“El inicio de debate programado por el Tribunal B de Sentencia Penal, si en caso dado diera inicio al debate, cometería una ilegalidad al tratar de llevar dos juicios distintos a como se debe tramitar un proceso en Guatemala”, refirió el abogado.
Reyes, quien representa a familiares y sobrevivientes del Conflicto Armado Interno, expresó que esperan que la Sala advierta “que hay un error”. Recordó que ya habían obtenido un amparo provisional por el mismo caso, pero fue revocado por una resolución de la Corte de Constitucionalidad.
“Consideramos en representación de las víctimas que de iniciarse ese debate estaría en una ilegalidad y que puede afectar nuevamente a quienes representamos y a los acusados en el proceso por genocidio”, puntualizó.
El jurista afirmó que actúan “buscando la justicia” y pretenden que este tipo de casos consoliden el Estado de Derecho. “No queremos que se vulnere a las víctimas del conflicto armado con que se inicie un debate y al mes se suspenda porque efectivamente la Sala nos otorga una protección de amparo”, expuso.
Reyes dice que si no reciben el amparo y se comienza el proceso, más adelante podría ser detenido y eso provocaría desconfianza. “Por eso queremos que se respete el debido proceso, el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva a víctimas y acusados”, destacó.
Ríos Montt enfrentará un juicio especial por haber sido declarado incompetente y no asistirá a las audiencias. Es acusado de la muerte de 1 mil 771 indígenas ixiles, en manos de soldados que estaban a su cargo cuando fue gobernante de facto en 1982 y 1983.
El 10 de mayo de 2013 el Tribunal de mayor riesgo A, condenó al ex dictador y absolvió a Rodríguez Sánchez en este caso. Pero días después la Corte de Constitucionalidad anuló el fallo y ordenó un nuevo debate oral y público.
