El pasado miércoles, Alejos Cámbara aceptó los cargos que el MP le imputaba por su implicación en el caso de corrupción Negociantes de la Salud, una trama para favorecer a empresas con la compra de medicamentos por parte del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), algunos de los cuales, según la investigación de la Fiscalía, eran sometidos a modificaciones irregulares.
Ese día, los jueces del Tribunal Undécimo de Sentencia Penal no dictaron sentencia contra Alejos y otros cuatro sindicados que, al igual que él, se declararon culpables de haber hecho negociaciones fraudulentas para beneficiar a farmacéuticas en la compra de medicamentos por parte del Seguro Social.
Este viernes se informó que la sentencia se dictará el 9 de junio próximo en el mismo tribunal.
EN ESTE MOMENTO
Alejos Cámbara, quien fue secretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, aceptó los cargos por tráfico de influencias, asociación ilícita y cohecho activo de manera continuada.
También aceptaron cargos los sindicados Alejandro Enrique Toledo Paz, exdirector del Hospital Roosevelt, quien fue procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo, y Juan Pablo Muralles Morán, empresario del sector salud, procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho pasivo.
Además, se declararon culpables José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante de una empresa farmacéutica, acusado de asociación ilícita y tráfico de influencias y César Estuardo Hernández Monroy, quien fungía como médico del IGSS, quien fue procesado por asociación ilícita y cohecho pasivo.
El caso
Según la investigación del MP, la organización criminal señalada en el caso Negociantes de la Salud utilizó diferentes mecanismos ilícitos, entre los cuales se destacan modificaciones irregulares de medicamentos básicos, pagos por inclusiones y exclusiones de la lista básica de medicinas, así como generación injustificada en el consumo de medicamentos.
Todo eso con el fin de promover la compra a los proveedores de la organización criminal, hasta el punto de que el Seguro Social se abasteció de medicinas para 13 años, cuando la vigencia de algunos productos era solo de dos.
Según el MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Alejos Cambara, junto a Alejandro Enrique Toledo Paz y Juan Pablo Muralles Morán, también operadores y proveedores del IGSS, se encargaban de procurar la venta de un producto o servicio e incidían en el consumo de este para favorecer a sus empresas o la de otros proveedores a cambio de comisiones.
Alejos Cambara es considerado uno de los tres operadores principales de la estructura.
