Señaló que, según la Procuraduría, los funcionarios y exfuncionarios del Congreso debieron sustentar técnica, financiera y jurídicamente los beneficios económicos a los que se comprometieron y tomar en consideración las posibilidades financieras del Estado.

“Asimismo se presume que en ningún momento se observó el artículo 240 de la Constitución que estipula que toda ley, en este caso, el pacto colectivo suscrito y homologado, que implique inversiones y gastos del Estado debe indicar la fuente de financiamiento de dónde se tomarán los fondos destinados para cubrirlos”, informó.

Vela resaltó que la PGN no actúa contra la negociación colectiva, ni contra los sindicalistas, sino denuncia a los funcionarios y exfuncionarios que suscribieron el convenio.

Uno de los que firmó el pacto fue el excongresista Jorge Méndez Herbruger cuando era presidente del Legislativo.

Viola principios

La PGN envió ayer al Congreso un informe en relación con el acuerdo laboral, que señala que el pacto viola el principio de igualdad entre los trabajadores del Estado y los mismos trabajadores del Legislativo.

El documento explica que, “como se aprecia en la nómina de salarios de los trabajadores del Congreso, algunos están por encima del resto de los trabajadores del Estado, ocupando puestos de la misma categoría”.