Ahora corresponderá a la CSJ conocer el informe del pesquisidor y resolver si debe o no mantener la inmunidad de Rodríguez.
El MP involucra a Rodríguez en una red que operaba en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) para agilizar los trámites de expedientes de devolución de crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas.
La investigación determinó que la red utilizaba amparos ante un juez como una modalidad paralela para agilizar el trámite. El objetivo era que un juzgado ordenara a la SAT designar auditores y de esa manera procurar la devolución del crédito fiscal en menor tiempo.
De acuerdo con la investigación, el juez Rodríguez emitió una resolución anómala para excluir de la persecución penal a la empresa Aceros de Guatemala S.A, pero una sala dejó sin efecto su decisión.
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Por el caso Traficantes de Influencias fueron capturadas ocho personas este jueves, entre ellas el exjefe de la SAT, Rudy Villeda. Además, está señalado y sigue el proceso de antejuicio el diputado Felipe Alejos.
A pesar de la recomendación que hizo el juez pesquisidor, será la Corte Suprema de Justicia la que resuelva en definitiva si retira la inmunidad al juzgador.
Habría llegado ebrio
El juez Adrián Rodríguez, llegó en aparente estado de ebriedad a Torre de Tribunales y fue captado en video por periodistas.
Rodríguez se refugió en el sótano 1 de la Torre de Tribunales y al percatarse de que estaba siendo grabado por periodistas, agredió a un camarógrafo. Luego, Rodríguez se refugió en el área de mensajería.
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Vínculos familiares
El magistrado Roaldo Chávez es hermano del exdiputado Luis Chávez, quien fue condenado a tres años de prisión. Sin embargo, no fue enviado a la cárcel debido a que se le suspendió la pena, con el objetivo no volver a cometer ningún hecho ilícito.
Chávez Pérez fue condenado junto a la también exdiputada Mirza Arrega Meza, ambos exintegrantes del desaparecido Libertad Democrática Renovada (Líder), por presionar al exministro de Desarrollo, Leonel Rodríguez, para que les otorgara proyectos y plazas.
De acuerdo con las investigaciones, los diputados citaron en varias ocasiones al entonces ministro de Desarrollo Social, con quien negociaron plazas y proyectos para personas cercanas a los congresistas.
Rodríguez logró grabar y documentar una de las reuniones, y denunció el caso meses después.
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