Esta estrategia es usada desde hace más de una década en el país, debido a que las autoridades consideran que es eficiente para obstruir los aterrizajes de aeronaves que ingresan al territorio guatemalteco cargadas de cocaína; en promedio, cada 10 días desde 2019. Una investigación de Prensa Libre señala que los departamentos donde más recurrentes son los aterrizajes ilegales son Petén y Retalhuleu, con 70 de 99.
Las pistas suelen ser acondicionadas en fincas particulares, aunque también se utilizan caminos comunales, y resguardadas por algunos pobladores del lugar. Estos espacios deben estar despejados, en planicies prolongadas y, por lo general, miden entre 80 y 100 metros de longitud por unos 5 de ancho, de manera que permita que el aterrizaje se lleve a cabo con cierta facilidad.
Alan Ajiatas, fiscal contra la narcoactividad, explica que para inhabilitar estas pistas el personal de las fuerzas de seguridad, acompañado de elementos del Ejército, efectúan explosiones controladas y emplean maquinaria pesada, para que a las estructuras del narcotráfico se les dificulte ponerlas a funcionar de nuevo.
Agrega que al menos el 5% de las pistas de aterrizaje que destruyen son recuperadas por el crimen organizado, porque resultan muy efectivas para ingresar los cargamentos de cocaína al país.
Esto ocurre en lugares como Manchón Guamuchal, en Retalhuleu, o en Petén.
Ajiatas expone que han logrado reducir hasta en un 15% las posibilidades de que estos aterrizajes ilegales ocurran en el país, por lo cual los pilotos se ven forzados a buscar otros destinos, como Belice u Honduras, para entregar los cargamentos de droga.
No se tiene una cifra exacta de cuántas pistas clandestinas hay en el país, porque su número cambia de forma constante, pero en su mayoría se ubican en Petén, Retalhuleu, Escuintla, Suchitepéquez, Zacapa, Izabal y Quiché, puesto que “entre más cercanas a México están, más fácil resulta para las organizaciones extraer los ilícitos”, precisó el fiscal.
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Poblaciones
El avance del narcotráfico y la habilitación de pistas de aterrizaje clandestinas en comunidades de la provincia tienen relación con la falta de atención del gobierno en estos lugares. Ajiatas señala que cuando ciertas poblaciones que residen en cercanías a las pistas son manipuladas, evitan el ingreso de la Policía Nacional Civil y el Ejército a dichas áreas.
El pasado 21 de marzo una patrulla militar fue atacada con piedras y palos después de que destruyeron una pista clandestina en El Delegado, San Luis, Petén. Este y otros casos de agresiones, que han llegado a retenciones de los agentes y soldados, han sido confirmadas por las autoridades.
Mario Mérida, investigador en temas de seguridad y defensa, es más escéptico y considera que las inhabilitaciones de las pistas no llegan ni a ser parcialmente disuasivas, porque mientras las autoridades destruyen una, los narcotraficantes construyen otra.
“Pistas habrá en cualquier lugar, siempre que se puedan despejar áreas de 800 o 900 metros, que es lo que necesitan las aeronaves para aterrizar”, advierte. Se debería tener un sistema de recolección de información con drones y mantener bajo vigilancia estos lugares, puntualiza, al aclarar que una de las mayores debilidades es el limitado recurso humano para estas operaciones.
El Ejército reporta que desde 2019 a la fecha han encontrado 31 aeronaves tipo jet accidentadas o abandonadas, las cuales pueden transportar cargas con mayor peso comparado con una avioneta. Y desde 2018 hasta el 25 de junio último se ubicó 88 avionetas.
Un investigador antinarcótico refiere que durante las inspecciones ejecutadas en pistas de aterrizaje clandestinas han hallado restos de aeronaves enterradas, algunas están incineradas y otras parecen llevar años allí. Además, pobladores les han bloqueado el paso o retenido durante estas operaciones.
El investigador hace ver que los comunitarios son personas de escasos recursos y sus opciones son cooperar o negarse, pero esto último implica un alto riesgo.
¿Efectividad?
Otro investigador antinarcótico, que conoce de primera mano las tareas de campo y ha participado en la localización y destrucción de pistas clandestinas, a condición de anonimato indicó a Prensa Libre que no ve efectividad en la inhabilitación de las pistas clandestinas, porque mientras efectúan estas tareas en un punto específico cabe la posibilidad de que dos o más pistas estén siendo acondicionadas en otros lugares.
Además, considera que las autoridades deben dar un abordaje integral a esta situación, como atender las necesidades económicas y sociales que orillan a los pobladores a ayudar a las organizaciones del narcotráfico a construir las pistas, darles aviso o protegerlos de los operativos.
El exministro de Gobernación Carlos Menocal coincide en que destruir pistas mitiga el ingreso de aeronaves con drogas al país, pero estas acciones deben acompañarse de un plan que incluya la presencia del Estado para que los narcotraficantes desistan de usar el país como paso de sus cargamentos.
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“La presencia activa de fuerzas combinadas desmotiva a las comunidades a trabajar o tener contacto con los narcotraficantes. Lo que tiene que hacer el Estado es llevar proyectos de extensión de trabajo y agrícolas para apoyarlos, porque son comunidades que están en condiciones infrahumanas y en desventaja frente a distintas causas”, señaló.
Ronaldo Leiva, analista en temas de seguridad y defensa del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), indica que hay pistas clandestinas que han sido utilizadas un par de veces, y al inhabilitarlas lo que se logra es que las estructuras criminales busquen la forma de acondicionar una nueva.
“Lo que se está haciendo es ponerles un obstáculo para el aterrizaje, no es un remedio para que los evite”, afirmó.
En este tipo de combate a los grupos del crimen organizado se trata de ponerles dificultades a su comercio ilícito.
