“Han sucedido una serie de hechos de agresión y penalización a periodistas y contra el pueblo que se ha manifestado pacíficamente en diversos lugares”, enfatizó la organización gremial periodística en un comunicado para pedir la presencia de las entidades internacionales.
La solicitud se enmarca en la visita de una misión de exploración de la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitada por el presidente, Alejandro Giammattei, al secretario general de dicha entidad con sede en Washington, Luis Almagro, luego de las manifestaciones del sábado pasado.
Las movilizaciones fueron en su esencia pacíficas, con más de 10.000 personas que protestaron en el parque central, y un puñado de encapuchados que quemó el Congreso de la República, a menos de 1 kilómetro de distancia de la plaza.
La Policía antidisturbios respondió con fuerza a los actos violentos, que ya son sujetos de investigación para determinar responsabilidades y verificar la señalada participación de infiltrados.
En su operativo, la fuerza pública golpeó a civiles, arrestó una treintena de personas -que fueron liberados posteriormente sin cargos, debido a que la Fiscalía no pudo comprobar hechos individuales-, lanzó bombas de gas al parque, donde había familias completas, niños y ancianos y lesionó a 17 manifestantes, dos de los cuales perdieron el ojo por posible impacto de disparo de gas.
Uno de los heridos fue el fotoperiodista Carlos Sebastián, quien recibió un porrazo en el cráneo, por el cual recibió 15 puntos en un hospital.
El fotógrafo hacía su labor periodística al documentar la aprehensión de uno de los detenidos, cuando un guardia antidisturbios le rompió el equipo con su escudo y tras una reacción del comunicador el policía se abalanzó hacia él con su porra.
La APG subrayó que, a ese clima de tensión, se agregó durante la semana una denuncia del medio local elPeriódico por supuestas amenazas, intimidaciones, chantajes y agresiones a su directora, Julia Corado, “lo cual rebasa los límites de tolerancia y demuestran hacia dónde se dirigen las políticas represivas del Gobierno y los sectores más recalcitrantes del país”, indicó la entidad.
“Si no hay una intervención de organismos internacionales, especialmente del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH y del Relator para la Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de Naciones Unidas, no sería raro que procedan al cierre violento de cualquier medio o al atentado mortal contra algún periodista”, esgrimió la APG.
Según la Asociación, en los primeros once meses del Gobierno de Giammattei, entre el 14 de enero y el 14 de noviembre, se han registrado más de 125 hechos contra periodistas.
