Las dos enmiendas fueron impulsadas por el legislador oficialista Cándido Fernando Leal Gómez, quien preside la Comisión de Finanzas y Moneda, con las cuales dejó fuera a 18 organizaciones, entre estas la Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica.
Las otras 17 también brindaban acompañamiento a sobrevivientes de violencia a través de los Caimus, y ahora, para optar a recursos del Gobierno, deberán cumplir con una serie de requerimientos y disposiciones legales.
Los Caimus son creados, acompañados, asesorados y monitoreados por la Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujer, ente gubernamental que está obligado al fortalecimiento institucional, los artículos 16 y 17 de la Ley contra el femicidio y todo tipo de violencia contra la mujer.
Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos advierten de que el Estado incumplirá con compromisos nacionales e internacionales en materia de violencia contra la mujer, y al dejar fuera a las organizaciones demuestra poca voluntad política de frenar este problema, con lo cual las víctimas quedarán desprotegidas.
Descartada totalmente
El panorama es complejo para la Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica, al quedar descartada del presupuesto 2023, por lo que se ha visto obligada a localizar a más de 2 mil 500 usuarios a quienes les ha brindado apoyo legal para devolverles su expediente busquen un abogado para continuar con su proceso.
La asesoría legal que brinda la Fundación es gratuita, así como el acompañamiento psicológico y resguardo de víctimas en una casa refugio en la que se encuentran víctimas de trata de personas, de persecución de grupos del narcotráfico, pandillas y de esposos violentos, al cerrar los servicios “se le está negando sobre todo a mujeres, niñez y adolescentes, servicios gratuitos de calidad, especializados”, expuso Claudia Hernández, directora de esa organización.
“No afecta a la Fundación directamente, sino que es a la población beneficiada del servicio”. En la atención psicológica los especialistas abordaban “traumas por violencia, pero también los casos que eran referidos por los juzgados de la niñez y la Procuraduría General de la Nación para darle tratamiento a menores”, agregó.
Durante 16 años la Fundación Sobrevivientes, con fondos del Estado, ha brindado atención a más de 35 mil personas. Estos servicios incluyen, asesoramiento legal a más de 13 mil; acompañamiento psicológico a unas 14 mil y resguardo en la casa refugio a más de 1 mil 800 mujeres víctimas de violencia y otros delitos.
En el proyecto de presupuesto 2023 que tenía dictamen favorable de la Comisión de Finanzas y Monedas, la organización contaba con una asignación por Q4.5 millones, según detallaba el artículo 124, numeral 18. Las modificaciones también incluyeron aumentos para la Cruz Roja Guatemalteca, Q2 millones, y para la Liga Guatemalteca contra las enfermedades del corazón, Q2.5 millones.
El diputado Leal no respondió las llamadas de teléfono ni los mensajes de texto dejados a su celular.
Las cifras
De acuerdo con datos de la organización Diálogos, de enero a agosto de 2022 fueron presentadas 23 mil 256 denuncias de mujeres víctimas de violencia física, psicológica y económica, según datos proporcionados por el Ministerio Público (MP).
Directora, Fundación Sobrevivientes
Diálogos detalló que la mayoría de los hechos violentos se han dado en el domicilio particular y otros en espacios abiertos como calles, parques y transporte público.
Mientras que las denuncias por violencia sexual de enero a octubre suman 10 mil 112, de las cuales el 62 por ciento —seis mil 287— es por violación, por agresión sexual se presentaron tres mil 56, mientras que por otros actos de violencia sexual 769.
Los lugares de más incidencia de violaciones se ubican en el departamento de Guatemala, la capital, Villa Nueva y Mixco. Seguidos de Quetzaltenango, San Juan Sacatepéquez y Escuintla.
Los femicidios registrados de enero a septiembre de 2022 suman 92 y las muertes violentas de mujeres 366, entre las que se incluyen asesinato, ejecución extrajudicial, homicidio, homicidio cometido en estado de emoción violenta, homicidio preterintencional, infanticidio y parricidio.
Incumplimiento y poca voluntad
Al excluir a las 17 organizaciones que brindan acompañamiento a las víctimas de violencia, “deja desprovista la atención que las organizaciones de mujeres especializadas pueden brindar y con esto se incumple una responsabilidad del Estado”, indicó Linsley Tillit, representante de la Asociación Mujeres Alas de Mariposa.
Tillit resaltó que es responsabilidad del Estado garantizar los recursos para la atención para la violencia contra las mujeres, ya que es parte de compromisos nacionales e internacionales. Estas exclusiones, añade, demuestran la “la poca voluntad política del Gobierno”.
Subrayó que los constantes cambios en el Viceministerio de Prevención de Violencia y el Delito del Ministerio de Gobernación “no deja que los procesos tengan continuidad” y con ello se garantice una atención adecuada a las víctimas de violencia.
Las fundaciones que fueron excluidas:
- Asociación Generando Equidad, Liderazgo y Oportunidades
- Asociación Grupo Integral de Mujeres San Juaneras
- Asociación IxoqChajib´Ja
- Asociación Nuevos Horizontes
- Asociación para la promoción, investigación y educación en salud en el Occidente de Guatemala
- Asociación de Justicia de Alta Verapaz
- Asociación Multicultural de Mujeres para el Desarrollo Integral y Sostenible
- Asociación para el desarrollo Integral de las Mujeres zacapanecas
- Asociación de Mujeres de Occidente
- Asociación de Mujeres Luqueñas para el desarrollo Integral
- Asociación de Mujeres Alas de Mariposa
- Asociación el Despertar de Mujeres de Oratorio
- Asociación de Mujeres Innovadoras Taxistecas
- Asociación de Mujeres en Acción Neosantarroseñas
- Asociación Por Nosotras Ixmukane
- Asociación de desarrollo Integral y Beneficio social para la familia guatemalteca
- Asociación de desarrollo Integral y protección de mujeres organizadas de Sacatepéquez
- Fundación Red de Sobrevivientes de Violencia Doméstica
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