El funcionario aseguró que se debe fortalecer el trabajo de las fiscalías en los 340 municipios del país, así como dotar a todas las agencias del recurso humano y financiero para mejorar la gestión de casos y fortalecer la persecución penal.
¿Qué lo motivó a postularse al cargo de fiscal general y jefe del Ministerio Público?
Tengo 18 años de trabajar para la institución. Comencé a desempeñar el puesto más bajo de la carrera fiscal, que es el de auxiliar fiscal 1. Lo hice por espacio de cinco años en la Fiscalía Municipal de Santa Eulalia, Huehuetenango. Posterior a ello, he tenido varios ascensos dentro de la institución, hasta el puesto que actualmente estoy desempeñando, que es el de fiscal de sección adjunto.
Durante todo ese recorrido me he podido dar cuenta de todo el trabajo que se realiza en la institución, y me gusta. Me he preparado, considero lo suficientemente para desarrollar el trabajo de la mejor manera en cada posición en la que he estado. Por lo tanto, me he dado cuenta de que existen formas para poder mejorar el trabajo de las diferentes dependencias de la institución para que se obtengan los mejores resultados.
En este momento, cuento con la suficiente preparación y experiencia para poder desenvolverme de la mejor manera y realizar el mejor trabajo que la población requiere del Ministerio Público.
¿Cuáles deberían ser las estrategias para descongestionar el sistema judicial?
Se necesita implementar y fortalecer el trabajo que actualmente se realiza en cada uno de los 340 municipios que integran el país. Si bien es cierto que se ha descentralizado la función del MP a nivel nacional, en las agencias municipales no solo no se cuenta con los recursos humanos necesarios, sino que hacen falta los recursos económicos para poder implementar el trabajo.
Aparte de eso, para descongestionar el sistema judicial, es fundamental que exista una representación del Instituto de la Defensa Pública Penal y que se articulen los esfuerzos necesarios con otras instituciones del sector. Hablo de las instituciones del Ministerio Público, del Instituto de la Defensa Publica Penal y del Organismo Judicial.
Esto, para que no ocurra lo que hasta ahora sucede en muchas sedes del MP, en donde únicamente se están dedicando a recibir denuncias de la población y a realizar acciones de puro trámite que en nada beneficia para descongestionar esa gran cantidad de trabajo que existe.
¿En qué aspecto considera usted que debería fortalecerse o mejorarse el modelo de gestión integral de casos?
Ese modelo viene siendo similar a un modelo que existía anteriormente. Le hablo de hace 12 o 10 años, aproximadamente; solo que anteriormente no se le denominaba con ese nombre, y que ahora es el GIC, que considero un modelo muy bueno.
Yo lo he propuesto en mi plan de trabajo, tal vez no con ese nombre de gestión integral de casos, porque aún no se ha implementado en todas las fiscalías a nivel nacional. Se implementaron algunos planes piloto, de tal cuenta que se probaron los resultados. Ahora se debe implementar a nivel nacional.
Se debe hacer una reingeniería, de tal cuenta que sean los mismos los que inician el expediente, desde el escenario criminal hasta hacer los planteamientos correspondientes ante los tribunales.
¿Cómo evitaría usted la inclinación en beneficio hacia partidos políticos, agrupaciones o personas en el ejercicio de la acción penal pública por parte de los funcionarios de la institución?
Cada unidad, cada fiscalía, tiene su propia responsabilidad y, por lo tanto, cada quien debe hacer cumplir la ley. No podemos inclinarnos a decir qué posición vamos a asumir ante los partidos políticos, porque tenemos que actuar de igual manera a nivel nacional, y no solo en cuanto a delitos que pudieran cometer los que representan a las organizaciones políticas.
¿Cómo asegura usted que sus acciones están impregnadas de objetividad, imparcialidad y se ajustan a la ley y tratados internacionales ratificados por Guatemala?
Desde que uno inicia la investigación en un caso determinado, uno debe actuar con responsabilidad.
De acuerdo con la investigación que se realice, así se harán los planteamientos ante los tribunales. Vamos a hacer las cosas de acuerdo con la ley, según nuestro ordenamiento jurídico interno y también según los tratados y convenios internacionales que han sido ratificados por Guatemala, principalmente los que tienen relación con los derechos humanos.
¿Describa las iniciativas estratégicas que deberían llevarse a cabo en aras de cumplir los objetivos institucionales, y el mandato constitucional y legal?
Si únicamente se refiere a la política criminal de la institución, considero que para poder realizar el trabajo como corresponde se necesitan realizar esfuerzos articulados y conjuntos con las demás instituciones del sector justicia. Esto para que todos vayamos encaminados a obtener los resultados que se buscan. Se trata de que cada quien haga lo que la ley y sus funciones le permite.
¿Qué considera que sería lo más relevante para el jefe del Ministerio Público y fiscal general al momento de expresarse en público?
El fiscal general que sea electo debe dar confianza a la población, debe ser transparente en su actuar y debe demostrar que efectivamente sus acciones van encaminadas al cumplimiento de la ley.
