Justicia

Pandilleros mantienen como rehenes a 17 guardias en la cárcel “El Infiernito”

Los presos exigen a las autoridades el regreso de unos ocho "líderes" de la pandilla que en los últimos días han sido llevados a otros prisiones del país.

Representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos verifican este miércoles por la noche acciones para entablar un diálogo con los prisioneros. (Foto: PDH)

Representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos verifican este miércoles por la noche acciones para entablar un diálogo con los prisioneros. (Foto: PDH)

Presos de la pandilla Barrio 18 mantienen este jueves como rehenes a 17 guardias en la cárcel de máxima seguridad “El Infiernito”, en Escuintla, para exigir el retorno de líderes del grupo trasladados a otros penales.

Los pandilleros retuvieron inicialmente la noche del miércoles a 18 guardias, pero este jueves liberaron a una mujer policía, dijo a la AFP Marco Cabrera, representante de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el departamento de Escuintla, donde se ubica la cárcel.

Tras un acercamiento inicial con los reos se logró “que liberaran a la única mujer [guardia] que había como rehén. Eso ya es un avance”, declaró Cabrera vía telefónica.

Explicó que los presos exigen a las autoridades el regreso de unos ocho “líderes” de la pandilla que en los últimos días han sido llevados a otros prisiones del país.

“La petición concreta es que retornen a los [líderes] que se llevaron de Escuintla”, declaró Cabrera, quien urgió a las autoridades del Sistema Penitenciario (SP) privilegiar el diálogo para el rescate de los rehenes.

En la prisión se encuentran recluidos 210 reos del Barrio 18, según registros oficiales.

Bajo control

El SP por su lado señaló en un comunicado que “mantiene el control (…) tras la retención” de los guardias en el Centro de Alta Seguridad Canadá, nombre oficial de la prisión.

“El área perimetral [de la cárcel] se encuentra totalmente resguardada por agentes policiales. Hasta el momento no se reporta ningún desorden ni personas lesionadas”, indicó en el texto la institución dependiente del Ministerio del Interior.

Una funcionaria del área de Comunicación del SP dijo a la AFP que las autoridades sostienen un diálogo con los pandilleros para la liberación de los guardias.

Imágenes divulgadas por la prensa local mostraron el despliegue de decenas de policías y militares alrededor de la prisión, que ha sido escenario de motines y retenciones de policías penitenciarios.

En septiembre del año pasado, las fuerzas de seguridad liberaron sin violencia de “El Infiernito” a 10 agentes del Sistema Penitenciario que pandilleros del Barrio 18 tomaron como rehenes en represalia por el traslado de unos 40 líderes a una cárcel capitalina.

El entonces vocero del SP, Carlos Morales, comentó que los pandilleros fueron llevados a otras cárceles en un intento por frenar el cobro de extorsiones que se dirigían desde prisión.

La pandilla Barrio 18 junto a su antagónica Mara Salvatrucha se dedican principalmente a extorsionar a comerciantes y empresarios del transporte de pasajeros.

Trabajadores de comercios, choferes o ayudantes de autobuses han sido asesinados por incumplir el pago, según han denunciado las autoridades en varias ocasiones.

Con una importante presencia en Centroamérica, las pandillas y el narcotráfico, son responsables de casi la mitad de las 3 mil 500 muertes violentas que ocurren cada año en el país, según las autoridades.

El presidente Alejandro Giammattei aseguró al iniciar su mandato el 14 de enero de 2020 que impulsaría en el Congreso la tipificación de las pandillas o maras como grupos terroristas, pero el proyecto de ley se encuentra estancando en el Parlamento controlado por el oficialismo y sus aliados.

Piden deponer medidas

La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura emitió este jueves 12 de agosto un comunicado en el que instan a las autoridades del Ministerio de Gobernación y a los privados de libertad “a respetar la vida e integridad de los guardias y del resto de la población reclusa”.

Pidió a las parte deponer las medidas que ponen en riesgo las garantías constitucionales inherentes a cada ser humano.