“No descansaré hasta que se haga justicia”: expatrulleros van a juicio por violencia sexual contra 30 mujeres

Un tribunal de mayor riesgo de Guatemala inició este martes 28 de enero el juicio a tres exintegrantes de una fuerza paramilitar por los delitos de violencia sexual cometido contra más de 30 mujeres mayas del pueblo Achí, ubicado al norte del país, en la década de 1980 durante el conflicto armado interno.

El Ministerio Público (MP) narró ante el Tribunal de Mayor Riesgo B que los exintegrantes de las patrullas de autodefensa civil abusaron sexualmente de forma repetida contra al menos cinco mujeres que permanecieron detenidas en un cuartel militar por más de 25 días, en Rabinal, Baja Verapaz.

Los acusados son Pedro Sánchez, Simeón Gómez y Félix Tum, quienes en 2019 fueron dejados en libertad por una jueza, pero enfrentan de nuevo un debate debido a que la defensa de las víctimas accionó una apelación que fue aceptada por considerar que la liberación de los paramilitares fue arbitraria.

“Las mujeres llevan 40 años buscando justicia y que se reconozcan los daños irreparables que sufrieron entre 1980 y 1983”, indicó Lucía Xiloj, defensora de las mujeres Achí.

En enero de 2022, otros cinco patrulleros fueron condenados a más de 30 años de prisión por violencia sexual contra 36 mujeres de Rabinal y se convirtió en la cuarta sentencia contra integrantes de las fuerzas armadas de Guatemala por vejámenes sexuales cometidos en el conflicto armado interno (1960-1996).

Este martes en el inicio del juicio, Paulina Ixpatá, una de las víctimas del caso, indicó a la prensa que “no descansaré hasta que se haga justicia” y agregó que confía en que el tribunal a cargo del caso actúe conforme a derecho.

El conflicto armado interno de Guatemala, que duró 36 años, dejó más de 250 mil víctimas entre muertos y desaparecidos, según el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

Durante 2024, la Fiscalía de Guatemala, dirigida por Consuelo Porras -sancionada internacionalmente por señalamientos de corrupción-, removió a más de 12 fiscales que investigaban delitos de guerra contra altos mandos del Ejército.

Testimonios

La fiscal Paula Herrarte Chacón, de la Fiscalía de Derechos Humanos, inició con la sindicación de hechos contra los acusados y detalló durante el debate como habrían ocurrido los hechos.

De acuerdo con la acusación, era la tarde del domingo 25 de septiembre de 1983, cuando Paulina Ixpatá habría sido detenida por Felix Tum Ramírez, quien era patrullero de autodefensa civil, y quien era acompañado por soldados del ejército de Guatemala.

La detención de Paulina ocurrió en la plaza central de Rabinal, Baja Verapaz, posteriormente fue trasladada hacia el destacamento militar, ubicado en el referido municipio.

Ella y otras mujeres fueron encerradas en un cuarto, lugar donde el sindicado Pedro Sánchez junto a otros elementos del Ejército las habrían obligado a tener relaciones sexuales, mediante el uso de violencia física y psicológica, según declaración de la víctima. Dichos actos fueron recurrentes durante 25 días.

Pedrina Ixpatá también habría sido retenida por Tum Ramírez y fue obligada a tener relaciones sexuales. Por estos hechos, Pedrina habría quedado embarazada, meses después sufrió un aborto.

Otro de los sindicados, Simeón Enrique Gómez, según la investigación, se le atribuye que es el responsable de participar en la violación de Margarita Alvarado Enríquez.

Las pesquisas indican que la víctima, en noviembre de 1981, se encontraba lavando ropa en un río de la comunidad Xococ, Rabinal, Baja Verapaz, cuando el acusado llegó junto a patrulleros de auto defensa civil y soldados del Ejército.

Según testimonio de la víctima, ellos habrían esperado que terminara de lavar, posteriormente la siguieron hasta su vivienda, al llegar no permitieron que tendiera su ropa, ingresaron sin autorización a la residencia de la agraviada de forma violenta con el objetivo de supuestamente realizarle un interrogatorio.

Las preguntas iban relacionadas a ubicación de su esposo, quien habría sido desaparecido con anterioridad. La víctima señaló que desconocía de su paradero y luego le ordenaron que se quitara la ropa mediante amenazas del uso de armas de fuego, mismas que fue colocada en la cabeza de la víctima.

Como la víctima no accedió a quitarse la ropa, insistieron con la orden. Según la acusación, Enrique Gómez, obligó a Margarita a tener relaciones sexuales, además de los patrulleros de auto defensa civil y los soldados del Ejército de Guatemala.

El relato de la víctima indica que fue golpeada en el estómago con las armas que portaban los señalados, le repetían que si no se dejaba la matarían. La víctima se encontraba en período de gestación cuando ocurrieron los hechos.

Audiencias

El tribunal indicó que debido a la cantidad de pruebas que forman parte de la carpeta judicial y para avanzar en el debate, se tiene previsto realizar dos audiencias por semana. Se dio a conocer que durante febrero se programaron las fechas 4, 5, 11, 12, 18 y 19 de ese mes para el desarrollo del juicio.

El debate continuará el próximo 30 de enero.