Organizaciones civiles recomiendan no aprobar las reformas a la ley de la PNC
Análisis de sectores sociales refiere que reformas concedería un poder total de seguridad a la PNC y causaría conflictos con otras entidades de seguridad.
La Alianza por un Congreso Eficiente elaboró un análisis en el que se exponen las razones por las que no es aconsejable aprobar las reformas a la ley de la Policía Nacional Civil (PNC). Argumentan que no hay fuentes de financiamiento para cumplir los objetivos, que varios artículos propuestos solo generarán conflicto y contradicen lo estipulado en la Constitución Política de la República de Guatemala.
Según el comunicado emitido por la alianza conformada por Guatemala Visible, el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien) y la entidad civil, Fíjate Bien, la iniciativa de ley 6015 que cuenta con un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso, busca reemplazar por completo la ley de la PNC mediante 90 artículos, sin contemplar medidas de transición.
Las organizaciones expresan que resulta “preocupante” si se aprueban las reformas, debido a la amplitud organizativa, logística, regulatoria y sobre todo presupuestaria que conllevan.
En la normativa se pide al Organismo Judicial que elabore 20 reglamentos en un periodo de seis meses, lo que, según la alianza, “podría significar una carga” laboral para ese organismo.
Poder total
La propuesta de ley determina que la PNC será la única institución policial del Estado, en el documento emitido por las organizaciones se indica que esto implicaría un monopolio en el uso del término “policial” y contrastará con una policía militar ambulante.
“Decir que la PNC es la institución responsable de garantizar la seguridad pública puede implicar un desplazamiento de las demás fuerzas de seguridad”, acotaron en el comunicado.
Agregaron que aprobarse la iniciativa, se norma que la PNC tenga competencia para investigar la comisión de delitos y faltas, lo que generaría descoordinación, conflicto y duplicará las atribuciones de la Dirección General de Investigación Criminal.
También reiteran que en el artículo 14 de las reformas se estipula que ningún otro ente del estado, autónomo, semiautónomo o descentralizado, puede ejercer funciones exclusivas de la PNC.
En ese sentido, exponen que hay riesgo de la autonomía municipal, si estas se se subordinan ante la PNC, como lo establecen las reformas, en el contexto de que la institución policial colaborará para investigar faltas o delitos
“Se generaría tensiones entre las diferentes autoridades de seguridad”, afirman.
Prestaciones
Las prestaciones laborales para el personal policial aumentarían y contarían con alimentación, hospedaje, asistencia social, escalafón, defensoría social prioritaria, tratamiento médico para la familia, seguro de vida, uniformes, salarios para detenidos y 30 días de vacaciones, entre otros. El análisis dice que dichas prestaciones son aspiracionales y superan la disposición de la ley de servicio civil.
“Su implementación tendría un impacto financiero considerable en el presupuesto público”, afirman.
Agregaron: “Un tema preocupante es el escalafón policial, en los artículos 50 y 51 que se define como un aumento automático del cinco por ciento cada dos años sobre el salario líquido de los efectivos, lo cual podría afectar financieramente”.
La ley estipula que la PNC tenga independencia financiera, lo que la Alianza califica de impracticable al ser una entidad dependiente del ministerio de Gobernación, y enfatizan que, al prohibir la reducción del presupuesto asignado a la PNC, se violaría el artículo 171 de la Constitución Política”.
Dentro de las reformas se establece que el sistema educativo policial incluirá un programa de profesionalización con nivel de educación superior y carácter obligatorio. Sin embargo, al decir “educación superior”, dicen que podría contradecir el artículo 82 de la Constitución, que otorga dicha prerrogativa a la universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Avance
El 10 de septiembre último, la Comisión de asuntos de Seguridad Nacional del Congreso le dio dictamen favorable a la iniciativa para crear una nueva Ley de la Policía Nacional Civil con procedimientos de ascensos, promociones, carrera policial y régimen de control.
Esta iniciativa surgió al considerar que la ley actual, creada en 1997, ya quedó relegada ante las nuevas necesidades de seguridad en la población, por lo que entre los puntos importantes que pretende dicha iniciativa de ley es el de modificar su organización. Con dictamen favorable, la iniciativa debe llegar al pleno del Congreso para ser aprobada.
De acuerdo con lo iniciativa, se creará una estructura orgánica que contará además de la Dirección General con Dirección Administrativa, Dirección Operativa, Dirección de Inspectoría y Direcciones Regionales, con lo que se buscar hacer más efectivo el trabajo de la PNC. La iniciativa propone división territorial por regiones, en lugar de distritos como como se encuentra en la actualidad.
También se incluye que todos los integrantes de la PNC reciban formación en la Academia de la Policía donde “se les proporcionará una preparación básica, una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos, a la democracia y obediencia de ley”; además, se reglamentarán las políticas de reclutamiento y administración personal.
Agrega que la carrera policial se desarrollará “ampliamente” y contemplará el ingreso, profesionalización, permanencia, escalafón, promoción y ascensos del personal de la PNC.
“Mediante la creación del escalafón sus integrantes podrán recibir salarios dignos y apropiados a su función y medidas adecuadas de prevención social. La nueva propuesta hace énfasis y fortalece los criterios de mérito, evaluación del desempeño y antigüedad entre otros”, detalla la iniciativa.
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