La CSJ le dio trámite a la solicitud de antejuicio identificada con el numeral 111-2022 y señaló que “por mayoría se admite para trámite”, y se nombra juez pesquisidor a la vocal II de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Sonia Santizo.
La solicitud de antejuicio fue presentada, según un tuit de Ricardo Méndez Ruiz, director de la FCT, por el delito de “prevaricato (entre otros) por haber aplicado la prisión provisional de forma reiterada; figura que no existe en el Código Procesal Penal”.
Esto es por haber enviado a juicio a nueve exmilitares y expolicías por asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno de Guatemala (1960-1996), en el caso conocido como Diario Militar.
Miriam Nineth Ramírez Gálvez, de la Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), dijo que la conferencia de prensa fue para mostrar su apoyo y dar a conocer un comunicado de respaldo al juez Gálvez, por la persecución que hay contra su trabajo.
El comunicado menciona que el incremento de las amenazas a la integridad e independencia judicial contra el juez Miguel Ángel Gálvez, a cargo del Juzgado de Mayor Riesgo B, las cuales se intensificaron a partir del 6 de mayo de 2022, cuando resolvió enviar a debate oral y público a 9 exmilitares y policías acusados de desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, violencia sexual y asesinatos cometidos durante el conflicto armado interno, resolución dictada en el caso conocido como Diario Militar.
Añade que les causa profunda preocupación la admisión de la solicitud de antejuicio interpuesta “a través de una denuncia espuria, con intenciones claras de violentar la independencia judicial de juezas y jueces que conocen casos de alto impacto”.
Agrega el comunicado que dichas denuncias provienen de “actores con evidentes nexos con el pacto de corruptos y criminal, quienes pretenden obstaculizar el derecho al acceso de justicia de las víctimas, así como darle continuidad al debilitamiento del sistema judicial”.
“La indignación que nos generan las acciones ilegales y espurias, las cuales evidencian el continuo de la obstrucción de la justicia y el derecho a la verdad de miles de víctimas y sobrevivientes, quienes por más de tres décadas siguen esperando respuestas a sus demandas, por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su contra por las fuerzas de seguridad del Estado que actuaron de manera clandestina e ilegal”, cita el comunicado.
Solidaridad
El documento también establece que son solidarios con las y los familiares de víctimas del Caso Diario Militar, y que esperan que sus demandas no se queden en un limbo legal por acciones que pretenden menospreciar su palabra, mantener la impunidad para que la historia no se conozca, ni se juzgue y continuar con las políticas de olvido.
Respaldo a jueces
La organizaciones también mencionan que respaldan a juezas, jueces y operadores de justicia que llevan a cabo su quehacer en un clima de amenazas, represión, cierre de espacios democráticos y de utilización de las instituciones para perseguir penalmente a quienes trabajan para que la impunidad y la corrupción no sean la norma en el país, como lo fue en los años más oscuros de la historia reciente guatemalteca.
Exhortaron a la comunidad internacional a que esté atenta al acontecer político y social de Guatemala para que los retrocesos en el ejercicio de los derechos humanos no lleguen a un punto de no retorno.
“Les pedimos que sigan acompañando a las víctimas del terrorismo de Estado en su anhelo y exigencia de que se respeten las garantías de no repetición para que ninguna persona viva el horror de la represión, nunca más”, se lee en el documento.
Instan a la población en general a que se informe responsablemente, observe, analice y proponga acciones en defensa del Estado de Derecho, donde la justicia se aplique de manera pronta, efectiva e imparcial, y no se vulneren los derechos humanos de y todos.
Situación preocupante
Héctor Reyes, director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), expresó que es preocupante la situación que viven no sólo los operadores de justicia sino también líderes y lideresas en el interior del país y señaló a la Fundación Contra el Terrorismo como uno de los promotores de estos procesos.
Recordó que activistas y defensores de derechos humanos y líderes que están en los territorios también tienen denuncias espurias y hay una alta criminalización contra ellos, pero ahora se ha sumado la situación en el sistema de justicia.
Recalcó que los operadores de justicia probos están siendo perseguidos por la FCT, que es quien está articulando esa persecución penal con la complicidad de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, específicamente la CSJ, quien en lugar de declarar sin lugar las denuncias espurias, les dan trámite, nombra jueces o juezas pesquisidores, que según él, son parte de esa mismo sistema de impunidad judicial.
Quieren sacar a los jueces
Señaló que esas condiciones se dan para que sea declarada con lugar el antejuicio y que el juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar sea separado del cargo, tal y como ocurrió con el juez Pablo Xitumul, presidente del Tribunal de Mayor Riesgo C, quien está fura mientras soluciona su situación jurídica.
“Definitivamente lo que están buscando es separar a estos jueces y juezas independientes de su judicaturas, mientras resuelven su situación jurídica sabiendo que en Guatemala para resolver una situación de ese tipo, que es eminentemente política, tardarán mucho tiempo en resolverlo”, afirmó Reyes.
Comentó que es muy preocupante la situación que se está dando y mencionó que hay que observar todas y cada una de las instancias que se dan, pues hay que tomar en cuenta que la Corte de Constitucionalidad abiertamente responde a ciertos intereses.
“El camino es bastante delicado, porque no hay una salida jurídica a esos casos, simplemente van a haber resoluciones contrarias y eso va a dañar al sistema de justicia”, puntualizó Reyes.
Recordó que otros jueces como Erika Aifán y operadores de justicia como el exjede de la Fiscalía contra la Impunidad (Feci), del Ministerio Público, Juan Francisco Sandoval, se han ido al exilio por la persecución política y jurídica promovida por organizaciones y fundaciones como la Fundación contra el Terrorismo.
“Estamos ante una dictadura… ya estamos frente a una dictadura de Estado donde todos los organismos van a hacer comparsa de lo mismo, entonces cualquier solicitud de este tipo, cualquier situación que se dé contra ciertos jueces van a ser perseguidos penalmente”, señaló Reyes.
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Persecución jurídica y política
Comentó que lo que vive el juez Gálvez es una persecución política-jurídica, la cual tienen para ciertos jueces, pues ha resuelto en casos de graves violaciones a los derechos humanos, pero también en casos como La Línea en donde están señalados el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
“Sabemos que la factura que le están tratando de colocar al juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar es una factura muy alta por todos los casos del presente como los casos de justicia transicional que ya llevado”, afirmó.
Reyes comentó que están a la espera de medidas cautelares provisionales que se están pidiendo a la Corte Interamericana y esperan que sean emitidas a favor del juez Gálvez.
Manuel Farfán, también de Famdegua, aseguró que están en reuniones con los familiares con las organizaciones para tomar decisiones y acciones prontas.
