Los expertos recomiendan al presidente de la República, Jimmy Morales, hacer público el proceso de designación y que tome en cuenta perfiles de profesionales íntegros.

Analistas consultados por Prensa Libre consideraron que la mayoría de mandatarios buscan colocar en puestos clave a personas que respondan a intereses personales o políticos.

Carme Aída Ibarra, del Movimiento pro Justicia, aseveró que la mayoría de procuradores generales ha sido señalado por la Contraloría. “Tengo presente un contrato millonario de la Superintendencia de Telecomunicaciones que consistía en atender denuncias de robos de celulares, se le llegó a pedir a Vladimir Aguilar que analizara las irregularidades, sin embargo en esa ocasión dio vía libre al contrato y fue la Contraloría la que frenó esa negociación”, aseveró.

Nineth Montenegro, diputada de Encuentro por Guatemala, denunció a los exprocuradores Larry Robles y Aguilar por dudosas acciones en el contrato oneroso entre la Empresa Portuaria Quetzal y Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ).

“Aunque no se menciona, se hace referencia que también se debe actuar contra el titular que estaba en febrero 2015. Hay muchas dudas contra Villagrán, mañana —hoy— se enviará una nota al Ministerio Público”, refirió.

Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales, aseguró que el problema de poner a personas allegadas al presidente de la República es institucional y no solode la PGN.

Mario Gordillo, nombrado en la administración de Óscar Berger, fue criticado porque en su gestión crecieron las adopciones irregulares y porque su esposa, Patricia Cervantes, era magistrada del Tribunal Supremo Electoral.