El grupo criminal negoció sobornos por US$24.4 millones para dejar operar a la compañía, aunque al final solo recibió US$12 millones. Otros US$5.5 millones fueron entregados a otros grupos, para un total de US$30 millones, según detalla el MP.
“Una asociación que tuvo la función de interferir en distintos actos idóneos y convergentes hacia la concreción de ese proyecto, del que toda la organización obtendría lucro”, definió la Fiscalía el quehacer de esa estructura.
El círculo
Los documentos encontrados en los dispositivos de Juan Carlos Monzón, quien busca ser colaborador eficaz en otro caso, fueron claves para encontrar los indicios de quiénes y cómo operaban.
Al reconstruir la historia relacionada con la formación de la banda, Guillermo Lozano aparece como el primer operador, designado por el expresidente Otto Pérez para echar a andar el proyecto de TCQ.
Lozano le sugirió a Pérez Molina nombrar a Allan Herbert Marroquín Castillo como interventor en enero del 2012. Al mes siguiente, incluyó en el equipo como asesor a William Schwank.
Gracias a una recomendación de Baldetti, Julio Rolando Sandoval Cano asumió como subinterventor. Así quedó completado lo que la Fiscalía denomina “el círculo político de confianza en el manejo de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ)”.
Los pilotos
Lozano era algo más que un piloto que hizo vuelos para los candidatos presidenciales patriotistas en el 2011. Era uno de los socios de la empresa Aerocentro, un empresario —también amigo del exsecretario general Gustavo Martínez— a quien Pérez confió, además, la supervisión de la reestructuración en la Dirección de Aeronáutica Civil.
En agosto del 2013, Aerocentro quedó en la mira de las autoridades hondureñas, cuando una de sus naves se desvió sin autorización a La Mosquitia. Los análisis determinaron restos de droga.
Los datos llevaron a los fiscales hondureños a investigar a Haward Gilvert Suhr Castellanos, otro socio de Aerocentro. Era él, mucho más que Lozano, el piloto de confianza del binomio. Por diferencias entre sí, Pérez Molina retiró a Lozano, quien fue sustituido en sus tareas por Monzón.
nuevo negociador
En enero del 2013, el expresidente le comunicó a los directivos españoles Ángel Pérez Maura y Juan José Suárez que Monzón sería el nuevo “negociador”, durante una reunión en la Casa Presidencial.
Según el MP, como parte del trato se acordó pagar una parte de la comisión en dinero y otra por medio de acciones. En reuniones posteriores, sin embargo, Monzón llevó un nuevo mensaje: el pago debía ser en efectivo, y como fecha máxima, en octubre del 2015.
Fue pactado un plan de pagos en tres tandas, el cual estaría a cargo de Mauricio Garín.
Durante las negociaciones Juan José Suárez, directivo de TCQ, le indicó a Monzón que descontaría una parte para pagos a favor de sindicatos, a fin de acallar sus protestas.
La documentación en poder de la Fiscalía revela que fue acordado que de los US$30 millones se convino un primer desembolso de US$10 millones en el segundo semestre del 2013, un segundo pago por US$2 millones en el 2014 y US$12.5 millones en dos plazos más, entre abril y octubre del 2015. Al final, pagaron US$12 millones.
La inversión
De acuerdo con el MP, esa cantidad fue depositada en las empresas de Jonathan Chévez, quien adquirió bienes para los exmandatarios.
A Pérez le compró, por medio de terceros, la finca Los Cocos, en Taxisco, Santa Rosa, y adquirió equipo marítimo, como una lancha, por Q2 millones 88 mil.
El empresario llevaba un minucioso registro de los gastos que hacía y lo debitaba de los US$4.2 millones de cada uno.
De los fondos que Baldetti recibió fue adquirida, entre otras propiedades, la casa en el residencial Los Eucaliptos.
Penden aún cinco órdenes de captura internacionales y que sea resuelta la solicitud de antejuicio en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Douglas Charchal, por su dudosa participación en favor de TCQ y la banda criminal.
Aunque también se menciona en la investigación al magistrado de la CSJ Vladimir Aguilar, no se presentó antejuicio en su contra.
Él estaría ligado con el caso en el momento en que estuvo a cargo de la Procuraduría General de la Nación.
Reacciones
El presidente Jimmy Morales afirmó que el contrato ya no puede declararse lesivo, porque venció el tiempo.
El vicemandatario Jafeth Cabrera comentó que el proceso del contrato quedó en suspenso y que hay una contrademanda del Estado, aunque está de acuerdo con que no prosiga ese negocio.
