El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la PNC cuentan con mapas de conflictividad en los que aparecen 332 municipios con riesgo de conflictividad muy alto, alto, medio y bajo.
En los disturbios o bloqueos que tuvieron lugar en la primera vuelta electoral la principal inconformidad fue el señalamiento de “acarreo” de votantes de otros municipios para beneficiar a algún candidato.
Entre los municipios que presentaron este tipo de conflicto se encuentran San José del Golfo, en el departamento de Guatemala, donde 130 miembros de las Juntas Receptoras de Votos y de la Junta Electoral Municipal renunciaron por intimidaciones de parte de los pobladores, y San Martín Zapotitlán, Retalhuleu, donde los pobladores se enfrentaron con los agentes antimotines y hubo quema de papeletas.
Otros municipios que priorizará la PNC son Sipacate, en Escuintla; San Lorenzo, Suchitepéquez; Canillá, Quiché; Ocós y Pajapita, San Marcos.
En estas localidades algunos vecinos bloquearon las ruta para evitar, según estos grupos, que ingresaran votantes de otros municipios.
Análisis
David Boteo, director general adjunto de la PNC, dio a conocer que para desplegar el personal se elaboró un análisis de riesgo junto con los comisarios de todo el país, con el fin de que identificaran los municipios donde podría haber incidentes por parte de algunos grupos para impedir que tomen posesión los nuevos jefes ediles.
“Cada jefe de comisaría solicitó personal para las áreas que ellos consideran prudente resguardar”, afirmó.
Boteo puntualizó que a partir del 12 de enero se suspenderán los descansos de todo el personal operativo de la PNC, para que los efectivos estén disponibles.
El 13 y el 14 la seguridad se concentrará en edificios, el área de hoteles de la zona 10 y sedes gubernamentales donde se llevarán a cabo actividades de la toma de mando presidencial, como el Palacio Nacional de la Cultura, Corte Suprema de Justicia y Congreso.
“Lo que buscamos es prever incidentes y que todo transcurra con normalidad, tanto en el departamento de Guatemala como en el interior del país”, subrayó el jefe policial.
“El 15 hay una gran probabilidad de que grupos de personas en algunos municipios no dejen que tome posesión el alcalde electo”, manifestó.
Francisco Quezada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), refirió que la violencia durante la toma de posesión de alcaldes en otras tomas de mando ha sido aislada, y aunque en los recientes comicios se registraron disturbios en algunas localidades, estima que “no habrá mayor reporte de conflictos”.
La inconformidad de algunos pobladores es porque no están de acuerdo con el resultado de los comicios y tratan de impedir, por la fuerza, que sea juramentado el jefe edil electo, hizo ver.
“La violencia que hubo —en los comicios de junio último—, en comparación con elecciones anteriores, incluso disminuyó. Se esperaba en el mapa de riesgo mayor actividad violenta, pero fue bastante baja. Y si bien se registraron disturbios en algunos lugares, estos fueron muy aislados. Por ello, considero que será mínima o nula la posibilidad de acciones violentas durante la toma de posesión de los alcaldes”, sostuvo.
Mapa
Desde los últimos comicios, el TSE elaboró un mapa de conflictividad en el que aparecen 103 municipios con un nivel de riesgo muy alto, alto y medio. Con base en este mapa y en los hechos que se registraron en algunos antes mencionados, la PNC tomó decisiones para el despliegue de efectivos.
Las comunidades con mayor riesgo de violencia electoral representan el 2.35 por ciento de los 340 municipios del país, en las cuales, de acuerdo con el TSE, hay antecedentes de tensión social y se han reportado enfrentamientos en procesos pasados.
Según el informe, hay ocho municipios con muy alto nivel de riesgo de conflictividad, 42 con alto riesgo, 53 con riesgo medio y 237 con bajo riesgo, lo cual no significa que se esperen disturbios o que vayan a ocurrir.
TSE y Anam instalan mesa de conflictividad
Como parte del proceso de transición de mando de los gobiernos locales, la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) anunció la reactivación de una mesa de conflictividad para el 14 y 15 de enero, y convocó a delegados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tanto a nivel municipal como departamental, así como a autoridades con algún grado de responsabilidad, como el Ministerio de Gobernación.
La mesa busca monitorear el proceso de transición, para asegurar que se cumplan los tiempos y se garantice la toma de posesión de los alcaldes y demás integrantes de las corporaciones municipales, indicó el gerente de la Anam, Gerson López, en conferencia de prenss, junto a la presidenta del TSE, Blanca Alfaro. Ambos funcionarios expusieron que se han recibido alertas de posibles corporaciones ediles que no cumplirían con la entrega del cargo.
Entre otras, San Andrés Villaseca, Retalhuleu, así como Iztapa y San José, en Escuintla.
López expuso que ante esos posibles incidentes, la Anam ha desplegado un equipo de abogados para brindar apoyo a las corporaciones municipales que asumirán el control por primera vez.
La Anam no cuenta con fuerza coercitiva para obligar a los alcaldes a llevar a cabo la transición. No obstante, según López, se ha ofrecido acompañamiento, asistencia, capacitación y defensa del régimen de la autonomía municipal como parte del proceso de transición.
