La Fiscalía Especial contra la Impunidad imputó a Eco tres delitos y solicitó la condena de seis años, seis meses y 25 días por su implicación en el caso, según reveló el abogado defensor Alexis Calderón.
El juzgador acordó que el 3 de marzo próximo dictará la sentencia acorde a los términos que el MP detalló y los delitos que solicitaron. Esto es a causa de un procedimiento abreviado.
González Álvarez fue acusado por asociación ilícita, por el cual el MP solicitó dos años con ocho meses de prisión. Por cohecho pasivo los investigadores pidieron dos años con nueve meses y 10 días, y casos especiales de defraudación aduanera, por el que se suma un año con un mes y 15 días.
El Código Penal estipula la suspensión condicional de la pena a delitos menores de tres años de cárcel. En el convenio de colaboración entre el acusado y la Fiscalía, elaborado el 6 de noviembre del 2015, se indica que el fiscal a cargo del caso pedirá la suspensión condicional de la pena por cada cargo que se señaló en contra de González Álvarez.
El colaborador eficaz del órgano investigador también está vinculado con el caso Bufete de la impunidad, en el cual se investiga a un grupo de abogados por supuestamente haber negociado beneficios para personas señaladas como jefes intermedios en el caso La Línea.
Salvador González, alias Eco, figura como colaborador eficaz y todavía no se le ha dictado sentencia, la cual también se solicitará por medio de procedimiento abreviado, derivado de un acuerdo con la Fiscalía.
También enfrenta proceso la exjueza Marta Sierra de Stalling, quien habría recibido algún beneficio por dejar en libertad a vinculados con el caso La Línea.
Es la primera petición de condena que el MP hace. El acuerdo que firmó González fue transcrito en 61 páginas, las cuales fueron entregadas al juez Miguel Ángel Gálvez para que lo aprobara.
Lo dice todo
Alias Eco, dijo al Juzgado de Mayor Riesgo B que los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti vieron en la aduana del sur, en Puerto Quetzal, Escuintla, una verdadera mina de oro para incrementar sus ingresos por las acciones de la red de defraudación que supuestamente dirigían.
En una audiencia de La Línea, la Feci solicitó a González Álvarez que explicara el contenido de algunos de los documentos contables que estaban archivados en una computadora de su propiedad, la cual le fue incautada y figura como evidencia en el proceso.
Un archivo identificado como copia de reporte 1-2 (369594), el cual contiene una hoja de cálculos, indica que cada semana los exmandatarios recibían dinero de la recaudación de los sobornos que se exigían a importadores en Puerto Quetzal.
Las primeras entregas fueron, en su totalidad, para Pérez Molina y Baldetti, quienes se las repartían, lo cual cambió cuando otros integrantes de la estructura reclamaron, según Eco.
El total de lo recaudado en esa aduana, solo en agosto del 2013, fue de Q3 millones 236 mil, de los cuales Pérez Molina y Baldetti recibieron Q1 millón 985 mil, que se repartieron entre ellos. El resto de la red obtuvo Q1 millón 251 mil, señaló el testigo.
La Línea fue el primer caso de corrupción evidenciado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), y el MP, en el que encontraron a más de 15 funcionarios públicos involucrados.
