Williams se refiere a casos como el de la esclavitud sexual en la comunidad de Sepur Zarco, por el que fueron condenados dos militares, o el juicio por genocidio contra el general golpista Efraín Ríos Montt, actualmente suspendido de forma temporal.
Los abusos sexuales como táctica de guerra son una realidad en todos los conflictos armados, por eso, señala Williams, el caso de Sepur Zarco “es tan importante”: por primera vez un Tribunal nacional juzga delitos internacionales de lesa humanidad.
Un hito histórico que ayuda a romper el círculo de la violencia y transformar el papel de “víctimas” en el de “supervivientes” .
La sentencia, dictada el pasado mes de febrero, logró condenar al teniente coronel retirado Esteelmen Francisco Reyes Girón a 120 años de prisión y al excomisionado (colaborador civil) del Ejército Heriberto Valdéz Asij a 240 por “un daño irreparable” a “toda una población” .
Ambos fueron responsables de delitos de lesa humanidad, desaparición forzada y asesinato durante el conflicto armado interno en Guatemala (1960-1996) por someter a esclavitud sexual a 15 mujeres de la etnia maya qeqchi.
La resolución judicial incluye además medidas de reparación como la construcción de un centro educativo de grado medio, otro de salud, la dotación de becas a todos los alumnos o la investigación de otros posibles delitos cometidos durante aquella época.
El cumplimiento de estas es al día de hoy la nueva lucha de las mujeres de Sepur Zarco: “es hora de empezar a ver un plan fijo, claro y transparente”, advierte Williams, quien el pasado viernes exigió una reunión con el presidente del país, Jimmy Morales, para fijar una hoja de ruta.
“No confío en muchos Gobiernos, ¿por qué voy a confiar en éste?”, se pregunta la activista, una mujer para quien la sociedad civil es el único motor del cambio: “Los Gobiernos no hacen nada si no hay presión. Ahora el Gobierno -de Guatemala- está sintiendo presión por los casos de Ríos Montt y de Sepur Zarco”.
El primero, en el que se juzga el asesinato de 1 mil 771 indígenas ixiles en el departamento noroccidental de Quiché entre 1982 y 1983, fue suspendido esta semana.
La celebración de ambos juicios enardeció la discusión entre defensores y detractores de los militares y fueron varias las voces que alertaron de los peligros de una polarización social.
“La gente que no quiere hablar del pasado son las mismas personas que tienen miedo del pasado por lo que hicieron (..) Saben que si hay más casos como el de Sepur Zarco tal vez les va a llegar a ellos”, tercia Williams, distinguida con el premio Nobel de la Paz en 1997.
Las injerencias del expresidente Otto Pérez Molina, en prisión preventiva por varios casos de corrupción, en defensa de Ríos Montt y el respaldo explícito del estamento militar en el Gobierno de Morales son, para la activista, motivos de preocupación: “En este país siempre ha habido un matrimonio entre la gente con lana (dinero) y los militares. Ahora los militares alguno tiene lana también”.
Además la principal amenaza para el futuro del país centroamericano sigue siendo el machismo y la discriminación, esa que deshumaniza a los indígenas, como los hutus llamaban a “exterminar a las cucarachas” tutsis durante el genocidio en Ruanda o los radicales budistas que confinan al exterminio a los rohingyas en Birmania.
Para algunos, señala Williams, “los mayas ni siquiera son personas” y ante eso sólo cabe una respuesta: “educación” .
