Narcotráfico en Guatemala: déjà vu de rutas y métodos, pero con mucha más cocaína

El alcaloide fue encontrado en un doble fondo de la lancha, cuando era inspeccionada en la Base Naval del Pacífico, Escuintla, a donde había sido trasladada.

De lo que nadie se percató es que San Andrés Villa Seca era uno de los puntos de trasiego que Ovaldino y Eliú Lorenzana Cordón, y Otto Roberto Herrera García usaban hace casi 20 años, según el expediente de los tres en una corte de Washington, D.C., Estados Unidos. La coincidencia demostraba algo: poco ha cambiado desde entonces, salvo los protagonistas y las cantidades traficadas.

Retalhuleu era una de esas rutas recicladas. Las señales comenzaron hace algunos años. Unas, sutiles; otras, no tanto. De 2014 la PNC solo registra el decomiso de 0.01 gramos de cocaína en ese departamento, aunque publicaciones de prensa documentan la captura del colombiano Wilber Suárez Montaño —nacionalizado costarricense— cuando hacía una transacción de 400 kilos de cocaína para enviarlos a México, un cargamento que no aparece contabilizado en las cifras de incautación de 2014 que proporcionó la Unidad de Información Pública (UIP) del Ministerio de Gobernación (Mingob). En 2015 la PNC registra el decomiso de 10 kilos —aunque en todo el país se incautaron seis toneladas—, pero también el de US$107,800, la segunda cantidad más grande en esa moneda decomisada por departamento ese año, después de Guatemala.

Luego, en marzo de 2017, una denuncia anónima alertó a las autoridades acerca de una camioneta agrícola con estupefacientes abandonada en un centro comercial, en el kilómetro 180.5, carretera a la cabecera de Retalhuleu. La PNC encontró 49 paquetes dentro del vehículo y en todo el año registraría la incautación de 237 kilos en ese departamento.

Para 2018, los registros de decomisos en esa región se habían vuelto casi a cero cuando en septiembre la Policía descubrió algo peculiar. Primero, una ambulancia estacionada en la carretera, en el kilómetro 60 de la ruta al suroccidente, en Escuintla. Los agentes pensaron que se había averiado, pero cuando se acercaron a ofrecer ayuda descubrieron que adentro había cinco paquetes de aluminio con cocaína. Cada uno pesaba menos de un kilo. En el lugar fueron capturadas cuatro personas, incluyendo un empleado del Ministerio de Salud. El hallazgo no fue en Retalhuleu, pero la ambulancia estaba asignada al centro de Salud de Nuevo San Carlos, de ese departamento. Era, a todas luces, una fachada para una operación de narcomenudeo, un efecto colateral en las rutas de trasiego de grandes cantidades, según el segundo jefe de la Fiscalía de Narcoactividad, Allan Ajiatas, y Retalhuleu, como Escuintla, cumplía el requisito.En el 2018, la PNC no había registrado la incautación de cocaína en Retalhuleu hasta que descubrió la droga oculta en la lancha que apareció —aparentemente— abandonada, en San Andrés Villa Seca.

Según Mario Mérida, exviceministro de Gobernación, algunas rutas y métodos perduran porque prevalecen ciertas condiciones que facilitan el trasiego, como ausencia o débil presencia del Estado en ciertas zonas. “En Retalhuleu, la presencia es mínima”, afirma. Eso explica mucho.

¿Por qué? El fiscal de Narcoactividad, Gerson Alegría, dice que varios grupos reciben la droga en la Costa Sur y la trasladan a otras partes del país. “Trafican en todo el litoral del Pacífico, en puntos muertos —ciegos, o sin vigilancia— en San Marcos, Retalhuleu, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa”. El Reporte Internacional de Estrategia para el Control de Narcóticos, del Departamento de Estado de EE. UU., publicado en marzo pasado señala que la mayoría de la cocaína es enviada desde Sudamérica a ese país, y llega por las vías marítima y aérea a la costa del Pacífico de Guatemala, que colinda con México. El reporte agrega que la ausencia permanente de las autoridades en muchas áreas del país permite otras formas de crimen transnacional, además del narcotráfico.

Ir a parte II

Informes de Estados Unidos estiman que el trasiego de cocaína vía Guatemala aumentó un 400% desde 2009

Coincidentemente, el citado informe se divulgó el mismo mes en que el equipo de investigación que dirigía la Fiscalía de Casos Especiales y que investigó casos como el de Eduardo Villatoro Cano, alias Guayo Cano —responsable de la masacre de policías en Salcajá, en 2013—, el Banco de Comercio y Cambray 2, se hizo cargo de la Fiscalía de Narcoactividad. “El equipo tiene la experiencia de ver los casos en su conjunto, de manera integral —especialmente en conexión con otros delitos— y no solo desde la perspectiva narco”, dice Ajiatas, quien integra el equipo trasladado.

Cinco meses después, la operación antinarcótica internacional Arpón de Neptuno llevó a la captura de 23 personas —incluyendo cuatro guatemaltecos— que traficaban cocaína desde Colombia, Ecuador y Costa Rica hasta Guatemala y México. En Guatemala enviaban la droga desde Esquipulas, Chiquimula, hasta la capital, y luego a San Marcos —una de las rutas claves—.

En 2017, el MP señalaba que Chiquimula era el punto principal de ingreso terrestre de cocaína al país, pero ese año la PNC incautó menos de un gramo en ese departamento. El MP lo atribuía a la corrupción y a que era más una zona de paso. En 2018, el fiscal Alegría dijo que ese departamento todavía era uno de los principales puntos de ingreso terrestre de la cocaína. Lo evidenció la operación Arpón de Neptuno de agosto pasado. No obstante, Alegría agregó que la droga también llega vía Izabal y es llevada a Petén, o bien ingresada por Petén y es trasladada a Zacapa, lo que explica por qué la mayoría de incautaciones ocurren en esos departamentos —después de Escuintla—. Solo el 17 de diciembre pasado, las autoridades incautaron 5.6 toneladas en aguas del Pacífico, de las 16.8 decomisadas en todo el año.

La estrategia

Datos de la PNC revelan que al menos la mitad de las incautaciones ocurren en Escuintla, desde hace cinco años —en parte, porque la droga incautada en aguas guatemaltecas es llevada a la Base Naval del Pacífico, en ese departamento—; le sigue Izabal y, con porcentajes menores, Zacapa y Petén. En 2017, el entonces viceministro Antinarcóticos, Óscar Dávila Mejicanos, decía que el lugar de las incautaciones no era un indicativo exacto de las rutas. No obstante, lo es de los sitios de almacenaje o entrega de la droga y, tal vez, hasta de señuelos.

Mérida, quien también fue director de Inteligencia Militar, cuestiona el interés atrás de las denuncias anónimas —como la que permitió encontrar el cargamento de 49 paquetes de cocaína en Retalhuleu, el año pasado. “¿Cómo puedo saber si la denuncia no es un distractor y que mientras se está incautando la droga denunciada anónimamente no está pasando por otro lado un cargamento mayor?”, pregunta el analista. “En la Dirección de Inteligencia, cuando se recibía una denuncia anónima —en los años 1990, cuando el Negociado de Contrainteligencia investigaba los casos grandes de narcotráfico—, se investigaba el origen de la denuncia, precisamente para establecer si no era un distractor”. Por ello, este coronel retirado cuestiona la competencia profesional de los funcionarios a cargo de la prevención y la investigación.

En 2017, la Fiscalía de Narcoactividad señalaba que tenía equipos de investigación PNC-MP armados para cada caso. Sin embargo, Ajiatas afirma que “usaban la evidencia para armar los casos por flagrancia” y no con base en una estrategia, al menos en narcomenudeo, que era el 70 por ciento de los casos investigados —el 30 por ciento restante eran de narcotráfico—. El año pasado, el número de capturados por narcotráfico, además, equivalía al 3 por ciento de los detenidos por narcomenudeo, según datos de la PNC. “No había estrategia para establecer de dónde salía la droga”, señala el subjefe de la Fiscalía.

José Olazábal, exfuncionario del MP y viceministro Antinarcóticos en el Mingob desde marzo de 2018, asegura que aplican una investigación criminal estratégica contra organizaciones criminales, y la gerencia de procesos de investigación criminal, entre otras herramientas en la legislación guatemalteca.

Sombra de corrupción

Pero hay otros factores en juego. Según Vigil, no se trata solo de rutas sin presencia de autoridades. “El narcotráfico, sin la corrupción, no puede funcionar”, dice el ex agente de la DEA. En 2017, fuentes del MP señalaron que tenían una estrecha colaboración con el Mingob, pero que la corrupción policial era un problema persistente porque el narcotráfico y el narcomenudeo tienen contactos que filtran información desde comisarías y subestaciones.

Este año, lo repite el actual jefe de la Fiscalía de Narcoactividad. “La corrupción en las comisarías y subestaciones ha causado tropiezos en las investigaciones”, dice Alegría, quien afirma que también les ocurrió cuando estaban en la Fiscalía de Casos Especiales, como en el caso de Guayo Cano. Citó otros ejemplos de agentes involucrados en casos de febrero pasado y en 2017. En el informe de marzo de 2018, el Departamento de Estado indica que “la corrupción endémica, instituciones públicas débiles, y presupuesto inadecuado siguen debilitando la lucha de Guatemala contra organizaciones criminales”, aunque reconoce que desde 2016 hay una mejor coordinación interinstitucional y regional.

Datos de la PNC y del MP indican que los policías procesados por corrupción relacionada con drogas representan menos del 1% de la fuerza policial. También muestran que el número de procesados y condenados aumentó desde 2016, un dato que Dávila atribuía al avance de las investigaciones conjuntas con el MP. El exfuncionario dijo en marzo pasado que el acompañamiento de la Inspectoría General de la PNC, en los grandes decomisos, había hecho una diferencia para reducir la corrupción.

Hace 20 años, la relación entre corrupción y el narcotráfico también era un hecho. En el juicio contra los Lorenzana Cordón, en Washington, D.C., Estados Unidos, en 2016, un expolicía declaró que el 19 de febrero de 1999 estaba entre los agentes del entonces Departamento de Operaciones Antinarcóticas (Doan), de la PNC, que viajaron a Retalhuleu para esperar la orden para montar un operativo. Ese día, el agente de la DEA Daniel Moren y la PNC siguieron hasta Retalhuleu a un socio de los Lorenzana y Herrera. Cuando lo abordaron con preguntas a quemarropa, el tipo se desmoronó y les dijo dónde almacenaban la cocaína que habían descargado ese mismo día: 1,200 kilos enviados desde Colombia, según lo reveló Moren en el juicio.

Los agentes del Doan estuvieron en guardia toda la noche. Al día siguiente, al amanecer, les ordenaron llegar hasta una bodega en La Máquina, Centro 2, en el municipio de San Andrés Villa Seca. En el lugar ubicaron a cinco sujetos intentando huir en un camión y un picop. Dos de ellos eran los hermanos Lorenzana Cordón. Entre los demás había otros dos guatemaltecos y un colombiano de apellido Benavides. De la cocaína no había ni señas. La habían movido en la noche, pese a la vigilancia. Les ayudó, claro, que la ley impide hacer cateos en inmuebles entre las seis de la tarde y las seis de la mañana. Sin embargo, no todo estaba perdido. La Policía encontró un fusil M16 y un Galil ocultos en el camión, y dos M16, en el picop. Como los portaban ilegalmente, los cinco sujetos acabaron capturados, aunque no por mucho tiempo.

Un sujeto solo identificado como Testigo 3 declaró en EE. UU. —respecto al mismo caso— que Waldemar Lorenzana Lima, padre de los Lorenzana Cordón, se marchó hacia la comisaría donde sus hijos estaban detenidos, cargando consigo un bulto de US$40 mil —unos Q240 mil por el tipo de cambio en esa época—. En asunto de días, Eliú y Ovaldino Lorenzana Cordón salieron libres.

Un año después del operativo, el detective del antiguo Doan —hoy Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica, (SGAIA)— y otros agentes policiales fueron a una audiencia judicial en Retalhuleu para declarar en el caso. Pero no para devolver a los Lorenzana Cordón a la cárcel, sino porque ellos —los policías— estaban acusados de violar los derechos humanos de los detenidos. Al final, el caso se desestimó. Desde entonces, pasaron más de diez años antes que la PNC capturara al padre y recapturara a Eliú Lorenzana Cordón —en 2011—, y luego capturara a su hermano Waldemar, en 2013. Esta vez, porque EE. UU. los requería con fines de extradición. Para 2015, los tres ya estaban extraditados. Ovaldino permanece libre.

Después del operativo de febrero de 1999, los Lorenzana Cordón y Herrera siguieron recibiendo cocaína colombiana, según el expediente en EE. UU. La almacenaban o vendían a socios de la estructura que se convertiría en el Cartel de Sinaloa, pero que no estaba consolidado aún porque su futuro líder, Joaquín el Chapo Guzmán, permanecía encarcelado —se fugaría hasta dos años después—.

Testimonio de Herrera

Herrera era una bisagra entre los productores colombianos y los compradores mexicanos. Administraba una red de almacenaje y transporte de la droga vía Centroamérica. En Guatemala, los Lorenzana eran el eslabón principal. Sin embargo, el fiasco en Retalhuleu bastó a Herrera para cambiar el lugar de desembarque de la droga de Guatemala a El Salvador, según lo declaró en EE. UU. Desde la costa sur salvadoreña, transportistas organizados por el ex diputado salvadoreño William Eliú Martínez —detenido en 2003 y condenado a 29 años de cárcel en EE. UU.— llevaban la cocaína hasta Zacapa. Los Lorenzana Cordón y Herrera esperaban los camiones en la frontera en Chiquimula, y los custodiaban hasta la zona de almacenaje en La Reforma. Luego, enviaban la droga a San Marcos o Huehuetenango.

El episodio de San Andrés Villa Seca, hace casi 20 años, hubiera quedado en el olvido a no ser porque Herrera lo relató en el juicio contra los hermanos Lorenzana Cordón, en 2016, en EE. UU. Dos años después, la corte los condenó a cadena perpetua por conspirar para importar cocaína a EE. UU. Herrera declaró contra los Lorenzana en el juicio, como lo ha hecho contra otros acusados, para conservar su libertad condicional en ese país. Debía haber salido de la cárcel en 2017, después de haber recibido una sentencia mínima de 10 años, pero se halló libre en 2013, seis años después de ser capturado y extraditado desde Colombia.

Ahora, la declaración de Herrera contra los Lorenzana no es cualquier cosa. El episodio en San Andrés Villa Seca, en 1999, es parte de una de las etapas en la trayectoria de Guzmán que la Fiscalía de Brooklyn, Nueva York, quiere ventilar en el juicio en su contra, que comenzó el pasado 13 de noviembre.

La Fiscalía quiere demostrar que Guzmán era tan poderoso que siguió dirigiendo el trasiego de droga desde la cárcel entre 1993 y 2001, cuando se fugó del penal Puente Grande, en Jalisco, México. Y esa era una empresa en la que Herrera y los Lorenzana fueron claves. Guzmán admitió, según la Fiscalía de Brooklyn, que no era difícil traficar desde la cárcel dado el nivel de corrupción en el penal. Es la misma razón por la que Herrera, capturado en México en 2004, logró fugarse un año después, y no reapareció hasta su captura en Colombia en 2007. Todavía se desconoce si Herrera figura entre los testigos en el juicio contra el Chapo, capturado en enero de 2016 en México, dos meses antes de que Herrera declarara contra los Lorenzana, y extraditado un año después.