Su discurso fue con motivo de la audiencia titulada “Diplomacia cibernética de Estados Unidos, en una era de amenazas cada vez mayores”.
La congresista citó el reporte de la Libertad en la Web 2017, de Freedom House, en el que se indica que los gobiernos alrededor del mundo han incrementado dramáticamente los esfuerzos para manipular información en las redes sociales.
“Lo hemos visto en nuestro propio hemisferio, en Guatemala, por ejemplo, hay ejércitos de trolls -críticos- pagados que de hecho están trabajando para desacreditar la lucha contra la corrupción en el país.”, enfatizó.
Torres aclaró que desconoce si estos trolls están ligados con el gobierno, y aclaró que son llamados net centers.
“Están trabajando para minar el trabajo que estamos haciendo en ese país, y tenemos una asistencia significativa estadounidense en ese país, en el Triángulo Norte de Centroamérica”, añadió.
La congresista cuestionó a los integrantes del Comité sobre la manera en que se puede obtener información acerca de los net centers, “y otros pagados”. “¿Cómo averiguamos quiénes les pagan y cómo contrarrestamos esos esfuerzos?.
Agencias de inteligencia
La respuesta de los miembros del Comité a Torres, fue que EE. UU. tiene alrededor el mundo una serie de “subvenciones” para promover la libertad en internet y proteger la seguridad cibernética.
“Hay un acuerdo de libertad, que los EE. UU. fue un miembro fundador y muchos Estados alrededor del mundo que valoran la libertad y hacen frente a estos problemas y llegan a muy buenas políticas sobre estos temas”, respondieron.
Momentos difíciles
La intervención de Torres se dio el mismo día en que se reveló un documento de la Cancillería en el que se evidencian las “preocupaciones” que Guatemala le planteó a la ONU sobre la comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el comisionado Iván Velásquez.
El escrito registra declaraciones de la ministra del exterior, Sandra Jovel, quien solicitó el cambio de Velásquez y apeló por “compensaciones a las víctimas” de supuesta violación a los procesos.
Entre las quejas estuvo la presunción de inocencia y el “uso excesivo de la prisión preventiva”.
El presidente Jimmy Morales ordenó la expulsión de Velásquez en agosto de 2017, pero no tuvo efecto por un amparo de la Corte de Constitucionalidad. Días después, Morales se pronunció en la Asamblea General de la ONU y pidió una revisión del mandato de la Cicig.
