Pelaez afirmó en el memorial que Mansilla habría cometido los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, revelación de secretos y resoluciones violatorias a la Constitución.
En el documento aseguró que el funcionario entregó al Ministerio Público (MP), “sin orden judicial” de por medio, documentación clasificada como “secreto militar” relacionada con el caso Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
La profesional acudió a Gestión Penal a dejar el memorial con su requerimiento y esta unidad remitió el documento al Juzgado Undécimo Penal para el trámite correspondiente.
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Contexto
Por el caso Creompaz, la fiscalía en conjunto con la Policía capturó a 14 militares retirados a quienes señaló de participar en al menos 558 desapariciones forzadas de indígenas durante la década de 1980, época en la que el país había un conflicto armado. Esos hechos ocurrieron en Alta Verapaz.
Los detenidos son: Manuel Benedicto Lucas García, Byron Humberto Barrientos Díaz, Gustavo Alonso Rosales García, José Antonio Vásquez García, Carlos Humberto Rodríguez López, Ismael Segura Abularach, Pablo Roberto Saucedo Mérida, César Augusto Ruiz Morales, Juan Ovalle Salazar, Édgar Rolando Hernández Méndez, Carlos Augusto Garavito Morán, Luis Alberto Paredes Nájera, César Augusto Cabrera Mejía, Raúl Dehesa Oliva.
La investigación del MP, señala que los sindicados habrían tenido responsabilidad en al menos 88 eventos relacionados con masacres ocurridas entre 1981 y 1986.
Según el MP, Lucas García tuvo injerencia sobre el comandante de la base militar 21 de Cobán, donde recientemente se localizaron más de 500 osamentas.
Por este caso también se pidió el antejuicio en contra de Edgar Justino Ovalle Maldonado, diputado por el partido Frente de Convergencia Nacional.
Los militares fueron escuchados por el jueza Claudette Domínguez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo A, y determinó ligar a proceso a 11 militares a quienes envió a prisión preventiva.
Domínguez dejó en libertad a Édgar Rolando Méndez, Carlos Humberto Rodríguez y Pablo Saucedo Mérida, argumentado que las fechas que señaló la fiscalía no concuerdan con el periodo en el que ellos estaban en sus cargos, pero otorgó tres meses al MP para realizar una nueva investigación.
