El Tribunal de Mayor Riesgo “B”, presidido por la jueza Jeanette Valdés, emitió sentencia en contra del expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Todos ellos fueron investigados en las primeras fases del proceso por Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
Este caso es considerado como el proceso que dio pie al resto de casos de corrupción que expuso el MP y Cicig, entre estos, el de IGSS/Pisa, Plazas Fantasmas y Cooptación del Estado.
En el proceso, la investigación reveló cómo comerciantes tenían enlaces con personal de aduanas, o mandos medios, que a su vez tenían conexiones con altos funcionarios de Estado que respondían al entonces binomio presidencial de Pérez Molina y Baldetti.
El Tribunal de Mayor Riesgo “B” argumentó que algunas personas fueron halladas culpables, pero que en el caso de otros era inminente una absolución por negligencias en la acusación.
La sentencia se produjo siete años después de que el MP efectuara los primeros allanamientos del proceso judicial que desembocó en la renuncia de las máximas autoridades de Gobierno después de multitudinarias manifestaciones ciudadanas que exigían justicia y un alto a la corrupción.
La resolución generó expectativa entre la sociedad guatemalteca por los antecedentes y por el momento en que se produjo, a las puertas de un proceso electoral, en donde persisten dudas sobre el perfil y la idoneidad de los futuros candidatos.
Abogados expertos en la materia penal analizaron la resolución y consideran que hubo ciertas inconsistencias del Tribunal al fundamentar su fallo.
Absolución inexplicable
El Tribunal encontró culpables a Pérez Molina y Baldetti, señalados de ser los líderes de la red criminal, de los cargos de asociación ilícita y casos especiales de defraudación aduanera.
Oswaldo Samayoa, abogado del Centro de Estudios de Guatemala (CEG) expuso que el Tribunal se contradijo ya que, por una parte, dijo que no dudas que hubo enriquecimiento ilícito, pero al mismo tiempo decide no condenarlos.
“Hay una contradicción. Si —el Tribunal— dice que no tiene dudas de que hubo enriquecimiento ilícito, entonces tienen que condenar. La duda siempre va a favorecer al recluso, pero cuando dice ‘no tengo dudas’, reconoce que hubo certeza del enriquecimiento ilícito. Los bienes y lo que pudo ganarse de la asociación ilícita estaría exento de ser decomisado en favor del Organismo Judicial, como dice la ley”, explicó Samayoa.
A su juicio, esta contradicción es suficiente elemento para que el Ministerio Público presente una apelación especial.
“Si las pruebas acreditan enriquecimiento ilícito, no pueden quedar absueltos por este delito”, subrayó.
Samayoa precisó que una de las lecciones que deja la sentencia es que el poder en Guatemala siempre se ha articulado para crear estructuras que le han permitido a funcionarios enriquecerse de forma ilícita.
“No es nada nuevo, pero —el caso— nos ha puesto en evidencia cómo funcionan estas estructuras. Se esperaría que a partir de ahora se incremente la auditoría ciudadana y se exijan mecanismos transparentes en el sistema aduanero”, añadió.
Los cargos más importantes
Según la lectura de Alejandro Rodríguez, investigador del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Pérez Molina y Baldetti fueron encontrados culpables de los cargos más importantes.
Con los delitos por los que fueron condenados se demuestra que “sí generaban ingresos económicos a través de la defraudación aduanera, además que estructuraron toda una red criminal para poder hacerlo”, explicó.
Pero al experto en derecho penal considera inexplicable que, aunque se demuestren los primeros dos cargos, no haya sido posible respaldar el cargo de enriquecimiento ilícito.
Según los argumentos del Tribunal, los medios de prueba no permitieron demostrar que el expresidente y la exvicepresidenta hayan adquirido bienes inmuebles, propiedades o cantidades de dinero inexplicables.
“Este es un tipo penal complejo porque requiere contrastar el patrimonio anterior con el nuevo. Ahora, me deja perplejo, que el Tribunal no considerara este delito cuando a ellos se les han extinguido una gran cantidad de bienes, los cuales evidentemente no tienen un origen licito comprobable”, refirió Rodríguez.
Declive de la justicia
El abogado Marco Tulio Sagastume, expresidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang) y actual presidente de la Federación Interamericana de Abogados, lamentó las absoluciones del exbinomio presidencial por varios delitos.
Recordó que, cuando era presidente del Cang los medios de investigación expuestos fueron lo suficientemente claros, tanto que él y un grupo de abogados se atrevió a pedir la renuncia del entonces presidente.
“A mí me da vergüenza. Todo el sistema judicial o jurídico de Guatemala está totalmente cooptado, no me extrañaría a futuro ver cosas igual de lamentables. Esta situación nos perjudica como país, esto es lamentable”, señaló Sagastume.
El abogado señaló que la entidad a cargo de demostrar los delitos es el Ministerio Público (MP), pero no lo harán. “Esto es un contubernio de lo más lamentable para Guatemala y para el Estado de Derecho”, señaló el profesional.
Sagastume explicó que la cooptación del sistema judicial podría continuar, y como ejemplo, enlistó algunos operadores de justicia que han tenido que salir del país; hechos que, afirma, ya hizo del conocimiento de entidades internacionales que conocen la vulnerabilidad del país en el sistema de justicia.
