaba la delegación de la PNC, el MP y el Conap.
Hace tres años, las autoridades recuperaron y reincorporaron al parque Laguna del Tigre mil 591 hectáreas —el equivalente a unos dos mil 200 campos de futbol— de zona agrícola y pastizales. “[El 20 de enero pasado], un juez ordenó recuperar tierras de la zona núcleo de Petén utilizadas para ganadería”, afirma Carmen Aída Ibarra, activista del Movimiento Pro Justicia, que también apoyó el estudio de Fads.
Conap, casi invisible
El Conap no reveló el número de guardarrecursos empleados en las áreas protegidas, aunque confirmó que no portan armas. Fads, que cita datos del Conap del 2020, publicó que en Petén hay 244 guarda recursos para 2.5 millones de hectáreas protegidas. Si no trabajaran por turnos, cada uno debería vigilar el equivalente unos 14 mil campos de fútbol. En la costa sur, hay 10 guardarrecursos para 13,941 hectáreas: un guarda recursos para el equivalente a mil 952 campos de fútbol.
Fads documentó que, por unos Q3 mil mensuales, los guarda recursos hacen turnos de 22 días de patrullaje por ocho de descanso. Además, señala que “los guarda recursos son el personal más expuesto a riegos, amenazas y, en algunos casos, a ser asesinados por redes criminales”.
El informe agrega que la Dirección de Desarrollo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (Sigap) es incapaz de tomar acciones preventivas, de control, ni de vigilancia. El Plan Operativo 2020 del Conap resalta que su presupuesto idóneo es de Q240 millones, pero tiene Q127 millones asignados: 85% para salarios; 15% para implementar programas.
El 14 de diciembre pasado, por medio del Acuerdo Ministerial 424-2020, el Ministerio de Gobernación (Mingob) y el Conap acordaron coordinar esfuerzos en la lucha antinarcótica en Laguna del Tigre. Ese mes, las autoridades ubicaron dos aeronaves más en Petén, una en el parque. No hubo incautaciones. En el 2020, antes del convenio, habían destruido 16 pistas clandestinas de 95 halladas: 46 en Petén, y 17 en Retalhuleu, entre otras, según datos oficiales.
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Protección limitada
Los radares primarios le permiten a la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) registrar “todo lo que se aproxima al espacio aéreo nacional”, según Téllez. “El rastro de las aeronaves se pierde a una altura muy baja, ya casi aterrizando, pero siempre durante el vuelo la identifican los radares de cualquiera de los países de la región”, dice el vocero militar. “Difícilmente hay un hallazgo de PNC o MP sin que lo detecten los radares; es imposible”. El exministro Jiménez advierte de que en algunas ocasiones las aeronaves realizan vuelos a baja altura a la que podrían evadir los radares.
Una vez con la ubicación, las autoridades en tierra se movilizan. Entre el 2007 y el 2008, eran los Batallones Verdes, creados en acuerdo con EE. UU. para el patrullaje militar y de la PNC de la FTN, la Reserva de la Biosfera Maya, y la Costa Sur, que disminuyeron los aterrizajes en Petén, según Carlos Menocal, exministro de Gobernación (2010-2012).
Los vuelos se desviaron entonces a Honduras, donde había escasa vigilancia debido a la crisis política del 2009 que acabó con el gobierno de Manuel Zelaya.
Luego, una donación de helicópteros de EE. UU., que comenzó con el presidente Álvaro Colom (2008-2012), acabó al final del gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015). “Las trazas aéreas aumentaron cuando se abandonó la inversión, compra y reparaciones de equipo para los helicópteros, y los Batallones se desintegraron”, dijo Menocal. El coronel Rubén Téllez, vocero del Mindef, afirma que los Batallones solo cambiaron de nombre.
El informe estadounidense de marzo pasado sí confirma que la Fuerza de Tarea de Interdicción Aérea, Antinarcótica y Antiterrorista (Fiaat), de soporte aéreo para la PNC en operaciones antinarcóticas, con apoyo de la FAG y de EE. UU., se desactivó en la administración de Jimmy Morales (2016-2020), y la administración de Alejandro Giammattei la reactivó el año pasado.
En febrero, el portal del Mingob informó que tenía “cinco helicópteros —de la Fiaat— para interceptar el transporte de narcóticos por vía aérea” y apoyar operativos terrestres. En el Mindef, Téllez asegura que solo hay cuatro helicópteros en uso, y son de la FAG, no de EE. UU., ni de la Fiaat.
Pero los helicópteros no garantizan más decomisos, según Larry Holifield, exagente de la DEA, asignado a Guatemala en los 90. El año pasado, la incautación de la droga traficada por aire aumentó de menos del 10% al 83%, aunque el número de aeronaves que aterrizaron en Petén y Retalhuleu se mantuvo casi igual desde el 2019 y hubo incautaciones solo después de un tercio de los aterrizajes.
“Aún con ocho horas de aviso previo —de un aterrizaje—, con una selva tupida con hasta tres capas de vegetación y árboles —en Petén—, la logística es difícil”, señala Holifield. “Se sabe hasta el último minuto dónde van a aterrizar, y aunque te desplaces en helicóptero, puede que debas regresar antes de que se te acabe el combustible, sin lograr llegar al lugar”.
Téllez afirma que lo que el Mindef necesita son aviones interceptores. “Son vitales, porque pueden escoltar una aeronave ilegal y obligarla a aterrizar en un espacio que el Estado controla, o a salir del espacio aéreo nacional”, explica. Eso no lo pueden hacer con helicópteros.
En marzo pasado, EE. UU. reconoció que Guatemala no tenía suficientes recursos para atacar al narcotráfico, aunque el año pasado le donó US$31 millones (Q232.5 millones) para fortalecer la justicia y el combate al trasiego de drogas.
Una aguja en un pajar
Una vez que las aeronaves tocan tierra, especialmente en Petén, las autoridades están en una carrera contra el tiempo. Los Batallones Verdes, convertidos en la Brigada Especial de Operaciones de Selva en el 2012, según Téllez, tienen al menos 600 soldados, para cubrir la mitad de Petén, seguridad de fronteras, preservación de la Biosfera Maya, y la lucha contra el crimen organizado transnacional. “El apoyo a la Conap no ha cesado”, señala.
Después de 25 aterrizajes en 2019, hubo incautaciones en cuatro casos, aunque después de 20 aterrizajes en el 2020, hubo incautaciones en nueve casos. Estos últimos permitieron triplicar el decomiso de cocaína en Petén en relación con el año anterior. Aun así, el desafío es monumental: si 600 soldados —sin dividirlos por turnos— patrullan la mitad de Petén —18 mil kilómetros cuadrados—, habría un soldado por cada 30 kilómetros cuadrados —o el equivalente a cuatro mil 200 campos de futbol—.
Los traficantes tienen pistas preparadas con antelación, y pistas alternas, según Téllez. Eso explica el hallazgo de 95 pistas en el 2020, aunque las autoridades registraron 39 aterrizajes. El estado de las pistas es irrelevante. “A [los traficantes] les interesa descargar la droga, y llevársela”, dice el vocero militar. “Es problema del piloto cómo aterriza”. Los aterrizajes aparatosos pueden obedecer a mala visibilidad, desperfectos mecánicos, o a que la pista no está correctamente señalizada. Por eso, las comunidades locales son claves para los narcotraficantes. Es un vínculo donde las autoridades están en el extremo perdedor.
Los enfrentamientos armados, con un saldo mortal, como el de Las Cruces, agudizan el conflicto. “Eso genera rechazo al trabajo de las autoridades, y lo dificulta”, señala el fiscal Alegría.
El exministro Jiménez explica que las tensiones no siempre obedecen a que las autoridades trabajan en incautar droga y capturar traficantes. Hay colusión.
El 10 de abril, el presidente Giammattei le dijo a ABC News que EE. UU. reconoce la cooperación de Guatemala. “Ha calificado de positivos nuestros esfuerzos para combatir el trasiego de drogas”, señaló. No mencionó que un mes antes, el informe estadounidense divulgó que “la corrupción endémica facilitará el narcotráfico en Guatemala hasta que el gobierno haga los cambios estructurales necesarios [en] sus instituciones”.
Uno de los más recientes aterrizajes de una aeronave vinculada al narcotráfico ocurrió el 18 de abril, en Sayaxché, Petén. No hubo incautaciones. “La población impidió el paso a las unidades”, relató Téllez. “Cuando lograron llegar al lugar, ya habían desarmado y enterrado la aeronave”.
