El Tribunal Octavo emitió una sentencia condenatoria contra Laparra de cuatro años de prisión conmutable, lo que significa que pagando una multa relativa al delito podría recuperar su libertad, pero esta opción no está vigente para la exfiscal porque después de dicha condena, el MP le abrió un segundo expediente, por presuntamente divulgar información bajo reserva.
En 12 meses de detención el estado de salud de Laparra se ha deteriorado y ahora necesita una intervención quirúrgica, pero todavía no se la programan.
Mientras el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (Igss) le agendo una cita para evaluar su estado de salud para mayo próximo, el Hospital General San Juan de Dios sigue sin emitir un informe médico.
El caso de la exfiscal ha llamado la atención de organizaciones nacionales y extranjeras. Una delegación de Amnistía Internacional ha visitado el país esta semana con la intención de visitar a Laparra y conocer de cerca el proceso penal, sin embargo, el Organismo Judicial no permitió la visita a la cárcel de Mariscal Zavala, donde guarda prisión la exfiscal.
Adeline Nau, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, conversó con Prensa Libre y explica las impresiones que se llevan del caso de Laparra, declarada por la organización como presa de consciencia.
¿Por qué consideran que Virginia Laparra es una presa de consciencia y qué significa?
Se trata de una persona que está privada de la libertad; ya sea en la cárcel o en un arresto domiciliario, y qué es solamente por defender los Derechos Humanos, por defender una causa o por una opinión.
Después de todo un análisis que hemos realizado nos permite llegar a esta conclusión. El efecto para Amnistía Internacional cuando declara a una persona “presa de conciencia” es que pide la liberación inmediata. Todo esto porque no hay ningún motivo real, serio u objetivo que pueda justificar que está persona esté en la cárcel o detenida.
¿Declarar a un preso de conciencia es común, o son casos poco usuales?
Es poco común. Para Guatemala la última vez que declaramos a una persona presa de conciencia fue en la situación de Bernardo Caal, declarado preso de conciencia en julio de 2020, pero por la pandemia no lo habíamos podido visitar.
En esa ocasión sí nos habían dado permiso de visitarlo a la cárcel y logramos entrevistarlo un poco antes, a finales de 2019.
¿Cómo se percibe fuera de Guatemala el caso de Virginia Laparra?
Se percibe como una total injusticia, así lo hemos analizado como Amnistía Internacional. Es una persona que estaba realizando sus labores de manera independiente.
Existen violaciones contra Virginia en sus derechos humanos, eso nos da una lectura desde lo absurdo, de cómo se le niegan y se violan sus derechos humanos como venganza por haber realizado su trabajo de manera independiente, y por personificar de alguna manera esa lucha contra la corrupción e impunidad.
¿Han encontrado otros casos similares a Virginia Laparra en Guatemala?
Vemos muy preocupante lo que llamamos el uso indebido del Derecho penal, la criminalización. No hemos evaluado a profundidad cada caso, pero hemos escuchado de muchas situaciones.
Personas defensoras de Derechos Humanos, periodistas, jueces, fiscales, quienes han sido suspendidos por antejuicios o que enfrentar cargos o denuncias. También hay personas que han tenido que salir de Guatemala, temiendo ser objeto de algún tipo de criminalización porque no tienen fe que se respeten sus derechos en esos procesos.
¿El proceso en contra de Virginia Laparra es el propio de un país democrático?
Esto no pasaría en un Estado que tiene una justicia independiente e imparcial, que garantiza los derechos humanos de quienes justamente llevan a cabo, día a día, ese trabajo por la justicia.
Luego de esta visita de Amnistía Internacional a Guatemala ¿Cuál es el siguiente paso?
Amnistía Internacional continuará haciendo incidencia en el caso de Virginia Laparra fuera de Guatemala, por el derecho a defender derechos humanos, por la independencia judicial en espacios de denuncia y monitoreo. También seguiremos de cerca el estado de salud de Virginia Laparra y haremos llamados a las autoridades recordándoles cuáles son sus obligaciones en materia de derechos humanos.
En julio, en la sesión del Consejo de Derechos Humanos, se va a adoptar el examen periódico universal a Guatemala. A finales de enero fueron las autoridades a Guatemala y ahí fue examinado en el marco de Naciones Unidas.
Rechazan medidas
Desde que Virginia Laparra fue detenida su equipo legal ha solicitado sin éxito en seis ocasiones una medida sustitutiva de arresto domiciliar, argumentando serios problemas en su salud.
La detenida sufre de una hemorragia vaginal “que si no se trata a tiempo, se puede complicar”, explicó Claudia González, abogada defensora quien señaló que fue gracias a un dictamen del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), que se le autorizó una revisión en un hospital público.
“Virginia ha estado en exámenes de laboratorio y exámenes de sangre. En el San Juan de Dios le pidieron como requisito tener dos donadores de sangre, por eso se han estado llenando los requisitos. Lo que estamos es a la espera es que un médico determine cuándo será la intervención”, señaló la abogada.
En diciembre Laparra sufrió anemia por tener una pérdida de sangre considerable, explicó su abogada, pero además también tiene padecimientos relativos a la presión. González afirma que el estado de salud de su clienta es delicado y no visualiza argumentos para negarle la medida.
“Nosotros consideramos que es un ensañamiento intencional por parte del sistema de justicia; tanto el MP que se opone, el mismo relator contra la Tortura, que es querellante adhesivo, ha hecho menosprecio de la salud de Virginia, y los jueces sin argumentos serios dicen que ella se podría escapar o que podría obstaculizar”, explicó.
“Como es posible que hay otros sindicados a quienes les dan medida o que utilizan cabestrillo y se les permite ir a su médico de confianza, pero a Virginia se le niega cada solicitud que su defensa hace solo para garantizar su vida. El sistema no está funcionando de manera igualitario, hay discriminación contra Virginia, y detectamos tortura porque se le está sufrir una serie de cuestiones médicas”, concluyó la abogada.
Al ser consultado al respecto la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), el equipo de comunicación social de la dependencia explicó que se han atendido a los abogados defensores de la Laparra, y que le han dado seguimiento a las solicitudes hechas.
“Las acciones desarrolladas por las Defensorías de la Procuraduría de los Derechos Humanos buscan que no se le niegue y tampoco se le vede la atención a la salud; sin embargo, quien decide la atención a la ex fiscal Virginia Laparra, es el órgano jurisdiccional a cargo del proceso”, dijo la PDH.
