De hecho, el Congreso aprobó el Decreto 9-2007 “Ley de Registro de Terminales Telefónicas Móviles Robadas o Hurtadas”, cuya finalidad era establecer un registro actualizado de los celulares denunciados como robados, sin embargo, esa iniciativa no frenó el flagelo.
En aquel año, la exlegisladora planteó la necesidad de la normativa porque de enero a diciembre del 2011 la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) reportaba un total de 101 mil 664 celulares reportados como hurtados o robados.
Esa cifra, según su argumentación, representaba un total de 279 celulares robados diariamente. Muchos de estos robos, justificaba, se realizaban en un contexto de violencia extrema que superó las agresiones físicas y
psicológicas a los propietarios de celulares, hasta llegar a asesinar a los usuarios.
El tema llegó a ser de urgencia nacional porque año con año se incrementaba. Por esa razón la Ley nació a la vida jurídica el 17 de septiembre de 2013 mediante el decreto 8-2013.
Diez años después los casos se siguen reportando, y ahora quedan evidenciados en vídeos, que se hacen virales en las redes sociales. Los ladrones de móviles buscan los de alta gama, que según especialistas consultados, podrían estarlos vendiendo no solo en territorio nacional, sino en otros países donde es accesible ponerlos a funcionar de nuevo.
La mayor parte de robo de celulares ocurre en las zonas 1, 3, 5, 6, 10 y 15, según la Policía Nacional Civil (PNC). Pero no solo es la Ciudad de Guatemala, sino en el área metropolitana. El cálculo extraoficial es que se roban la misma, o más, cantidad de celulares que en 2011, fecha en que nació la Ley.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT) en un informe de 2022 reporta que en toda la república había 20 millones 459 mil 23 líneas móviles entre las empresas que prestan el servicio.
La SIT revela que entre 2019 y 2022 han denunciado el robo de más de medio millón de celulares. En 2019 fueron 153 mil 608; en 2020, 97 mil 357; en 2021, 154 mil 079 y en 2022, 125 mil 738.
Hubo meses de estos años que superaron las 20 mil denuncias mensuales, según las cifras de la SIT. Pero estos datos contrastan con los que maneja el departamento de investigación de delitos patrimoniales de la PNC. En 2022 registra que denunciaron el robo o hurto de 661 celulares en todo el país y 206 incautados o recuperados.
Mientras que el Departamento del Sistema Informático Fiscal y Técnico (SIFT) del Ministerio Público (MP) establece que en lo que va de 2023 han denunciado ante las fiscalías distritales y municipales el robo de 2 mil 722 terminales móviles; en 2022, sumaron 21 mil 254 y en 2021 fueron 20 mil 346 denuncias.
Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Quetzaltenango e Izabal conforman el top cinco de los departamentos donde más se denuncia el robo de celulares.
En estas localidades la presencia de pandillas, así como otros delitos como el narcotráfico y la trata de personas, podrían estar detrás del robo de estos aparatos.
Pero hay otro gran número de denuncias que lo hacen vía electrónica en la plataforma del MP. El problema que visualizan analistas consultados es que hoy la denuncia solo sirve para gestionar la recuperación de otro aparato o el cobro del seguro.
Siempre hay demanda
Federico Reyes, doctor en criminología por la Universidad de Glasgow, expresa que una de las múltiples razones por las que se da este delito, como en todos, es que siempre hay oferta y demanda, en especial de los denominados de alta gama, los cuales a pesar de que han bajado los precios en el mercado, sigue siendo un bien muy codiciado.
“Estos los usan para reventa en mercados negros, comisión de delitos a personas del crimen organizado, y ocurre por el poco seguimiento en el trayecto de estos, nula o poca investigación penal en los entes de justicia”, expone.
Para Reyes otro de los problemas es la nula confianza en la PNC, al normalizarse el robo, la venta y la reventa de los aparatos que el público afectado, asumiendo que nunca se recuperarán o mejor aún, adquiere otro celular en los puntos de venta.
“Aunque las leyes hayan cambiado o transformado, se presta el servicio por las compañías telefónicas, a cualquier usuario que llene lo mínimo con ellos: denuncia interpuesta ante MP o la PNC, número de DPI, un par de números de referencia, adquisición de un nuevo chip y activación de un nuevo plan, con contrato o sin él”, dice el analista.
El problema, recalca Reyes, es que la vigencia de un aparato móvil “depende de la calidad del mismo y la prestación del servicio, sin penalización o filtros adecuados para su activación o no”.
“Esto se seguirá dando, muchas veces a costa de vidas humanas, lesiones gravísimas a los usuarios, así también mantenimiento del status quo de los vendedores y revendedores”, argumenta.
El analista del Centro de Investigaciones y Estudios Nacionales (Cien), Walter Menchú, opina que el problema de fondo es que la ley de la materia no se aplica.
“Se establecieron varios tipos de registros para lograr identificar a quién pertenece un teléfono y una SIM, pero las empresas no lo aplican a cabalidad y la SIT no se ha empoderado para hacer cumplir la ley”, aseveró Menchú.
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Menchú recordó que la ley establece una Base de Datos Negativa para registrar los teléfonos robados, pero a la vista está que no está operando como debería.
“Las SIMS y los teléfonos que se venden en algunos lugares de forma informal, al momento de la venta, no se solicita la identificación de la persona que lo compra y eso es preocupante”, agregó Menchú.
Más fácil
Reyes considera que ahora, con tanta tecnología al alcance, es mucho más fácil reactivar los celulares borrando datos de anteriores usuarios, clonando, reactivando números que han estado en desuso por una u otra razón.
“Eso permite que sea un gran círculo vicioso e incremente los hurtos y robos”, refiere.
“Es como con cualquier comisión de delito, si es penalizado con fuerza dentro de los cánones legales, debería de existir un decremento. Ahora bien, si las leyes son laxas y no se aplican por igual, seguirá la demanda de estos aparatos móviles. Hay que recordar que es un delito generalizado, no solo de áreas urbanas, semi urbanas o rurales, sino también a nivel nacional y transnacional”, opina.
Para Reyes la “extracción de información por parte de los entes de investigación penal y de justicia, de los aparatos que son confiscados, ayudaría grandemente a minimizar la comisión de estos delitos”.
“La tecnología para esto no es barata ni tampoco de acceso al público en general, por lo tanto, ayudaría en la investigación penal estratégica, ya que si se sienta un antecedente válido y útil, esto tendría que impactar en la disminución de oferta y demanda de aparatos robados”, explicó.
Reyes cree que la falta de avance en investigación policial y criminal dificulta la confianza hacia la PNC y el MP. “La denuncia ciudadana básicamente es para temas de seguro del aparato y que cubra el reemplazo por uno nuevo”, añadió.
“Los negocios autorizados o no, que se dedican a reactivar los aparatos existen, porque hay demanda para la puesta en marcha, venta y reventa de celulares”, finalizó.
De acuerdo con el jefe de prensa del MP, Juan Luis Pantaleón, “la Unidad contra el Robo de Celulares de la Fiscalía de Distrito Metropolitano conformó una Mesa Técnica interinstitucional para abordar este fenómeno criminal cuyo objetivo es identificar, a través de los mapas de calor proporcionados por los analistas, las zonas de incidencia criminal, designando para el efecto investigadores que se encuentran monitoreando y realizando vigilancias con el objeto de contrarrestar este tipo de acciones”.
Según Pantaleón “es importante recomendar a la población que al momento de interponer la denuncia indiquen el número de IMEI del aparato telefónico, número de SIM, para que al momento de la aprehensión o posterior recuperación del aparato telefónico el MP cuente con el reporte de la SIT respecto del robo de la terminal móvil.
La ley
- El artículo 21 de la ley establece que aquellas personas que “sin la autorización debida y con violencia, tomare un equipo terminal móvil será sancionada con prisión de seis a 15 años”.
- Mientras que el 22, sobre la adquisición de equipos terminales móviles de dudosa procedencia, establece que “quien compre, utilice, porte, adquiera o de cualquier forma posea un equipo terminal móvil que aparezca en la Base de Datos Negativa como hurtado o robado, o muestre evidencia de estar alterado será sancionado con pena de prisión de cinco a diez años y multa de Q10 mil a Q20 mil.
- El artículo 23, sobre la alteración de equipos terminales móviles, castiga a quien reprograme, altere, reemplace, duplique o de cualquier forma modifique el Número Serial Electrónico (ESN), Número de Identidad de Equipo Móvil Internacional (IMEI), Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM), Módulo de Identidad del Suscriptor (SIM), para el Sistema Global de Comunicaciones (GSM) o cualquier código de identificación de un equipo terminal móvil, con pena de prisión de cinco a diez años y multa de Q40 mil a Q100 mil.
