“Es decir, jueces constituidos en salas, por haber facilitado la obtención de la constancia transitoria de inexistencia de reclamos y cargos —finiquito— en la Contraloría”, precisó Manfredo Marroquín, presidente de la citada organización.
En total denunció a 12 jueces, pero hasta el momento únicamente prosperó la demanda en contra de tres: Artemio Tánchez Mérida, Wilfrido Porras Escobar y Hugo Roberto Jáuregui, todos integrantes del Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas y de Conflictos de Jurisdicción.
Según precisó AC, los juzgadores otorgaron amparos a cuatro personas: Julio César Xicay Poz, candidato a diputado por Quetzaltenango; Fernando José Siliézar Mena, candidato a diputado por Huehuetenango; Pedro René Escobar, y Luis René Barrera Chavarría, alcalde electo de Pasaco, Jutiapa.
Informe
Marroquín afirmó que, luego de presentada la denuncia, la investigación la realizó la Supervisión General de Tribunales y presentó un informe que, según él, les dio la razón.
Edie García, consultor de AC, explicó que el informe indica que “sí hubo interferencia en la independencia de la CGC”.
“Al declarar los amparos provisionales se obligó a la CGC a emitir el finiquito, con lo cual consiguieron llenar los requisitos para ser inscritos en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a los cargos de elección popular”, dijo García.
Refirió también que, según el informe, “los magistrados constituidos en tribunal de Amparo, no tenían competencia por razón de la materia, por ser un hecho administrativo de carácter político, siendo el órgano competente las salas de lo Contencioso Administrativo”.
Marroquín aseguró que el documento afirma que “no se cumplió con el principio de definitividad a través del cual debió haberse agotado el procedimiento administrativo ante la CGC, y en una franca desesperación por su inscripción no siguieron su trámite normal obligando a la CGC a extender el finiquito”.
Concluye en que se incurrió en “una falta gravísima” que se adujo por la denuncia y que al otorgar los amparos “causaron perjuicio a la sociedad guatemalteca” porque al haberlo otorgado quedó en firme la inscripción de candidatos o candidaturas que no eran idóneas.
Exigen sanción
Los representantes de AC solicitaron a la Junta Disciplinaria Judicial que continúe con el procedimiento establecido y se impongan las sanciones que correspondan.
Según el artículo 42, que se refiere a las sanciones a jueces y magistrados, en su inciso c), para las faltas gravísimas procede la suspensión sin goce de salario o destitución.
Asimismo, pidieron al TSE que, atendiendo el artículo 113 de la Constitución, “revise los expedientes de todos aquellos candidatos que lograron su inscripción por medio de estos finiquitos forzados, y si han ganado un puesto de elección popular, que no tomen posesión de los cargos.
El presidente de AC indicó que la solicitud al TSE será presentada en el transcurso de esta semana, pero no precisó la fecha, y explicó que esto no afecta de ninguna manera las elecciones, ya que, en el caso de las personas que no puedan tomar posesión, simplemente se corre el candidato electo. “Por ejemplo, en el caso de un diputado, sube el que sigue en el listado; en el caso de alcaldes puede asumir el concejal primero. No hay ni cabe la repetición de las elecciones, simplemente se corren los puestos”, aseveró.
García reveló que la Junta Disciplinaria fijó una audiencia para el 5 de noviembre próximo, a la que deben comparecer los jueces denunciados y las demás partes, para que se dilucide su situación jurídica.
“Esta es una noticia muy importante porque nunca se había sancionado a los jueces que están haciendo cosas totalmente fuera de sus competencias. Solo a la CGC le compete, no tiene un juez que obligar a un ente autónomo a dar finiquitos cuando hay candidatos con cuentas pendientes”, dijo Marroquín.
