Las organizaciones firmantes son Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Impunity Watch, Plataforma Internacional contra la impunidad, Robert F. Kennedy Human Rights, la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala/EE. UU. (GHRC) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
“Las organizaciones internacionales expresamos nuestra preocupación por los constantes ataques en contra de la independencia de la Corte de Constitucionalidad (CC)”, agregaron.
Las entidades afirman que “los magistrados no pueden ser perseguidos por sus resoluciones, ya que ésta es una garantía esencial para el ejercicio independiente de sus funciones”.
Asimismo, las organizaciones dijeron que la Corte Suprema de Justicia “debe rechazar in límine” la querella porque atenta contra la independencia judicial y “claramente se trata de una represalia de algunos diputados del Congreso en contra los magistrados de la CC, por la resolución que suspendió el trámite legislativo de la iniciativa 5377 sobre las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional”.
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Añaden que: “la resolución de la Corte de Constitucionalidad es coherente con la Constitución y con los estándares internacionales que prohíben la amnistía en casos de graves violaciones a derechos humanos”.
La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional a las víctimas del conflicto armado interno “ante el inminente riesgo” de que la iniciativa de ley 5377 fuera aprobada y cobrara vigencia, “con lo cual hubieran quedado en libertad inmediata acusados de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad”.
El 12 de marzo de 2019 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) le ordenó al Estado de Guatemala interrumpir el trámite legislativo y archivar la iniciativa de ley 5377 que pretende reformar la Ley de Reconciliación Nacional.
“Todos los organismos del Estado están obligados a acatar la resolución de este alto tribunal internacional y a garantizar justicia a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, bajo advertencia de que, en caso de incumplimiento, generarán nuevas responsabilidades internacionales al Estado guatemalteco”, manifiestan las organizaciones.
“Finalmente le recordamos a las autoridades guatemaltecas que, en el marco del estado de Derecho, todos los órganos del Estado deben respetar la independencia judicial de las cortes y cumplir las resoluciones que estas emitan”, enfatiza el pronunciamiento.
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