“Es una verdadera vergüenza para la Justicia guatemalteca lo que están haciendo con la prisión provisional“, dijo Sagastume Gemmell a periodistas tras visitar en la cárcel a la exfiscal anticorrupción del Ministerio Público Virginia Laparra.
“La prisión preventiva no puede ser utilizada para perseguir personas y eso es lo que están haciendo aquí lamentablemente“, añadió el jurista.
Laparra se encuentra detenida desde el 23 de febrero, hace casi dos meses, en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, en la Ciudad de Guatemala, donde está sin libertad junto a otros 250 reos, algunos de ellos imputados por la misma exfiscal.
La abogada, que no tiene acceso a más de una hora de sol diaria según denunciaron diversas fuentes, está acusada por una decisión a su cargo cuando era fiscal en 2019 al solicitar una denuncia administrativa, por lo que ha reiterado desde prisión en una carta que “eso no es un delito”.
Laprra fue parte de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad del Ministerio Público, que entre 2014 y 2020 emprendió una histórica lucha contra la corrupción en el país centroamericano que imputó a más de 200 personas entre altos funcionarios y miembros de la élite empresarial.
Sin embargo, en 2021 dicha fiscalía fue desarticulada por decisión de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, y sus trabajadores, a juicio de expertos y diversos sectores sociales, han sido perseguidos de manera criminal.
Es por ello que más de 15 operadores de justicia guatemaltecos entre exfiscales y exjueces se encuentran exiliados en el extranjero, la mayoría de ellos tras haber salido de Guatemala en las últimas semanas.
La acusación del Ministerio Público en contra de su extrabajadora es por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones, según la misma entidad.
“Le vengo a preguntar con todo el respeto, especialmente al Colegio de Abogados, ¿qué están haciendo por esta situación?”, añadió Sagastume Gemmell, quien dijo que la entidad que representa elaborará un informe sobre la situación en la que se encuentra Laparra.
La organización humanitaria Amnistía Internacional aseguró el pasado 28 de marzo en su informe anual que en Guatemala se utiliza “cada vez más” una “estrategia” de “criminalización” en contra de todos aquellos que luchan por la justicia en el país centroamericano.
