Justicia
Cómo los hermanos Ramírez sufrieron adopción ilegal y reciben justicia casi 30 años después
En 1997, dos niños fueron separados de sus padres por parte de la PGN y otorgados en adopción “ilegal”, un caso que obtuvo sentencia de la Corte IDH y que ahora el Estado reconoce su responsabilidad.
Osmín Tobar Ramírez fue separado de sus padres cuando tenía 7 años y llevado a vivir con una familia de EE. UU. Ahora el Estado les ofrece una disculpa pública al aceptar responsabilidades en la violación de sus derechos. (Foto Prensa Libre: EFE)
El 9 de enero de 1997, Osmín Tobar Ramírez, de 7 años, y su hermano Jeffrey Arias Ramírez, de año y medio, fueron separados de su familia por la Procuraduría General de la Nación (PGN) e internados en una casa hogar de la Asociación Los Niños de Guatemala, pues una denuncia anónima alertó a las autoridades de que los menores estaban en condición de abandono. Se trataba de un caso de adopciones ilegales, por el cual, 27 años después el Estado aceptó la responsabilidad.
Para ese entones, Guatemala se había convertido en el tercer país del mundo en dar niños en adopciones internacionales, seguido por Rusia y China, según revelaron este viernes 12 de julio representantes de organizaciones que le dieron acompañamiento a la familia Tobar Ramírez, que añadieron que, incluso, los menores eran vendidos por sumas que iban desde los US$12 mil hasta US$80 mil.
La supuesta denuncia alertaba que los niños habrían sido abandonados por su madre, Flor de María Ramírez Escobar, quien al día siguiente de la separación compareció ante el juzgado respectivo, pero no le permitieron ver a sus hijos ni se le informó sobre su paradero y se inició el proceso de declaratoria de abandono.
Así empezó la odisea de la familia Ramírez que, en 1998 se enteró que sus dos hijos habían sido adoptados por familias de EE. UU., pero la lucha por encontrar justicia los llevó a tocar puertas de organizaciones que finalmente llevaron el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado de Guatemala a reconocer responsabilidades y ofrecer una disculpa publica a los afectados, un acto que se celebró este viernes 12 de julio en el Palacio Nacional de la Cultura.
Leonel Asdrúbal Dubón, director del Refugio de la Niñez, señaló que en este caso se habla de casi 30 años de lucha por la justicia y que es un paso trascendental en “una batalla inclaudicable contra el monstruo de la impunidad”, al referirse a las adopciones ilegales que se dieron durante décadas en Guatemala.
Agregó que el reconocimiento de responsabilidad del Estado llega después de casi 20 años de una “sistemática negativa del mismo Estado que por muchos años no quiso reconocer lo ocurrido a las víctimas y de no garantizar los mecanismos para la restitución de sus derechos”.
“Esta es una historia de la vida real (…) una historia en la que el Organismo Judicial a través de los entonces denominados juzgados de menores y la misma Procuraduría General de la Nación le negaron los derechos básicos, como el derecho a la defensa, el derecho a la familia, el acceso a la justicia y al ejercicio de las garantías judiciales, criminalizando su pobreza y obstaculizando cualquier intento de su parte para mostrarse como un recurso familiar para sus hijos”, detalló
Añadió que “esta historia desgarradora nos debe dar una lección como sociedad, y una lección profunda de lo que no puede volver a suceder en Guatemala”, porque, a su criterio, “ningún padre debe tener miedo de perder a sus hijos y ningún hijo debiera ser separado de sus padres y de su familia biológica, sobre todo cuando no existen razones injustificables”.
“Nadie más debe vivir estos horrores que el mismo Estado le provocó a esta familia, donde las instituciones estatales le arrebataron a sus hijos, los separaron y trastocaron toda su estructura familiar dañando su psiquis y sus entrañas desde lo más profundo”, reiteró.
Dubón agregó antes y después de que se supiera de la salida “ilegal” de los niños de Guatemala, a finales de 1998, rumbo a EE. UU., “ya sabíamos que el caso de Osmín y su hermano no eran casos aislados, que muchos niños en el país fueron robados y separados de sus propias familias en el perverso negocio de las adopciones ilegales”.
Agregó que, durante unos 30 años, entre 1977 y 2008, se estima que en Guatemala hubo más de 30 mil adopciones internacionales de forma irregular, muchas de las cuales no han sido resueltas.
“Fue así como Guatemala en esa etapa se convirtió en un paraíso de las adopciones irregulares, que vincularon a funcionarios públicos de todos nivel, a notarios y profesionales de las Ciencias Médicas, y todo esto coincidió con los años más álgidos del conflicto armado interno que asoló al país entre 1960 y 1996”, refirió Dubón.
Agregó que, en 1990, Guatemala era el tercer país a escala mundial que daba a niños y niñas en adopción ilegal, solo superado por Rusia y China, países con un número de población mucho más alto que el de Guatemala.
Por su parte, Marcela Martino, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, dijo que no se deben olvidar estos casos para que no se repitan, porque el caso de los hermanos Escobar refleja la realidad de miles de guatemaltecos “robados, vendidos y dados en adopción anómalamente”, porque el Estado no los protegió.
Agregó que la Corte IDH en la sentencia de este caso probó que las adopciones ilegales en 1990 y 2000 “se convirtieron en un negocio lucrativo manejado por redes criminales y facilitado por una normativa permisiva con escaso y nulos controles y una corrupción rampante”
“Los niños y niños guatemaltecos eran vendidos por cifras que iban desde US$12 mil hasta US$80 mil por niño. En 1998 Guatemala fue considerado el primer país exportador de niños hacia EE. UU.”, dijo Martino.
En tanto, Flor de María Ramírez Escobar, madre de los niños que se dieron en adopción hace casi 30 años, recordó el camino que le tocó vivir a causa de la separación.
“Sufrí más por pensar en el dolor que mis hijos estaban viviendo al irse con otra familia. Me quitaron el deseo de verlos crecer, de disfrutar su niñez, de estar con ellos en el estudio”, comentó Ramírez.
Agregó: “He luchado y no descansé hasta ver que se hiciera justicia. Hoy pido que ya no haya más adopciones ilegales”.
Gustavo Tobar Fajardo, padre de los jóvenes, señaló que “luché por más de 20 años buscando justicia. En esta gran carrera de la impunidad sembramos una semilla. A pesar de haber denunciado esto públicamente recibí amenazas e intentaron matarme (…) y me demandaron por injurias, calumnias y difamación y sencillamente yo reclamaba el derecho de padre que me negaron”.
Osmin Tobar Ramírez, con dificultad para habla por no dominar el español a la perfección, dijo que es “un nuevo día nacional contra las elecciones ilegales” y que gracias a la lucha de sus padres se llegó a este día.
Destacó la valentía de sus padres para luchar contra un sistema corrupto y recordó que su viaje empezó en las “sombras” porque cayó en la adicción al alcohol y las drogas, pues lo veía como su único refugio para sobreponerse a la realidad que le tocó enfrentar.
Agregó que perdió su identidad y su lengua materna en una tierra que no era la suya.
Oswaldo Samayoa, director de la Comisión Presidencia de Derechos Humanos (Copadeh), afirmó el Estado de Guatemala reconoce que violó los derechos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la prohibición de injerencia arbitraria en la vida familiar, garantías judiciales y el derecho a la protección de la familia en perjuicio de los Tobar Ramírez.
Además, reconoce que el Estado de Guatemala violó la protección judicial y las garantías judiciales en plazo razonable. También reconoce que violó los derechos a la prohibición de discriminación.
El Estado de Guatemala también violó la falta de investigación en el proceso de separación de la familia Ramírez y las adopciones internacionales. El Estado además violó el derecho a la libertad personal, el derecho a la identidad, derecho al nombre y el derecho a la integridad personal.
El acuerdo de la Copadeh establece que el Estado debe ofrecer las disculpas públicas hacia las personas afectadas.
El presidente Arévalo por su parte señaló que el camino a la verdad comienza con el reconocimiento del error y que “nos lastima a los guatemaltecos que nuestra historia, la separación injustificada, involuntaria y forzada de niños, niñas y adolescentes de sus familias haya sido consentida e incluso facilitada por el Estado”.
Agregó que romper el ciclo de las condiciones que hicieron posible que se diera hechos como este “es una tarea diaria que requiere reconocer, reparar y reconducir las acciones de las instituciones para garantizar que estos actos no se puedan repetir nunca, pero son también necesarios para reconciliar a la sociedad de cara a un futuro libre de violaciones a los derechos humanos”.
En 2018, la Corte IDH declaró responsable al Estado de Guatemala por propiciar la adopción ilegal de Tobar, quien tuvo que vivir bajo otra identidad hasta los 21 años en Estados Unidos, país al que nunca logró adaptarse debido a las diferencias culturales, según asegura.
Entre los compromisos que la Corte IDH pide a Guatemala para reparar a la familia de Tobar, se incluye esta disculpa pública y también busca que se haga justicia contra todos los actores implicados en el crimen.
Durante el conflicto armado interno de Guatemala, entre 1960 y 1996, unos 35 mil niños, mayoritariamente de poblaciones indígenas, fueron robados y dados en adopción ilegal a países como Bélgica y Canadá, de acuerdo con organizaciones sociales.
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