La Procuraduría de los Derechos Humanos registra alrededor de 172 denuncias contra miembros de Cocodes y de las mencionadas comisiones, que antes se llamaban juntas locales de Seguridad, debido a que están involucrados en disputas territoriales, intervención en el debido proceso, abuso de autoridad y bloqueo a fuentes de agua, entre otros delitos.
Si las Juntas no funcionan hay que eliminarlas, pues su permanencia solo demuestra el poder que han tenido de manera ilegítima, que en la práctica se resguarda bajo el paraguas comunitario. Sin embargo, estas juntas son una reproducción de la Patrullas de Autodefensa Civil de la guerra interna, pues tienen una función de control militar.
Es recomendable la presencia policial, porque la ausencia del Estado solamente genera un vacío que se debe llenar en la estructura social.
Según Héctor Reyes, abogado del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), estos casos han ocurrido en varias localidades donde hay ausencia del Estado. A la fecha, esta entidad tiene conocimiento de hechos ocurridos en Quiché, donde los Cocodes deciden que todos los comercios deben cerrar a las 20 horas, y quienes no lo hagan pueden ser objeto de represalias físicas o en contra del establecimiento. El profesional asegura que existen quejas sobre detenciones ilegales y coacción a la libertad de movimiento.
Sin control
La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia tiene registrados 12 mil 500 Cocodes, y el Ministerio de Gobernación tiene inscritas 187 comisiones municipales de Prevención.
Tanto los comités como las comisiones tienen un nexo con las autoridades públicas como alcaldías o la Policía Nacional Civil (PNC), pero no existe un mecanismo de control para evitar que actúen fuera de la ley. Se sabe que varios Cocodes están integrados por expatrulleros civiles o comisionados militares que tratan de revivir el control que ejercían antes.
Es importante que las personas encargadas de dar seguridad, es decir el Ministerio de Gobernación, capaciten y ofrezcan talleres de formación a todas las personas involucradas en organizaciones de seguridad ciudadana, para evitar que cometan abusos.
Es necesario que a todos estos grupos se les dé un acompañamiento adecuado para que no cometan arbitrariedades. Para ello, se requiere una red de vigilancia sobre la labor que desarrollan en las comunidades.
En algunas localidades se han convertido en el poder casi absoluto, debido a la ausencia de autoridades. Por ejemplo, en 19 municipios no hay presencia de la PNC, aseguró Luis Fernando Mack, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
“En la medida que la autoridad del Estado esté ausente, se genera un vacío de poder que asumen esos grupos que cometen abusos e ilícitos”, añadió.
Grupos conocidos
En Totonicapán funciona el Consejo de Alcaldes de los 48 Cantones, que administra los bienes naturales propios e imparte justicia en esas localidades. De acuerdo con Mack, este tipo de organizaciones son legítimas y representativas de la población, pero es necesario institucionalizarlas.
En otras localidades la situación se complica. Uno de los casos conocidos es el del periodista Oswaldo Ical Jom, quien fue secuestrado por un grupo de pobladores cuando investigaba la desaparición de una niña, en la aldea Santa María Cotoxac, Uspantán, Quiché.
Sus captores eran dirigidos por los hermanos Diego y Antonio Itzep López, este último presidente del Cocode de Cotoxac, quienes, además, integran la junta de seguridad de la aldea. En esa oportunidad incitaban a la gente a que quemara vivo al comunicador social.
Estos grupos tienen suficiente poder dentro de la comunidad, lo que los convierte en un problema multicausal, no solo policial porque va más lejos. Hay que verlo de manera integral, pues vemos que manejan un poder efectivo en tanto que logran un beneficio.
Esos grupos cometen delitos como retener a la gente, o destruyen y queman instalaciones municipales, además de imponer normas arbitrarias como si fueran autoridades. Eso se debe a la ausencia del Estado.
“Me arrastraron hasta la escuela, donde me patearon y me golpearon. Me encerraron a eso de las 10.30 horas y me dejaron salir hasta las 16, cuando la Policía negoció mi liberación”, relató Ical Jom.
Reyes afirmó que el juez de Primera Instancia de Santa María Nebaj, Amarildo Barrios, cambió los delitos de plagio o secuestro y tortura por el de detención ilegal, para poder otorgarles medida sustitutiva a los acusados.
“Muchas veces existen influencias en los jueces, quienes, por su propia seguridad, buscan no dictar sentencias o ligar a proceso a los integrantes de estas organizaciones por delitos que causen prisión”, señaló el abogado.
Otra situación conocida fue la serie de sucesos violentos ocurridos en San Juan Sacatepéquez que dejaron ocho muertos, en la aldea Los Pajoques. Según las autoridades, las juntas locales de seguridad que actuaban de manera clandestina mantenían en zozobra a la población.
En fechas anteriores a que se declarara estado de Sitio en ese municipio, los pobladores que integraban un cuerpo paralelo de seguridad le tenían vedado el ingreso a la población en general, pues detenían los vehículos, cobraban peaje y amedrentaban a quienes pretendían pasar por el lugar.
tiene la PDH por irregularidades de Cocodes.
Verónica Godoy, de la Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública (Imasp), considera que lo ocurrido en San Juan Sacatepéquez es un ejemplo de cómo estos grupos paralelos son validados por los mismos pobladores como autoridad.
“En algunas oportunidades es porque los pobladores lo quieren así, y en otras es porque los coaccionan”, comentó.
locales de seguridad están registradas.
Mack explicó que las comisiones municipales de Prevención son una copia de las juntas de seguridad, por lo que no tienen legitimidad.
