El “repentino nombramiento” de Rafael Curruchiche como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) “no agrega confianza en la capacidad del organismo para investigar y procesar de forma independiente los casos de corrupción”, dijo a periodistas el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.
“Nuestra posición sigue siendo que es fundamental que la Feci pueda funcionar y que sus fiscales y analistas estén facultados para seguir investigando casos para mantener la lucha contra la corrupción en Guatemala”, afirmó.
“Cualquier interrupción de las investigaciones por motivos políticos no tiene cabida en un sistema democrático abierto y fuerte”, agregó.
Curruchiche, exfiscal de Delitos Electorales, fue acusado de corrupción por legisladores opositores, en medio de informes que alegan que ofreció protección a empresarios sospechosos de financiamiento político ilegal.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, nombró a Curruchiche el martes tras destituir abruptamente al anterior fiscal anticorrupción, Juan Francisco Sandoval.
Tras ser removido el 23 de julio, Sandoval dijo que encontró muchos obstáculos en su labor, y que se le pidió no investigar a Giammattei, sin el consentimiento de Porras.
Sandoval, a quien el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, le había entregado un premio a principios de año por su trabajo contra la corrupción, huyó de Guatemala después de su despido expresando temor por su seguridad.
Desde la salida de Sandoval, Guatemala ha vivido jornadas de protestas que exigen la renuncia de Giammattei y Porras.
La decisión de la fiscal de remover a Sandoval por falta de apoyo a su gestión fue duramente criticada por Estados Unidos, organismos internacionales y organizaciones guatemaltecas.
El gobierno de Joe Biden anunció la semana pasada la suspensión de su cooperación con la Fiscalía General de Guatemala, luego de que Blinken denunciara que la destitución de Sandoval “socava el Estado de derecho y empodera a las fuerzas de la impunidad”.
La administración Biden considera la lucha contra la corrupción clave en su estrategia para frenar la migración masiva de centroamericanos, que se ha convertido en un importante problema político en Estados Unidos.